El Gobierno dice que ha concedido el ingreso mínimo vital a 80.000 hogares, pero la cifra tiene truco

El Gobierno dice que ha concedido el ingreso mínimo vital a 80.000 hogares, pero la cifra tiene truco

Inclusión solo ha reconocido esta ayuda a unos 6.000 hogares solicitantes.

Una asociación de vecinos de Aluche repartiendo comida durante el estado de alarma.DeFodi Images via Getty Images

El ingreso mínimo vital, la ayuda económica dirigida a las personas sin recursos que pretendía llegar a 800.000 hogares, volvió a los informativos este jueves tras descubrirse que el Gobierno solo había aprobado 3.966 ayudas hasta el 7 de agosto, menos del 1% de solicitudes, a pesar de la crisis económica en la que está sumida España por la pandemia del coronavirus.

Ante estas publicaciones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha emitido un comunicado este jueves en el que asegura que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido esta prestación a más de 80.000 hogares hasta ahora. Esta cifra, aún siendo cierta, tiene truco.

¿Cómo es que posible que exista una diferencia tan grande entre una cifra y otra? El departamento que dirige José Luis Escrivá ha incluido en esa cifra total de solicitudes aprobadas unas 74.000 ayudas que fueron reconvertidas.

Se trata de las prestaciones que la Seguridad Social abonó a 74.119 hogares de toda España el pasado 26 de junio. Las personas que cobraron entonces el ingreso mínimo vital recibían hasta ese momento la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33%, una ayuda conocida popularmente como los puntos.

Estos hogares vulnerables no tuvieron que atravesar el tortuoso y burocrático proceso de solicitar el ingreso mínimo vital, simplemente les fue reconocido de oficio.

Si se restan esas 74.000 ayudas reconocidas de oficio, el Ministerio de Inclusión solo ha concedido el ingreso mínimo vital a unos 6.000 hogares de las 750.000 solicitudes recibidas desde el pasado 15 de junio. Es decir, Escrivá está reconociendo que solo se han aprobado el 0,8% de las solicitudes.

Desgraciadamente, Inclusión no informa de la cantidad concreta de solicitudes aprobadas desde el pasado 15 de junio.

Se necesitaría un año y medio para tramitar todas las solicitudes

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha analizado más de 143.000 solicitudes hasta el pasado 17 de agosto. En esta cifra sí estarían incluidas las 74.000 reconocidas de oficio.

Un dato que sí ofrece Inclusión es el ritmo de tramitación de solicitudes. Entre el 10 y 17 de agosto, se han examinado 8.062 expedientes. De ellos, se han resuelto 4.875 solicitudes, un 10% más que la semana anterior.

“El ritmo de tramitación se ha ido incrementando progresivamente durante el proceso de puesta en marcha de la ayuda y es más rápido que el de otras prestaciones previas”, asegura.

Si se mantiene el ritmo actual de tramitación —unos 8.000 expedientes por semana—, el Ministerio tardaría 75 semanas en analizar las 607.000 solicitudes de ingreso mínimo vital pendientes. Se necesitaría un año y medio para solventar la avalancha de expedientes recibidos, siempre que no llegaran nuevas solicitudes.

El 40% de las solicitudes con documentación incompleta

Inclusión señala que cerca del 40% de estas solicitudes analizadas han llegado con la documentación incompleta. “Gran parte de ellos sin certificado de empadronamiento”, asegura el comunicado.

Este error se debe a que la solicitud del ingreso mínimo vital debe ir acompañada de un montón de documentos. El ciudadano puede tener que llegar a presentar hasta 26 documentos oficiales, la mayoría de los cuales ya están en posesión de la administración.

La administración se pone en contacto con aquellos solicitantes a los que les falte documentación para poder entregarla. Inclusión señala que hasta la fecha hay más de 25.800 solicitudes pendientes de completar sus documentos.

El Ministerio de Inclusión también informa de que se han denegado cerca de 36.8000 solicitudes. La razón en más de la mitad de los casos se debe a que el solicitante excedía los límites de renta o patrimonio fijados como requisito.