El éxito de la vacunación y la urgencia de la solidaridad, frente al ruido

Aunque nuestro nivel de vacunación es de los más altos del mundo y el rechazo a vacunarse muy minoritario -apenas de un 3% de la población española en la actualidad- en contraste con el principio de la pandemia en que entre negacionistas y escépticos superaban el 30%, como en tantos otros aspectos de la pandemia, en España no hemos dudado en sumarnos de nuevo a otro debate maniqueo, aunque en base a un problema que nosotros hoy por hoy no tenemos, una polémica importada de otros países europeos que gira está vez en torno la obligatoriedad o no de las vacunas.

Antes, nuestros debates fueron sobre los esporádicos efectos adversos de las vacunas de AstraZeneca y de Janssen, luego sobre la necesidad o no de la combinación de la segunda dosis con Pfizer, que en España se intentó objetivar en base  un estudio del Instituto Carlos III, pero que finalmente fue fiable para The Lancet y para los gobiernos de la mayor parte de Europa y Canadá, pero no para España que lo convertimos, como casi todo en esta pandemia, en materia de polarización entre expertos, administraciones y medios de información, para mayor confusión de los ciudadanos.

Es lo que tiene el clima populista, prima la polarización ante cualquier duda o incertidumbre y los debates no se resuelven con aproximaciones ni acuerdos, sino con descalificaciones. Pero a pesar de ello, el fuerte ritmo de la vacunación en los grupos de edad concernidos no se ha visto alterada, si acaso la ya tradicional escasa confianza en el gobierno. La maquinaria de la sanidad pública y más en particular de la atención primaria y de la enfermería han funcionado, a pesar de los recortes y el estrés de la pandemia, como un reloj suizo, incluso para los círculos políticos de la derecha salvo en los territorios como Madrid, donde cualquier ruido se convierte en estruendo.

El principal problema sigue siendo que para controlar la pandemia necesitamos que las vacunas que hoy acaparamos de forma escandalosa los países desarrollados, se distribuyan de una vez a los empobrecidos que hoy sufren el rebrote de la pandemia, como ocurre con el continente africano, para cumplir con el objetivo de vacunar al cuarenta por ciento antes del final de año.

Sin embargo, tal parece que cuando lo hacemos bien o incluso muy bien las cosas en casa y cuando es más evidente la asignatura pendiente de la solidaridad para lograr la inmunidad necesaria, no podemos evitar enredarnos en los detalles para generar nuevos ámbitos de polarización ya que los habituales de que siempre llegamos tarde, o la  carecencia de claridad, de contundencia o de coordinación en las medidas, no tienen ningún dato de la realidad que los avalen.

Aunque para el PP y el gobierno de la Comunidad de Madrid no se necesiten hechos, les basta con las fake news o las teorías de la conspiración, como por ejemplo el bulo de la escasez en el envío a las CCAA como Madrid de las vacunas que les corresponden, por incapacidad en la gestión de las mismas ante Europa o por sectarismo del gobierno socialcomunista para con la Comunidad de Madrid. Pero a pesar del ruido, la cortina de humo para ocultar las contradicciones de la gestión sanitaria madrileña, que han podido estar detrás de alguna discontinuidad en su ritmo de administración de vacunas, finalmente ha sido demasiado evidente y ha fracasado.

Tampoco es que en este caso de la obligatoriedad o no de la vacunación anticipemos el debate sobre un problema que se pudiera producir en un futuro previsible nuestro país. Al contrario, mientras otros países de nuestro entorno disminuyen la velocidad de administración o frenan la vacunación como consecuencia del rechazo de una parte de su población y lo que es más grave de sus trabajadores sanitarios y de servicios sociales, como ocurre ya en Francia Italia o Alemania, donde tiene sentido el debate de la obligatoriedad de la vacunación, en España se mantiene un fuerte ritmo de administración de vacunas, solo condicionado por los vaivenes de la producción y distribución, y por tanto del cumplimiento de la compra conjunta realizada por la UE por parte de las compañías farmacéuticas.

Porque con tan solo un 3% de rechazo a la vacunación, en España no tiene sentido plantearse imponer algo así: tan polémico socialmente, sobre todo con un sector tan minoritario como beligerante que espera la medida como agua de Mayo para salir de su actual ostracismo, una obligación también que resultará compleja legalmente, sobre todo después del clima creado tras la reciente sentencia del TC cuestionando el estado de alarma, y en definitiva de una más que dudosa efectividad con nuestro alto nivel de inmunidad, algo difícilmente mejorable, incluso con el carácter obligatorio de la vacunación.

En todo caso, es necesario ser consciente que ese casi millón y medio de españoles que rechazan la vacunación serán un colectivo objeto y sujeto de transmisión de la infección y de la enfermedad, hasta tanto la vacunación no logre alcanzar el objetivo de la inmunidad de grupo, con sus inevitables consecuencias. Además, todo eso plantea la necesidad de abordar, sino la vacunación obligatoria, sí los mecanismos de persuasión, protección e incluso de disuasión en sectores especialmente críticos como son los trabajadores sanitarios y de servicios sociales que entran en contacto con enfermos y personas mayores ya vacunados, que es verdad que aunque en un porcentaje también mínimo con las actuales variantes, seguirán formando parte de los grupos de riesgo de padecer la enfermedad, de agravarse y de morir.

Es previsible que a medida que nos acerquemos al 80% o 90% de vacunación, los ingresados con patología grave en los hospitales, aunque en un número veinte veces menor que en las olas anteriores a la vacuna, la mayoría del total de los ingresados por covid19 en los hospitales terminarán siendo los vacunados con pauta completa por su mayor número en relación a los no vacunados.

Hasta entonces sigue siendo imprescindible el control, la persuasión y la responsabilidad. La de las medidas restrictivas pero selectivas en los espacios públicos cerrados y los espectáculos, junto con el cribado, el rastreo y el aislamiento y cuarentena de infectados y sus contactos. Pero no para volver atrás a las medidas duras ni para refugiarse en una supuesta carencia de pedagogía, que apunta más al miedo que a la corresponsabilidad. Eso sería ingnorar que hace tiempo que estamos en otra fase de la pandemia a nivel de salud publica y sanitario pero también sociológico, y que la ciudadanía es madura para actuar en consecuencia.

Otro debate que se ha abierto en Europa es el que tiene que ver con el pasaporte vacunal, que más allá de la intención inicial de garantizar la fluidez del transporte en la Unión Europea, se plantea ya como documento imprescindible para reservar el derecho de admisión en los locales de hostelería, en los espectáculos y en general los actos públicos masivos. Algo que parece en principio discriminatorio, mientras la vacunación no haya llegado a toda la población, pero que resultará inevitable una vez se culmine, para poner coto a la transmisión por parte de aquellos que hayan rechazado la vacunación, sobre todo entre colectivos vulnerables y ámbitos críticos.

En definitiva, se trata de superar los maniqueos del apoyo o rechazo de medidas como la vacunación obligatoria o el pasaporte inmunitario, para adecuarlos a las condiciones concretas de cada país y de los sectores críticos o de ocio, combinando la persuasión y la responsabilidad, y a veces incluso la disuasión.