La guía para no perderte en el lío entre el Tribunal de Cuentas y el independentismo catalán

El lío está servido. La pipa de la paz de los indultos a los condenados del procès parece haberse apagado por culpa del Tribunal de Cuentas y los 5,4 millones de euros que reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat por usarlos de manera irregular en la promoción en el extranjero del soberanismo catalán. 

El independentismo se ha levantado contra el tribunal y pide al Gobierno que frente la liquidación a la que tienen que hacer frente los funcionarios soberanistas. Mientras, como respuesta, la Generalitat aprobó este lunes un fondo de 10 millones de euros para cubrir a los afectados y evitar que sean embargados.

El problema es que la Generalitat ha ideado un decreto al que el Ejecutivo ya le ha puesto el ojo por si incumple la ley. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es meridiano: en caso de que no se ajuste a derecho, lo recurrirá.

Estas son las respuestas que buscas para no perderte en el lío.

¿Qué es el Tribunal de Cuentas?

El Tribunal de Cuentas, que depende de las Cortes Generales, es el organismo encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y, por extensión, de todo el sector público, como recoge el artículo 136.1 de la Constitución. También escudriña la contabilidad y la actividad económica de los partidos políticos con representación parlamentaria, así como las aportaciones que reciben sus fundaciones. Y su funcionamiento está regulado por una ley orgánica.

Una parte del independentismo está en pie de guerra contra este órgano, presidido por la funcionaria del cuerpo de letrados María José de la Fuente. Lo cierto es que al frente de esta institución se encuentran 12 consejeros cuyo mandato expira el 23 de julio. De ellos, seis son elegidos por el Congreso y los otros seis por el Senado. Aunque en estos momentos hay una vacante, la del consejero progresista Lluís Armet, que abandonó la institución.

Los consejeros se eligen mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras para un período de nueve años. Y el banquillo del que salen está formado por auditores o letrados del propio tribunal, censores jurados de cuentas, magistrados y fiscales, profesores de universidad y funcionarios pertenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se exija una titulación superior: abogados, economistas y profesores mercantiles. Todos, además, deberán tener reconocida competencia para el puesto y más de quince años de ejercicio profesional.

Antes de ser elegidos, los candidatos deben comparecer ante la comisión de nombramientos del Congreso o del Senado para someterse a las preguntas de los diputados. Y, según defiende la propia institución, los consejeros “son independientes e inamovibles”.

La actual dirección es fruto de un pacto en 2012 entre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba. Entonces, el PP propuso a siete consejeros y los otros cinco los designó el PSOE.

El propio portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló a algunos de los populares, como Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno. También a Margarita Mariscal De Gante, quien fue ministra de Justicia en el primer gobierno de Aznar o a Ramón Álvarez de Miranda, quien fue exdiputado de UCD.

Uno de sus principales cometidos es enjuiciar la responsabilidad contable en que incurran quienes manejan fondos públicos si hacen algo irregular con ellos. Por eso, este órgano reclama 5,4 millones de euros a 34 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos, a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 29.

¿Por qué pide ese dinero a los ex altos cargos catalanes?

El tribunal entiende que hubo un uso irregular de esos 5,4 millones porque se emplearon para promocionar el procès en el extranjero a través de las embajadas catalanas y el Diplocat, el servicio exterior del Govern de Cataluña entre 2011 y 2017.

El Tribunal de Cuentas dio la semana pasada 15 días a los afectados para hacer frente al pago, que actuaría como fianza, hasta que haya emita una sentencia. El problema, según fuentes próximas a los ex altos cargos citadas por La Vanguardia, es que la caja de solidaridad que abrió el independentismo —Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana— para pagar el coste del procès está vacía tras asumir la causa por el referéndum del 1 de octubre y por la consulta soberanista del 9-N. 

Ese es el motivo por el que el Govern ha creado un fondo de 10 millones mediante un decreto ley para ayudar a los afectados a hacer frente al pago que deberá ser convalidado en el Parlament para su entrada en vigor. Un metro trámite pues en la Cámara catalana hay una mayoría independentista formada por ERC, Junts y la CUP.

¿Cuál es el lío?

La creación de ese fondo, que cubrirá los pagos de los empleados públicos que no cubran las pólizas por responsabilidad civil de la Generalitat, ha abierto la primera confrontación directa entre Moncloa y Generalitat tras los indultos a los condenados del procès y el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Pere Aragonès, del que salió el compromiso de reactivar en septiembre la mesa de diálogo entre gobiernos. 

El Ejecutivo ya ha dicho que estudiará si el decreto del fondo se ajusta a la ley. El propio Sánchez advirtió este lunes que en caso de que no cumpla las normas, a Moncloa no le quedará más remedio que recurrir. Y todo porque la fórmula que ha encontrado la Generalitat para “cubrir provisionalmente la responsabilidad de los funcionarios públicos”, según contó este lunes en rueda de prensa el consejero de Economía catalán, Jaume Giró, va a llevar al Tribunal de Cuentas a una situación “inédita” como reconoce una fuente del organismo citada por La Vanguardia.

Lo cierto es que es muy poco habitual que el Tribunal de Cuentas se tope con que la parte afectada por el uso irregular de fondos públicos, en este caso la Generalitat, sea la que afronte el pago de la liquidación provisional. Esa misma fuente del órgano citada en el diario catalán sostiene que, en principio, el tribunal no puede aceptar un aval cuando está detrás la Generalitat porque es un “fraude de ley”.

El Govern ha ingeniado la forma de, al menos, provocar debate sobre la legalidad de su fondo porque la liquidación no vendría directamente de la Generalitat sino de una entidad bancaria. De esta manera, la Generalitat solo haría de contra aval. Y eso, según otra fuente del tribunal citada en el diario catalán, forzaría al organismo a aceptar la cantidad ya que el dinero no provendría de las arcas de la Generalitat, sino de una entidad privada, en este caso, un banco.

¿Qué dice el Govern?

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado este miércoles en el Parlament la “legalidad” del fondo: “Ante decisiones arbitrarias, actuaciones decididas y de acuerdo con la ley. Cualquier servidor público tiene derecho a ser defendido por su administración”.

Aragonès, que intuye la excepcionalidad del decreto, ha dejado claro el objetivo: “Se ha hecho una solución que es de emergencia pero que es de cobertura general para evitar que las personas perseguidas tengan que responder con patrimonio particular unas fianzas que son indecentes”.

¿Y el Gobierno y la oposición?

El Gobierno, este lunes a través de Sánchez y este martes de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, insiste en que la Abogacía del Estado estudiará el decreto antes de decidir. Calvo se ha limitado a recordar que la Generalitat, al igual que otros gobiernos autonómicos, sabe que debe trabajar “en los límites de la legalidad”: “No es optativo, sino obligatorio”.

La oposición ya se ha lanzado en tromba contra el Gobierno. El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su partido pedirá la inhabilitación de quienes aprueben los avales y ha pedido a Sánchez que evite la “inadmisible malversación” en que incurriría el Govern en caso de alumbrar el fondo. Vox ha anunciado que se querellará contra Aragonès por malversación y Ciudadanos ha instado al Gobierno a intervenir las cuentas de la Generalitat para frenar el fondo.

¿Qué escenarios se abren?

Una vez que se convalide el decreto, este podrá ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. El órgano que interpreta la Constitución tendrá que decidir si suspende o no el decreto antes siquiera de dictar sentencia sobre el quid de la cuestión. En caso de que decida suspenderlo , el plan de aval de la Generalitat se quedaría sin efecto y el 21 de julio se iniciarían los embargos a las cuentas y al patrimonio de los afectados.

No obstante, los avales tienen más barreras. En caso de que lleguen al Tribunal de Cuentas, la Fiscalía tendrá que comprobar el origen del dinero y decir al organismo si lo puede admitir o si, por el contrario, debe rechazarlo porque encuentra un fraude. En ese punto, también se procedería al embargo de bienes y cuentas de los implicados.