EEUU emite una alerta sobre posibles ataques de terrorismo interior
Biden aprueba además su paquete de medidas contra la crisis climática, en su intento de revertir lo perdido con Trump.
Una semana después de que Joe Biden tomara posesión de su cargo y de que Washington fuera una ciudad blindada por la Guardia Nacional ante posibles disturbios tras el asalto al Capitolio por una turba incitada por Donald Trump, el Departamento de Seguridad Interior ha emitido este miércoles una alerta pública sobre el riesgo creciente de ataques por parte de “extremistas violentos motivados por la ideología” y la llegada al poder del presidente demócrata.
Para estos individuos, el hecho de que Biden esté en la Casa Blanca ha incrementado su sensación de injusticia alimentada por falsas narrativas.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) emite este tipo de advertencias a través de su sistema de Avisos de Terrorismo Nacional, pero hasta la fecha estas alarmas tenían que ver con la posibilidad y preocupación de ataques contra EEUU de un país extranjero o grupos radicales, pero nunca extremistas domésticos.
El Gobierno federal suele advertir a las policías locales por medio de boletines y avisos sobre las perspectivas de violencia vinculadas con alguna fecha o evento, como el 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra el Día de la Independencia.
Sin mencionar una amenaza en particular, el Departamento dijo que actualmente reina “un ambiente amenazador acentuado en todo Estados Unidos”, el cual cree que “persistirá” en las próximas semanas. DHS justifica la decisión de hacer público el aviso tras haber consultado con fuerzas policiales y agencias de inteligencia.
Otra de las diferencias que hace tan particular esta alerta es que introduce en el mensaje a la Administración de Biden a la hora de describir o caracterizar los actos por motivaciones ideológicas políticas. La alerta equipara de alguna manera la violencia con el fin de revertir la elección del demócrata como un hecho afín al terrorismo.
Ni la capital de la nación ni el resto del país se han recuperado todavía del ataque contra el templo de la democracia norteamericana sucedido el pasado día 6 de enero cuando una turba alentada por el entonces todavía presidente Donald Trump protagonizó al asalto en Capitolio de Washington mientras se certificaban los votos que daban como ganador de los comicios de noviembre a Joe Biden, algo que el propio exmandatario y el trumpismo se negaban a aceptar. Lo sucedido aquel trágico día, que provocó cinco muertos, desembocó en el segundo impeachment contra el republicano.
DHS también menciona en su comunicado alborotos violentos en “días pasados recientes”, en aparente alusión a ciertos sucesos ocurridos en Portland (Oregón), vinculados con grupos anarquistas.
Giro ante la emergencia climática... y algún olvido
El aviso ante estos ataques factibles se produjo en el mismo día en que Biden lanzó un plan ambicioso contra la crisis climática, que entre otras medidas suspende las concesiones de petróleo y gas natural en terrenos federales, aunque advirtió que no va a prohibir el método de extracción conocido como fracturación hidráulica o fracking.
En un discurso en la Casa Blanca, Biden dijo que la orden ejecutiva que firmó hoy contiene una serie de propuestas para “afrontar el peligro existencial del cambio climático”. “En mi opinión -siguió-, ya hemos esperado demasiado para abordar la crisis climática. No podemos esperar más. La vemos con nuestros propios ojos, la sentimos”.
La iniciativa incluye revisar las prácticas para otorgar permisos en el sector energético y las concesiones “relacionadas con los combustibles fósiles” ya existentes en territorios federales.
En un intento por aplacar la críticas del sector energético, Biden puntualizó: “Déjenme aclarar, sé que siempre sale, no vamos a prohibir el fracking, protegeremos los trabajos y los trabajos crecerán, incluyendo estándares más fuertes como controles a las filtraciones de metano”. La fracturación hidráulica es un asunto que fue central durante la pasada campaña electoral en estados clave como Pensilvania, donde este método de extracción de gas natural es utilizado en manera amplia. Pese aclarar que no iba a prohibir el fracking, las críticas del sector ya han comenzado a arreciar.
Lo que dicen los petroleros
El director ejecutivo del Instituto de Petróleo Estadounidense (API, en inglés), Mike Sommers, dijo hoy en una llamada con periodistas que, pese a compartir con Biden el objetivo de luchar contra el cambio climático, la orden ejecutiva “no es nada más que una política para importar más crudo, que debilitará el liderazgo energético de EEUU, entorpecerá la recuperación económica y socavará la seguridad nacional”.
Durante su alocución, Biden no paró de hacer hincapié en que este cambio de rumbo respecto a la anterior Administración de Trump, que “eligió a las grandes compañías petroleras por encima de los trabajadores”, creará nuevos empleos.
“A diferencia de Administraciones previas, no creo que el Gobierno federal deba dar apoyo financiero a las grandes petroleras con la suma de 40.000 millones de dólares en subsidios a los combustibles fósiles. Voy a ir al Congreso para pedir que se eliminen esos subsidios”, adelantó Biden.
Y destacó que sus nuevas políticas supondrá la creación de nuevos empleos.
“Vamos a tomar el dinero e invertir en trabajos con energía limpia en EEUU (...) -subrayó-. De hecho, la acción de hoy nos ayudará a aumentar la producción de energía renovable a partir de la energía eólica marina y a cumplir con nuestra obligación de ser buenos administradores de nuestras tierras públicas”.
Otro de los puntos que incluye su orden ejecutiva será lograr un sector energético libre de contaminación de carbono para 2035 y que el país prosiga en “un camino irreversible” hacia una economía de cero emisiones netas para 2050.
Para impulsar estos cambios, el texto recoge la creación de una oficina en la Casa Blanca de Política de Clima Doméstica, al frente de la que estará Gina McCarthy.
Al mismo tiempo, el presidente destacó que su orden ejecutiva pone la lucha contra el cambio climático en el centro de la política exterior y de seguridad nacional de EEUU, y explicó que con este fin ha designado al exsecretario de Estado John Kerry como enviado especial presidencial para el clima.
Cumbre en abril
En el marco de estos esfuerzos, el 22 de abril, cuando se celebra el Día de la Tierra, Biden acogerá una cumbre global sobre medioambiente, con lo que subrayará la vuelta de EEUU al esfuerzo internacional para reducir las emisiones de carbono.
Desde la campaña electoral, el demócrata dejó claro que una de sus prioridades sería el cambio climático, junto a la lucha contra la pandemia, la recuperación económica y las desigualdades sociales.
De hecho, el mismo día de su investidura, Biden ordenó el regreso de EEUU al Acuerdo del Clima de París, del que Trump había retirado al país previamente.
Casi al mismo tiempo que Biden hablaba, su elegida para dirigir el Departamento de Energía, Jennifer Granholm, comparecía ante un comité del Senado, donde algunos legisladores le lanzaron duras cuestiones sobre el impacto en el mercado laboral de las políticas de Biden frente a la crisis climática.
La senadora republicana de Misisipi Cindy Hyde-Smith expresó su inquietud de que se pierdan trabajos debido a la decisión de Biden de suspender las concesiones de petróleo y gas natural en terrenos públicos, a lo que Granholm respondió que la medida “es potencial y no se aplica sobre aquellos que ya están operando”.
Biden se ha propuesto dar un giro de 180 grados a las políticas de Trump, quien llegó a poner en cuestión la existencia del cambio climático y otros hechos científicos, y con ese fin la Casa Blanca anunció que restablecerá el Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología y firmará un memorando sobre “integridad científica”, que aclaró que “protegerá a los científicos de la interferencia política”.
Además, el nuevo mandatario también ha ordenado revisar más de un centenar de medidas de su antecesor, destinadas a desregular varios sectores y que afectaron a las políticas medioambientales impuestas sobre todo durante el Gobierno de Barak Obama (2009-2017), del que Biden fue vicepresidente.
