Recuperando la memoria: las claves de la ley aprobada por el Gobierno
El Ejecutivo manda al Parlamento una nueva ley en mitad del revisionismo de la derecha.
Un paso importantísimo, se llevaba esperando años por parte de la izquierda y de las asociaciones. El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley de Memoria Democrática, que viene a profundizar la de José Luis Rodríguez Zapatero del año 2007 y que pone a las víctimas en el centro. Una norma que llega en mitad del revisionismo por parte de la derecha y de la ultraderecha lo sucedido y con la oposición, sin leerla, del Partido Popular y de Vox. El proyecto iniciado por Carmen Calvo ha pasado ahora a las manos de Félix Bolaños, el nuevo ministro de Presidencia y cerebro jurídico de La Moncloa. Estas son algunas claves del texto y del panorama político al que se enfrenta:
Una norma a la europea. España estaba por detrás en legislación en materia de memoria de muchos países del entorno y ahora pretende estar al nivel de otras naciones europeas, como ha reconocido el propio ministro de la Presidencia. Para la elaboración de la norma se ha tenido en cuenta las consideraciones que hizo la ONU a través de Pablo de Greiff en 2014 y la definición de víctimas se hace con arreglo a los parámetros de los Derechos Humanos. Por ejemplo, se prevé la creación de un censo de víctimas, algo que España no tiene y sí existe en otros países como en Alemania. La ley sigue las líneas generales internacionales en este tipo de normas: verdad, justicia, reparación y deber de la memoria.
Condena del franquismo. La ley recoge expresamente la condena y el repudio del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura franquista. Esto llega en un momento en el que se han vivido varias polémicas por las palabras de la derecha: Vox ha llegado a decir en el Parlamento que este es el peor Gobierno en ochenta años (lo que incluye a los franquistas) y este mismo lunes el exministro Ignacio Camuñas decía en un acto junto a Pablo Casado que la II República había sido la culpable de la Guerra Civil y negaba que hubiera habido un golpe de Estado en el 36. El presidente del Partido Popular se calló y no dijo nada ante estas palabras. Desde La Moncloa se advierte de que esta ley debería ser aprobada por cualquier partido democrático. El PP y Vox, sin leerla, ya se ha mostrado contrarios: la ultraderecha la recurrirá y el PP ha prometido una ley de Concordia si gobierna.
Justicia. Uno de los puntos más potentes de la norma aprobada es que se anulan las condenas dictadas por los tribunales de excepción del franquismo, declarándose nulas las sentencias. Además, como gran novedad se crea una Fiscalía de Sala, que será designada por la Fiscalía General del Estado entre los fiscales de sala. Se encargará de las investigaciones y elevar los casos. El Gobierno estima que están muertos casi todos los posibles culpables de delitos, pero si encontrara alguno vivo, se encargará Fiscalía de elevar o no esa causa.
El fin de la Fundación Franco. Una de las principales consecuencias de la ley será que se extinguirán las fundaciones que hagan apología del franquismo o de líderes de la dictadura, además de la que inciten al odio o menosprecien a las víctimas. Esto conllevaría el fin de la Fundación Francisco Franco. Asimismo, a raíz de esta norma no se podrá declarar de utilidad pública una asociación que haga apología del franquismo. Esto también equipara con otros países europeos, por ejemplo con Alemania. Desde la Fundación Francisco Franco se ha dicho que se reafirma en que seguirá defendiendo al dictador.
El futuro del Valle de los Caídos. Otro de los puntos principales que lleva la ley es la resignificación del Valle de los Caídos, que se convertirá en un cementerio civil. No podrá tener un lugar preeminente ninguno de los enterrados, por lo que se prevé la exhumación del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera. Se estudiarán en concreto qué proyecto se desarrollará para que sea un lugar de memoria pero no contempla demoler la gran cruz. Lo que sí se extinguirá es la fundación de la Gran Cruz del Valle de los Caídos.
Memoria y educación. El Gobierno insiste en que debe existir esta memoria de lo que pasó para que no se vuelva a repetir. No es una ley sólo del pasado, sino que también sirve para el presente. Una de las cosas que se persigue es que se rompa ese círculo en el que nunca se estudia en las escuelas la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por eso se incluirá en los currículos escolares en la ESO, en Bachillerato y en Formación Profesional. Desde el Ejecutivo no se avanza cómo se concretará una vez se apruebe en el Consejo de Ministros. Precisamente en este ámbito de la memoria también se notará en que se retirarán títulos nobiliarios relacionados con el franquismo y se construirá además un Centro de Memoria en Salamanca. En el proyecto se fijan el 31 de octubre como el día de las víctimas y el 8 de mayo como el de los exiliados.
Las exhumaciones. El Gobierno estima que todavía en España hay entre 20.000 y 25.000 cadáveres en fosas comunes. Desde el Gobierno se quiere dar un impulso a esas exhumaciones: ahora se está realizando 114 y se unirán este año otras 190, en virtud del acuerdo con las comunidades autónomas con 3 millones de euros. Esto llevaría a que este año hubiera 304. Se fija además una serie de sanciones, que van desde los 200 euros hasta los 150.000 por actuaciones muy graves como destrozar fosas comunes.
