"No son retornos asistidos, son ilegales": las devoluciones de menores a Marruecos, en el punto de mira
La justicia ordena paralizar cautelarmente las repatriaciones.
La organización Save the Children lleva desde el pasado mes de mayo entrevistando a algunos de los más de 700 menores identificados por la Administración que quedaron en tierras ceutíes tras saltar la frontera con Marruecos.
Desde entonces, ha podido llevar a cabo el seguimiento de cerca de 300 de ellos, reconoce Carmela del Moral Blasco, responsable de Políticas de Infancia de la ONG. Sus informes sirven al Gobierno para evaluar la situación individual de cada uno de los chavales y detectar vulnerabilidades especialmente acuciantes para su posterior derivación, identificando posibles solicitantes de asilo, así como problemas graves de salud que requieran, por ejemplo, de intervención.
A pesar de ello y de las conversaciones en paralelo entre la Dirección General de Infancia, el Ministerio de Asuntos Sociales y las CCAA para tratar de realojar a los menores en otras partes de la península, las declaraciones de la delegada del Gobierno en Ceuta la pasada semana asegurando que las relaciones con Marruecos “estaban mejorando” hicieron saltar las alarmas.
“De pronto el viernes comenzó la repatriación”, explica del Moral. “Se sacó a quince menores de un centro de manera ilegal y sin que nadie lo esperara”, expone.
Interés superior del menor
El proceso, valora, se ha llevado a cabo incumpliendo tanto la normativa internacional como la nacional. “La primera porque el Comité de Derechos del Niño recoge el interés superior del menor, y en su observación número seis sobre menores no acompañados, dice explícitamente que su repatriación solamente puede estar motivada por sus derechos, y no puede ser utilizada como política migratoria”, añade.
“Cuando un menor llega solo a España, el Estado lo primero que debe hacer es protegerle, asegurarse de su bienestar físico y, posteriormente, determinar una solución duradera. Esta puede ser, o bien la integración en el país de acogida, o bien el reasentamiento en un tercer país, o por último el retorno al país de origen. Algo que para que pueda producirse debe cumplir con una serie de requisitos”, señala.
El primero y más fundamental es que se haga en aras del interés superior del menor, como recoge también la ley de Protección Jurídica de 2015, o la nueva ley de Violencia contra la Infancia. “Pero esto debe realizarse de manera multidisciplinar”, matiza, “teniendo en cuenta diversos elementos y observando si la decisión que se va a tomar es la que más va a favorecer al menor”.
“El segundo, es que se garantice su seguridad en el país de origen, su integridad física y moral, su protección, y que se den las condiciones que le permitan disfrutar de sus derechos. Para ello, es básico escuchar y tener en cuenta sus opiniones”, añade.
“En nuestra propia legislación, la ley y el reglamento de Extranjería recogen una serie de condiciones sobre cómo debe hacerse este retorno, y en este caso, se han incumplido todas ellas”, sostiene. “Se debe notificar al menor; debe ser escuchado, o él o su representante legal; el Ministerio Fiscal debe emitir un informe; hay un plazo de alegaciones... y nada de esto ha sucedido”.
La justicia paraliza cautelarmente las repatriaciones
Este mismo lunes, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta acordaba paralizar cautelarmente durante 72 horas las repatriaciones de menores extranjeros no acompañados al tiempo que solicitaba al Gobierno información sobre el procedimiento.
La decisión llegaba justo después de que fuera paralizada otra repatriación de nueve menores, al considerar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta que se no se estaba cumpliendo con las normas y principios del derecho internacional y con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Desde el Ejecutivo, Interior subraya que las instituciones implicadas en el retorno de menores “obedecen y acatan” su paralización durante tres días, pero considera que la decisión judicial obedece a una “discusión técnico jurídica” sobre cómo aplicar el convenio con Marruecos de 2007 para devolver a los niños que entran solos a España.
El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, continúa defendiendo, pese a la firme oposición de las organizaciones de derechos humanos, que se trata de un “retorno asistido” y lo califica como “la respuesta más óptima para garantizar su interés superior” y “siempre en beneficio del menor”.
