Los 'ni contigo ni sin ti' entre PSOE y Podemos

PSOE y Podemos formaron en enero en La Moncloa el primer Ejecutivo de coalición desde la Segunda República. Ambas formaciones desean que el experimento salga bien. Pero son conscientes de que sus tradiciones políticas son rivales y de que gobernar juntos supone enfrentarse, casi cada día, por muchos temas. Tanto en privado como en público.

En las últimas semanas, con la maquinaria de ambas formaciones funcionando a pleno rendimiento para intentar sacar adelante los Presupuestos, los roces entre PSOE y Podemos son más notorios. Algunos ministros y secretarios de Estado ya no se esconden y disparan públicamente sobre el rival.

Este es un repaso a las principales guerras internas que se han librado en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y que han acompañado a la coalición casi desde el primer día que arrancó el motor que ambos tienen operativo en el Consejo de Ministros y que con los kilómetros empieza a echar humo.

Febrero de 2020: ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales y devoluciones en caliente

La ministra de Igualdad, Irene Montero, quiso celebrar el 8-M con una nueva ley que revisara la tipificación de los abusos y agresiones sexuales. Pero se quejó de que el Gobierno no le permitía alumbrar la norma porque el Ministerio de Justicia, que dirige el socialista Juan Carlos Campo —cuyo equipo criticó el redactado de la norma de Igualdad—, era partidario de esperar y abordar una amplia reforma del código penal que abarcara desde los delitos sexuales hasta la sedición. Finalmente, Sánchez intervino para que Montero pudiera sacar adelante la ley sin esperar a Campo.

La justicia europea avaló ese mes las devoluciones en caliente. Y el choque estaba servido. Mientras el presidente del grupo de Podemos en el Congreso, Jaume Asens insistió en que no son una “práctica” compatible con los derechos humanos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, dijo un día antes que Interior continuaría con los “rechazos en frontera” por ser una acción legal.

Marzo de 2020: guía del Ministerio de Trabajo sobre el coronavirus

A principios de marzo la crisis sanitaria del coronavirus se iba poniendo cada vez más complicada. Y el Ministerio de Trabajo, capitaneado por Yolanda Díaz, publicó una guía para trabajadores y empresas en la que pautaba normas y recomendaciones para afrontar la situación que la pandemia estaba produciendo en el mercado laboral. El problema es que lo hizo sin avisar a nadie y a Sánchez no le quedó otra que desautorizar a Díaz y recordar a todos que era Sanidad la encargada de dar las indicaciones que considerara oportunas en base a criterio científicos.

Mayo 2020: derogación “de manera íntegra” de la reforma laboral

Podemos y el PSOE pactaron con EH Bildu un compromiso para “derogar de manera íntegra” la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Sánchez dio luz verde a ese pacto para asegurarse que los cinco diputados abertzales no torpedeaban una las últimas prórrogas del estado de alarma. Pero aunque la operación contó con el visto bueno del presidente del Gobierno, el lío fue grande porque la ministra de Economía, Nadia Calviño, y una parte importante del PSOE se quejó airadamente de la medida y de la manera en que se acordó. Finalmente, Economía dejó claro que, tal y como se selló en el acuerdo de coalición, a la reforma laboral de 2012 se le quitarán sus aspectos “más lesivos”.

Junio de 2020: comisión de investigación sobre los presuntos negocios de Juan Carlos I

La Mesa del Congreso rechazó con los votos de PSOE, PP y Vox que se abriera una comisión de investigación sobre las cuentas del rey emérito. Los tres partidos siguieron el criterio de los letrados de la Cámara, que antepusieron la inviolabilidad del rey, algo que provocó una airada reacción de Podemos. 

Los morados lo vieron injusto. Y, aunque ambas formaciones acordaron que las diferencias sobre monarquía no llegarían al Gobierno, el estallido lo provocó la salida de Juan Caros I de España, entrado el verano. Iglesias reprochó a Sánchez que no le informara de la operación y el presidente, aunque le pidió disculpas, dejó claro a Iglesias que se trató de un movimiento del que solo participó el presidente del Gobierno y la casa real.

Agosto de 2020: la vuelta al cole

Podemos lamentó la falta de liderazgo de la ministra de Educación, Isabel Celaá, y del equipo que lidera a la hora de preparar la vuelta de los alumnos a las aulas de todo el país tras la crisis del coronavirus que sacó de colegios, institutos y universidades a millones de chavales. Miembros de Podemos filtraron las críticas que algunos de sus ministros vertieron en el consejo de ministros antes de la rueda de prensa que ofreció el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno dio por zanjado el tema diciendo que las deliberaciones del consejo de ministros son “son confidenciales”.

Septiembre de 2020: presupuestos generales del Estado

Una vez Bruselas cerró un acuerdo en julio sobre la cuantía de los fondos de recuperación para paliar los efectos de la crisis de la covid en el viejo continente, el Gobierno aceleró la redacción de los presupuestos generales del Estado. Unas cuentas, negociadas en septiembre y presentadas en octubre, que han sido motivo de tensión desde que Podemos se empecinó en apartar a Ciudadanos de la correlación de fuerzas que debe alumbrar el ‘sí’ las cuentas, algo que el PSOE rechaza pues está abierto a acuerdos transversales a los que invita a todas las fuerzas políticas.

En el PSOE genera intranquilidad casarse presupuestariamente solo con fuerzas independentistas y nacionalistas, como Bildu o ERC, precisamente la mayoría que Iglesias quiere asentar para que se puedan reproducir en España gobiernos de coalición socialista durante varias legislaturas.

Octubre de 2020: más líos por los presupuestos

El Gobierno anunció ese mes el acuerdo con las cuentas listas para ser enviadas al Congreso. Pero Podemos lo negó acto seguido y paró todo para forzar dos concesiones de los socialistas. Los morados quisieron que se incluyan medidas para garantizar el funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital, que se aprobó a finales de mayo, para que llegue a 850.000 familias, porque hasta ahora apenas ha llegado a 135.000. Y también dar un impulso a la regulación del precio de las viviendas de alquiler. Sánchez cedió.

Noviembre de 2020: ley de vivienda, crisis con Marruecos y reparto de fondos europeos

Noviembre no está siendo dulce para la coalición. Este mes se han producido la mayoría de choques. Podemos presentó junto a Bildu y ERC una enmienda a las cuentas que ellos mismos han alumbrado con los socialistas para prohibir cualquier tipo de desahucios a las familias vulnerables hasta finales de 2022, algo que el ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, dijo que desconocía. No obstante, fuentes moradas recalcan que anunciaron con tiempo a los socialistas que la iban a presentar y que estos no pusieron impedimentos. 

En el PSOE el movimiento causó malestar porque el acuerdo con Podemos era impulsar una nueva ley de vivienda para garantizar este derecho y porque temen que la medida dé seguridad a los okupas y vaya en contra de pequeños tenedores de vivienda.

Uno de los últimos conflictos atañe a Pablo Iglesias y a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. El vicepresidente segundo lleva más de una semana pidiendo un referéndum para el Sáhara en plena crisis de Marruecos con el Frente Polisario. La petición de los morados no es nueva, pero hasta el momento siempre se habían visto frenados por Exteriores. Ahora, no obstante, la insistencia de Podemos ha causado malestar en Marruecos. ¿Y el último lío? Quién decide sobre cómo se gestionan los fondos europeos que llegarán a España para reconstruir la economía tras la pandemia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía intención de crear una comisión interministerial en la que solo iba a estar presente por la parte morada Yolanda Díaz, de Trabajo, algo que ha irritado enormemente a Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo, tras hablar con Sánchez, ha conseguido que el presidente rectifique y sea todo el consejo de ministros el que decida sobre cómo se gestionan los 140.000 millones en forma de fondos de recuperación.