La fiscalía chilena abre investigación al presidente Piñera tras salir en los Papeles de Pandora

La fiscalía chilena abre investigación al presidente Piñera tras salir en los Papeles de Pandora

Pudo haber incurrido en delitos de cohecho, soborno y tributarios.

Sebastián Piñera, presidente de Chile.JAVIER TORRES via Getty Images

El fiscal general de Chile, Jorge Abbott, ha abierto una investigación contra el presidente, Sebastián Piñera, por el caso de la venta de Minera Dominga, revelado esta semana tras la publicación de los Papeles de Pandora donde se indica que el mandatario habría utilizado un paraíso fiscal para dicha transacción y la habría condicionado utilizando su papel de funcionario público.

La portavoz del Ministerio Público, Marta Herrera, ha adelantado este viernes que el presidente podría haber incurrido en delitos de cohecho, soborno y tributarios al presuntamente condicionar el tercer pago de la venta.

La investigación se ha iniciado tras cuatro días de análisis de los antecedentes y buscará determinar si el mandatario llevó a cabo gestiones que, en su calidad de funcionario público, pudieron incidir en un condición del pago de la empresa, propiedad de la familia Piñera.

En su defensa, el presidente Piñera ha respondido que “resulta difícil de comprender” la decisión de la Fiscalía porque los hechos divulgados ya fueron “investigados” y “sobreseídos” en 2017.

“Existe un pronunciamiento (de 2017) de las máximas autoridades del Poder Judicial, que constituye cosa juzgada, en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del presidente Sebastián Piñera”, ha indicado a través de un comunicado la oficina del mandatario.

El caso

Según la información publicada, Piñera participó en la venta de Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano utilizando un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, en su primer mandato presidencial.

La investigación asegura que Piñera traspasó acciones de Minera Dominga por 152 millones de dólares en tres pagos, el último de ellos condicionado a la decisión del Gobierno sobre la designación como reserva natural del terreno en el que está emplazado el mineral, que fue rechazada por la autoridad ambiental en 2011.