En defensa de los consumidores

El 15 de marzo de 1983 la Organización de las Naciones Unidas declaraba este día como el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Este anuncio coincidía con el aniversario del discurso que el expresidente americano, John F. Kennedy pronunció en el Congreso en 1962 y donde, por primera vez, se abordaban una serie de derechos acerca de los consumidores como el derecho a ser informado, el derecho a elegir y el derecho a ser escuchado, entre otros.

Desde el inicio de la crisis del coronavirus, los consumidores han sido la figura más afectada y vulnerable en todos los aspectos desde el transporte y derechos de pasajeros a las estafas de productos sanitarios. Por ello, es de vital importancia que los derechos de todos nosotros como consumidores sean altamente reconocidos y protegidos y que se apliquen de manera transversal a todas las políticas públicas en las que puedan verse afectados.

Como consumidores hemos tenido que hacer frente a una inmensa red de noticias falsas y bulos sobre recomendaciones y supuestos remedios caseros para prevenir la covid-19 circulando por redes sociales, grupos de WhatsApp e incluso medios de comunicación. Además, se han detectado en las redes sociales el uso de bots y la creación de millones de cuentas falsas para confundir a los usuarios sobre las medidas adoptadas por el Gobierno.

Pero no todo se reduce al ámbito digital, hemos comprobado cómo nos afectó el cierre de las fronteras entre países y restricciones de movilidad. Esto supuso la parálisis absoluta de viajes con la consecuente cancelación de todos los vuelos, trenes o hoteles. No ha sido fácil para muchos consumidores y consumidoras, que ya tenían sus reservas hechas, acceder a su derecho legítimo a ser reembolsados por las cancelaciones de las reservas previas.

Al mismo tiempo también se han producido fraudes en cuanto a ciertos productos como por ejemplo las mascarillas quirúrgicas, test rápidos, pruebas PCR y demás material sanitario tan necesario hoy en día. Todo esto no hace más que crear incertidumbre, falsedad y confusión en unos ciudadanos y ciudadanas que solamente tratan de cumplir las normas.

Por estos motivos, hoy me gustaría poner en valor la importancia que tiene que, desde todas las instituciones y organismos pertinentes, se preserve una alta protección del consumidor y se trabaje día a día para evitar este tipo de prácticas. En este sentido, el Gobierno de España aprobó en enero de 2021 una medida pionera con el fin de definir lo que es un consumidor vulnerable e incluir esta figura en el desarrollo de futuras normas. El principal objetivo es el de proteger a consumidores pertenecientes a colectivos más vulnerables de posibles abusos, estafas, fraudes o engaños.

Esta nueva figura se enmarca dentro de la línea de trabajo que estamos siguiendo desde las instituciones europeas. En noviembre de 2020 se hizo pública la Nueva Agenda del Consumidor que pretende empoderar a los consumidores y consumidoras adoptando una visión a largo plazo, hasta 2025, otorgándoles un ron esencial en la transición ecológica y la transformación digital que Europa necesita.

Desde el Parlamento Europeo ya estamos trabajando en distintas iniciativas para lograr ese objetivo. En el ámbito de la transición ecológica se aprobó la ley del Derecho a reparar que pretende terminar con la obsolescencia programada y obligar a los fabricantes a garantizar que los electrodomésticos puedan ser reparados por, al menos, un periodo de 10 años. Además, también incluye un plan de reciclado de estos aparatos.

Al mismo tiempo, estamos trabajando en el desarrollo de una norma para un cargador único común. Los consumidores estamos obligados a comprar cargadores con todos los nuevos dispositivos que adquirimos, además de llevar todos ellos cuando nos vamos de viaje o simplemente planeamos estar más tiempo fuera de casa. Esta nueva medida supondrá la reducción del precio de estos dispositivos ya que tendremos la opción de no comprar el cargador y estaremos contribuyendo a reducir la huella medioambiental ya que cada año se genera en el planeta alrededor de 51.000 millones de toneladas de residuos de aparatos electrónicos.

En el sector digital, los hábitos de consumo y las necesidades han cambiado por completo siendo muchos más dependientes de internet y las nuevas plataformas. Por ejemplo, el porcentaje de consumidores que adquieren sus productos en plataformas en línea se ha duplicado desde 2009 hasta 2020 pasando del 32% al 72%, según Eurostat. Frente a estos nuevos retos es fundamental garantizar que esos productos sean seguros por lo que se va a actualizar la directiva sobre la seguridad de los productos.

Por otro lado, Europa será el primer continente en el mundo que apruebe una ley específica sobre las grandes plataformas. La nueva Ley de Servicios Digitales instaura el principio de conozca a su cliente comercial por el cual todos los productos que se vendan en los mercados en línea a consumidores europeos y que estén fabricados en cualquier parte del mundo, deberán cumplir con la normativa europea en todos sus aspectos. Además, esta nueva ley también establecerá mayores requisitos de transparencia para la publicidad en línea en la que el consumidor estará informado en todo momento de que el anuncio que están viendo se trata de un anuncio publicitario y podrá conocer por qué lo visualiza.

En definitiva, las prioridades políticas y sociales como la sostenibilidad, el cambio climático y la transformación digital hacen que la perspectiva de consumo sea una política transversal para así garantizar una alta protección de los consumidores en aquellos sectores ya existentes y asegurar los nuevos derechos de los consumidores en los sectores más recientes.