Por la unidad contra la violencia de género

Este 25 de noviembre, en el que conmemoramos el Día internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, es especialmente significativo. La pandemia está poniendo en mayor riesgo, si cabe, a las mujeres que se ven obligadas a convivir estrechamente con su maltratador. La crisis sanitaria, social y económica hace más difícil para muchas de ellas salir de esas situaciones de violencia. Es fundamental que en un contexto global especialmente adverso, la lucha contra la pandemia sanitaria no deje atrás la que libramos desde hace mucho tiempo contra otra pandemia también muy virulenta, la lucha contra la violencia de género.

La mitad de las mujeres de este país de dieciséis o más años ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida por el solo hecho de ser mujeres. Lo afirma categóricamente la Macroencuesta que se ha dado a conocer recientemente. Son datos reveladores porque la mayoría de los casos no se denuncian. También es altamente preocupante que el 69% de los y las adolescentes de la Comunidad de Madrid manifieste serios problemas para identificar la violencia de género y cuáles son sus manifestaciones, según señala un informe elaborado por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. La mayoría de los adolescentes se confiesa ignorante del carácter estructural de esa violencia, la máxima y más dramática manifestación de las desigualdades entre uno y otro sexo, una violencia que sufren las mujeres por el solo hecho de serlo.

Seguramente en esa confusión, que apunta a un peligroso retroceso en la lucha por la igualdad dentro de las generaciones más jóvenes, algo tenga que ver la campaña de la ultraderecha española para desacreditar el feminismo y su causa. El negacionismo de la violencia de género intenta contaminar la sensibilización social respecto a esta violencia que, hace ya dieciséis años, con la Ley integral 1/2004, la primera ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, salió del ámbito privado para convertirse en un problema público. Con su empeño, envía a las víctimas el mensaje de que, aunque denuncien, no las creerán. Vox rema en contra de todos los esfuerzos políticos, institucionales y sociales para terminar con la violencia machista. Una muestra es el veto de la derecha extrema a la declaración institucional del Congreso de los Diputados con motivo del 25 de noviembre.

Resulta imprescindible que el consenso alcanzado hace tres años con el pacto de estado en materia de violencia de género no sea papel mojado porque la ultraderecha imponga su hoja de ruta a la derecha que sí se avino entonces a suscribirlo. Y eso es justo lo que está ocurriendo allí donde gobierna el PP con el apoyo de Vox. El pacto de estado que el Congreso de los Diputados aprobó en 2017 es un pacto político, institucional y también social contra la violencia de género, y necesita del compromiso de la sociedad en su conjunto, también de los hombres, así como del de todas las instituciones y fuerzas políticas. En estos momentos, más del 80% de las medidas que contempla están en marcha y son varios los ministerios comprometidos con el impulso de las modificaciones legislativas aún pendientes.

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez no cejará en el empeño y pondrá todos los recursos necesarios. Por eso los Presupuestos Generales del Estado cuentan con un incremento dotacional del 157% para políticas de igualdad y contra la violencia de género. Por eso la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, reintroducirá la coeducación en las aulas. Por eso las transferencias a los ayuntamientos en el marco de los fondos del pacto de estado se doblarán, si finalmente se aprueba nuestra enmienda a los PGE21, respecto a los presupuestos vigentes.

Necesitamos, igualmente, un acuerdo legislativo europeo, probablemente en forma de directiva, que vincule a los estados miembros y que no consienta que ninguno se desmarque de ese compromiso, como pretende hacerlo Polonia. En este sentido, es importante tanto el impulso de la Estrategia Europea de Género 2020-2025 como el anuncio de celebración en 2021, bajo la próxima presidencia portuguesa, de una conferencia  de alto nivel con motivo del décimo aniversario del Convenio de Estambul.

Este es un combate por garantizar los derechos humanos de las mujeres, derechos fundamentales. Y en la garantía de la democracia, que es de lo que se trata, no valen medias tintas.