La ocupación conservadora de la justicia

“La justicia es horrible”. 

Friedrich Durrenmatt 

Acción y reacción. A veces, solo a veces, una reacción, por su desmesura, da la razón a una acción. La reacción en tromba del propio Consejo General del Poder Judicial, de algunos Tribunales Superiores de Justicia y de la mayoría de las asociaciones de jueces, ha puesto en evidencia el carácter político del Consejo y su clara orientación conservadora. También han explicado, mejor incluso que sus promotores, las razones que asisten a las fuerzas políticas progresistas en su iniciativa de reforma del órgano de gobierno de los jueces ante el bloqueo interesado de la derecha. 

La respuesta coordinada del Consejo y las asociaciones conservadoras era de esperar. Era lógico que defendiesen con uñas y dientes un sistema de nombramientos de vocales en el que las asociaciones, mayoritariamente conservadoras, seleccionen primero a sus candidatos ‘pata negra’ para que luego sea el acuerdo parlamentario el que los refrende, asumiendo además todo el coste de la mal llamada politización de la justicia. 

Lo cierto es que, más que politización de la justicia, se trata de ocupación conservadora, primero del órgano de gobierno político por una coalición de la derecha y las organizaciones judiciales conservadoras, para luego copar los principales cargos y tribunales de justicia. Gracias a ello, la cúpula judicial es mucho más conservadora que España, y eso no deja de ser un grave problema democrático. Sobre todo si luego se consideran a sí mismos una justicia real por encima del poder legislativo. 

Es también lógico que una vez formando parte del Consejo la mayoría (la que ellos mismos repudian en la propuesta de reforma de la izquierda), les haya servido para imponerse en los nombramientos y para copar en particular las salas fundamentales del Tribunal Supremo, la audiencia nacional y los presidentes de los tribunales superiores de justicia. 

Sin embargo, no ha sido esta parte de la reforma la que ha levantado ampollas en el Consejo y en las asociaciones conservadoras. Si acaso les ha sido útil para impostar el tono hablando de su carácter o espíritu inconstitucional. Un calificativo que se ha convertido en habitual, tanto en la derecha política, mediática y al parecer también en la judicial, para descalificar por principio las propuestas de los que consideran sus adversarios, en este caso del conjunto de la izquierda, de sus apoyos parlamentarios y del propio ejecutivo. No en vano, en propio Aznar ponía en duda esta semana la soberanía del actual Parlamento debido a su composición, en su opinión aconstitucional o anticonstitucional. 

En este sentido, llama la atención la naturalidad con que se aplauden las críticas al Gobierno por parte de órganos de gobierno y asociaciones judiciales, y por contra el escándalo con que se recibe cualquier crítica por parte de miembros del Ejecutivo e incluso de los grupos parlamentarios. En democracia no debe haber un poder sin control, pero tampoco ningún poder ajeno a la crítica.

Lo que de verdad ha soliviantado al Consejo General del Poder Judicial y a su mayoría conservadora es que no solo se proteste por su bloqueo interesado por parte de la derecha política, sino fundamentalmente que se pretenda suspender sus competencias en materia de nombramientos con el final de su mandato, en lo que podríamos asimilar a lo que ya se da en un gobierno en funciones.

Ha bastado con la previsión en la proposición de ley de regular las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste se encuentre en funciones, al modo en que lo hace desde 1997 la ley del Gobierno (ley ordinaria, además). Una suerte de remedo del artículo 21 respecto del ejecutivo, llevado al judicial, con el objetivo de evitar los nombramientos discrecionales, para que se hayan levantado airados y respondido en tromba.

Parece que lo que es constitucional en el gobierno en funciones (“debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo acredite, cualesquiera otras medidas”), no lo sería tanto en el caso del Consejo General del Poder Judicial en funciones. Otra excepción constitucional.

Pero donde los jueces se han pasado de frenada ha sido trasladando el legítimo debate de las asociaciones y los órganos políticos al pronunciamiento preventivo del Consejo, y sobre todo los Tribunales Superiores de Justicia. Los vocales conservadores han convocado pleno extraordinario del Consejo, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, para rechazar una proposición que les afecta, al limitar sus atribuciones fuera de mandato. Una iniciativa que, a diferencia de los proyectos de ley, no requiere de su informe preceptivo.

Una interferencia de libro en el poder legislativo por parte nada menos que del órgano de gobierno de los jueces en funciones.

Pero lo más grave, sin duda, es la cadena de pronunciamientos de los tribunales Superiores de Justicia. Una injerencia, ésta sí, del poder judicial en el legislativo, sin precedentes en la democracia española.

Aunque bien mirado, han mostrado su obediencia conservadora y son los que más tienen que defender y que perder con la reforma. Porque a lo largo de estos siete años de mandato del CGPJ de todos ellos tan solo han nombrado un presidente de Tribunal Superior pertenece al sector progresista y tres a los no asociados. Una mayoría absolutísima pertenece a las asociaciones conservadoras, cosa que se reproduce en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, y que ha sido conseguida por la derecha con el actual ‘sistema corrector de la mayoría de tres quintos’, pero en particular aprovechando los periodos de bloqueo para barrer a las minorías. Un dislate sin paliativos.

Resulta llamativo que escandalice la proposición de elección de vocales por mayoría absoluta, cuando hoy la mayoría del Consejo General del Poder Judicial representa tan solo a una minoría del Congreso de los Diputados y además adopta nombramientos fundamentales por mayoría simple. Curioso funcionamiento democrático y ejemplo de equilibrio de poderes.

Ahora, la derecha sale al paso de la acusación de bloqueo interesado, proponiendo, de nuevo ahora que está en la oposición, la elección de los vocales de extracción judicial exclusivamente de entre los miembros de la carrera a propuesta de las asociaciones o avalada por un centenar de jueces, elevando la mayoría para los nombramientos de los cargos más importantes, después de haberla rebajado cuando era Gobierno.

Curiosamente, el PP en el Gobierno también mantuvo la elección parlamentaria a propuesta de las asociaciones, pero cambió la ley orgánica 4/2013 con 7/2015 como ellos dicen, “en mitad del partido”, y que con la ley orgánica 4/2018 siguió el mismo proceso para reducir competencias reglamentarias y presupuestarias al Consejo mediante el mismo procedimiento de proposición de ley, sin informes de nadie, y no hubo calificativos tan gruesos como los recientemente emitidos. Pero se trataba de sus coaligados de la derecha. Por eso en el CGPJ están tan crecidos y desbocados.