Defender a los trabajadores, la prioridad para un gobierno progresista

Era justo y era necesario acabar con ello. Los falsos autónomos son personas que trabajan en una situación de dependencia total y que deberían tener un contrato corriente, pero son obligados a darse de alta para pagar las cotizaciones sociales en el régimen de trabajadores autónomos, con una pérdida considerable de derechos, algo injusto.

Estos trabajadores pierden el derecho a tener vacaciones remuneradas, a poder darse de baja o a coger permisos, a las pagas extra o incluso a percibir una indemnización por despido.

Este Gobierno con Pedro Sánchez como Presidente, ha permitido aflorar a 50.000 autónomos en tres años, gracias al trabajo de la Inspección de Trabajo, fundamentalmente en el ámbito de las plataformas colaborativas, como Glovo, Uber Eats o Deliveroo.

Ello además ha supuesto atajar un fraude de 300 millones de euros a la Seguridad Social, una cifra que seguirá creciendo en los próximos meses conforme los inspectores vayan cerrando la tramitación de los expedientes. Son datos que figuran en una reciente respuesta parlamentaria.

Durante este trienio y a pesar de la pandemia, se han regularizando once veces más falsos autónomos que durante el último trienio de Rajoy. En 2017 se regularizaron 1.845 autónomos, frente a 1.103 en 2016 y 1.574 en 2015. No es lo mismo, no somos lo mismo.

¿A qué se debe que se hayan multiplicado por 11 los falsos autónomos regularizados? Pues a que con el actual Gobierno progresista se ha disparado el número de inspecciones laborales, en torno a un 43% más.

Rajoy no hizo nada contra el fraude de ley que suponía la situación de los falsos autónomos en el mercado laboral. Incluso una Resolución de la UE dio en 2016 un mandato a los Estados miembros pidiendo el refuerzo de las inspecciones de trabajo y de las sanciones, donde además se solicitaba la modificación de la legislación para no permitir que se siguiesen dando estas prácticas ilegales, pero el Gobierno de Rajoy miró para otro lado y no se preocupó por estos miles de trabajadores.

La situación cambia radicalmente con la la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, quien con Magdalena Valerio como titular de Trabajo y con el relevo de Díaz en la cartera desde 2020 se disparan las inspecciones.

Se trata de un formato extendido en algunas plataformas digitales, que tratan de disfrazar de economía colaborativa lo que son modelos de negocio con plantilla; pero también en sectores con menos tecnología, como la industria cárnica, cuyas empresas comenzaron hace dos años a admitir sus irregularidades tras la presión de los sindicatos y de los inspectores, y en otros ámbitos como el de la telefonía.

En el último trienio la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha actuado sobre miles de falsos autónomos en el conjunto del país, regularizando su situación en el Sistema de Seguridad Social, y donde se ha exigido a las empresas responsables el cumplimiento de sus obligaciones mediante la emisión de Actas de Liquidación al Régimen General de la Seguridad Social por las cuotas dejadas de ingresar en el momento oportuno.

Las pésimas condiciones laborales para estos miles de trabajadores ha dado un vuelco a mejor, la Inspección se ha activado y ha puesto en marcha la maquinaria con este Gobierno de progreso, y los tribunales están respaldando ese trabajo, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer.