Togas y algoritmos deben trabajar juntos

¿Dictará un día una sentencia un robot vestido de juez? ¿Vuelva usted mañana será alguna vez solo una obra de Mariano José de Larra? Y si avanzamos, como estamos haciendo, en la digitalización de la justicia, ¿qué va antes, el desarrollo de una nueva tecnología o su regulación?

Hay preguntas que ya no parecen tan lejanas o extravagantes como hace algunos años. En todo caso, plantean dilemas que tenemos que abordar, especialmente ante avances tecnológicos cuyo alcance solo se empieza a vislumbrar.

Es el caso de la inteligencia artificial (IA) y muchas de sus innumerables aplicaciones. Aunque es una tecnología que lleva años entre nosotros y que cada vez nos resulta más común, hay industrias en las que su aplicación puede asustarnos de entrada, o parecernos descabellada. Si eso ocurre es porque es verdad: y es donde más cuidado tenemos que tener para que se emplee y regule con la mayor transparencia posible.

El sistema judicial es un sector que clama por una digitalización hasta ahora insuficiente. La IA puede aportar ideas frescas y agilidad de procesos; es decir, puede ser muy útil para los ciudadanos. Avanzar, con tiento y objetividad, debe ser el objetivo. Vamos a ver luces y sombras en algunos ejemplos.

En 2017, la consultora de investigación McKinsey ya estimaba que el 22% del trabajo de un abogado y el 35% del de un asistente legal podrían ser automatizados. Ya se han empezado a ver reajustes y pasos adelante en bufetes de abogados y grandes corporaciones.

En Estados Unidos se ha intentado reducir la cantidad de presidiarios en los centros penitenciarios a través de predicciones basadas en su comportamiento, para saber sus probabilidades de reincidir. Se detectaron errores graves, por no prestar atención a los posibles sesgos y prejuicios que el algoritmo de inteligencia artificial puede incluso amplificar.

En Argentina, gracias a Prometea, un sistema informático que utiliza IA, el Ministerio Público Fiscal resuelve en minutos expedientes judiciales que de otra manera le llevarían meses. Es una forma de aliviar la congestión y de utilizar esa herramienta tecnológica para casos relativamente sencillos.

En China, la inteligencia artificial se ha probado en ciudades como Beijing para agilizar cuestiones judiciales de comercio electrónico y transacciones virtuales y en la nube.

En Europa también son varios los ejemplos que empiezan a florecer. En Francia, la IA se estudia para la llamada justicia predictiva en materia civil y penal. En Inglaterra y Gales, el pasado mes de diciembre, se anunciaba que robots de inteligencia artificial tendrán acceso a 400.000 casos judiciales para revisarlos y mejorar su algoritmo. El Ministerio de Justicia de Estonia trabaja en el diseño de un robot juez –¡o sea que sí, algún día habrá un robot juez!- que pueda dictar sentencias en demandas sencillas.

La Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de acelerar la digitalización del sistema judicial. Por ejemplo, en España se abrió la puerta en abril del año pasado a la posibilidad de celebrar juicios 100% por vía telemática.

Son muchos los retos éticos y legales que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a los organismos encargados de impartir justicia. Debe ser absolutamente compatible con la garantía de que se cumplan los derechos fundamentales, la calidad del sistema y el estado de derecho.

Desde el Parlamento europeo se está trabajando en una iniciativa sobre la inteligencia artificial en el derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales. Hace ya casi un año, el comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos (LIBE) se reunió para examinar los beneficios y riesgos de utilizar esta tecnología en el sistema judicial, y para analizar especialmente las implicaciones éticas relacionadas con los derechos fundamentales.

Para Europa la digitalización de la justicia debe ser un objetivo vital hacia una democracia más innovadora y adaptada a los nuevos tiempos. En esa transformación, la UE, a través de la estrategia de justicia digital (e-Justice Strategy) y el Plan de Acción 2019-2023, marca como prioridades el uso de la inteligencia artificial y de otras tecnologías como el blockchain en el campo jurídico. Entre los objetivos de ese plan de acción están desarrollar una herramienta de análisis con IA para apoyar las decisiones en los tribunales y un asistente conversacional o chatbot que ayude a la búsqueda de información específica.

Las fronteras de la regulación son delicadas: una excesiva regulación puede implicar demasiada burocracia, y retrasar por tanto el progreso y la innovación. Es vital hacerlo bien, para fortalecer la confianza en los procedimientos y conectar con las generaciones nativas digitales, que se desenvuelven con naturalidad en nuevos formatos y maneras de usar las tecnologías.

La decisión final –hablamos de las cosas complejas e importantes― siempre tiene que tenerla un juez La inteligencia artificial no debe ni puede dictar una sentencia: en España, solo pueden jueces y magistrados, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución Española. Precisamente, el Consejo Europeo se posicionó al respecto el pasado mes de octubre, señalando que el uso de herramientas de inteligencia artificial no debe interferir con el poder de decisión de los jueces o la independencia judicial.

Pero hay muchas otras cosas: aligerar trámites, analizar documentos, comparar sentencias y eliminar esos procesos que colapsan la vida diaria del sistema judicial. Muchos expertos señalan el expediente judicial electrónico como la puerta a soluciones que digitalizarán y optimizarán el sistema judicial. Con la riqueza de los datos que poseemos, la inteligencia artificial puede entrenarse con miles de documentos legales y aprender, por ejemplo, a señalar con qué fuentes un abogado puede contar para elaborar un caso, o apoyar en el minucioso trabajo de investigación que se debe llevar a cabo. También puede ayudar a los abogados a ofrecer servicios más personalizados. Y a los ciudadanos, a eliminar algunas pesadillas burocráticas.

Si el fin último es ofrecer lo mejor al ciudadano, la jugada inteligente es tener a nuestro alcance todas las herramientas posibles para tomar las decisiones adecuadas. La integración de la mayor cantidad de tecnologías posibles es el camino hacia ese cambio tecnológico y organizativo profundo y, la inteligencia artificial, bien regulada, es una aliada. Pronto veremos más soluciones impulsadas por la inteligencia artificial en juzgados y tribunales. En definitiva, un mejor acceso a la justicia para todos.