Una nueva denuncia implica a Granados en irregularidades cuando era alcalde

Una nueva denuncia implica a Granados en irregularidades cuando era alcalde

El exconsejero madrileño logró, supuestamente, 10 millones de euros de beneficio.

Francisco Granados, en una imagen de archivo.Gonzalo Arroyo Moreno via Getty Images

Una nueva denuncia cerca a Francisco Granados. El juez que investiga el caso Púnica ha acordado, a petición de la Fiscalía, incorporar a la causa una denuncia anónima contra el principal imputado que le atribuye un beneficio de 10 millones de euros por supuestas irregularidades urbanísticas cuando era alcalde de Valdemoro, en Madrid.

La denuncia llegó a la Fiscalía Anticorrupción por correo ordinario a finales del pasado mes de mayo y señalaba supuestas irregularidades en una operación inmobiliaria entre 2001 y 2004 que, según los denunciantes, reportaron “más de 10.000.000 euros de beneficio” a Granados como alcalde y “como partícipe del 33%” de la empresa Tuvalu Gestión S.L, contra la que también se dirige la denuncia.

Al guardar “directa conexión” con dos piezas del caso Púnica, las fiscales pidieron al juez que incorporase la denuncia al procedimiento. Y el juez ha accedido.

“Un estudio de detalle”

Según se relata, el pleno municipal aprobó “un estudio de detalle” en el que se proponía la construcción de la calle de Trigo, algo que, según los denunciantes, fue “clave para permitir que una finca que tenía uso dotacional pasara a convertirse en residencial, con la aprobación final de la Comunidad de Madrid del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Valdemoro en 2004″.

En octubre de 2002 se constituyó la empresa Tuvalu Gestión, relacionada con el considerado conseguidor de Púnica David Marjaliza; y el constructor Ramiro Cid. Según los denunciantes, ambos, junto con Granados, sabían que se iba a construir esa calle y que la finca “se iba a revalorizar”. Finalmente, la sociedad la adquirió dos años después.

El plazo de instrucción del caso Púnica, abierto desde 2014, finaliza a finales de julio

Según la denuncia, la finca se compró en febrero de 2004 por 2,5 millones de euros y, una vez aprobado el PGOU en mayo, “se vende dos años después (3 abril 2006) con uso residencial por 12.816.445,67 euros consiguiendo en menos de año y medio más de 10.000.000 euros de beneficio”.

El plazo de instrucción del caso Púnica, abierto desde 2014, finaliza a finales de julio, si bien el juez puede prorrogar la investigación por periodos de seis meses de oficio o a instancia de alguna de las partes.

No obstante, en algunos autos recientes, el juez ha dejado claro que entiende “agotada” la investigación de alguna pieza de la causa, como la relativa a la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, y la Sala de lo Penal de la Audiencia ya se pronunció “sobre la necesidad de finalizar la instrucción”.