La Fiscalía prepara el archivo de la investigación sobre Juan Carlos I

Lo avanzaba a primera hora El Confidencial: la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, va a dictar en las próximas semanas un decreto “con una larga y detallada motivación” en el que ordenará el archivo de las diligencias indagatorias prejudiciales iniciadas el 5 de junio de 2020 contra el rey emérito, Juan Carlos I.

La investigación la llevaba el entonces fiscal de Sala y hoy teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, al tratarse el emérito de persona aforada ante la Sala Segunda. Campos y su equipo, junto con el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, “han llegado a la conclusión de que el rey emérito no es imputable”, por varias razones. La primera es la concurrencia, dice la noticia, de la inviolabilidad de monarca (artículo 56.3 de la Constitución) mientras ostentó la jefatura del Estado hasta junio de 2014, cuando dejó la corona en manos de su hijo, Felipe VI.

Añaden la “prescripción de determinados hechos” revisados y también las “excusas absolutorias frente a delitos fiscales” que conllevan las dos regularizaciones tributarias voluntarias realizadas por el que fuera jefe del Estado en diciembre de 2020 -por el impuesto de donaciones-, y en febrero de 2021 -por el de renta de la personas físicas-. Estas regularizaciones suman más de cinco millones de euros y responden a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Penal sobre delitos de fraude.

Tres investigaciones

En concreto la Fiscalía del Supremo indaga en tres asuntos relativos al emérito: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha realizado hasta dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Las fuentes consultadas indican que pasado el tiempo es momento de adoptar una decisión definitiva y que por tanto se espera que en este mes de octubre se conozca un decreto de la Fiscalía del Supremo que incluya la propuesta fundamentando el archivo. Sin embargo, otras fuentes fiscales indican que por el momento el equipo de Campo sigue trabajando en la investigación a Juan Carlos I con “rigor, eficiencia y exhaustividad”.

Las prórrogas

Por norma general, las diligencias de investigación terminan con la interposición de una denuncia o querella, judicializando el caso, acumulando las pesquisas a otras existentes o archivando las mismas. Cuando se archivan unas diligencias de investigación porque se entiende que no existen elementos, se termina con un decreto de archivo del fiscal.

Apuntan además que los tiempos para una investigación son difíciles de predecir, máxime cuando se trata de una investigación compleja como esta que cuenta con derivadas internacionales. Añaden que a pesar de que las diligencias tienen plazos, si estas no han terminado y resulta necesario seguir, se prorrogan con carácter general.