Cómo recuperar el impuesto de sucesiones, según la OCDE
Todas las competencias sobre impuestos de sucesiones deberían otorgarse al Gobierno central y los tipos impositivos deberían aumentar. Este aumento también permitiría reducir el habitual impacto regresivo de los ajustes fiscales, aumentando su aceptabilidad pública.
La OCDE acaba de presentar su informe sobre la situación de la economía española (disponible aquí, en inglés). Se trata de una publicación regular (se actualiza cada año y medio) en la que se combinan previsiones macroeconómicas a medio plazo con análisis y recomendaciones de política económica. Habitualmente son las previsiones las que generan la mayor atención, y no faltan quienes utilizan la falta de acierto de las mismas para desacreditar el conjunto del informe y las recomendaciones de políticas, considerando a la OCDE un instrumento al servicio de ideologías conservadoras.
A quienes compartan esas críticas el informe de este año les habrá sorprendido con una propuesta claramente progresista, lo cual en mi opinión demuestra que los análisis de la OCDE no están tan viciados ideológicamente. Me refiero a la recomendación de reforma del impuesto de sucesiones. No se trata de la principal propuesta del informe (y de hecho no figura en este resumen), pero llama la atención porque se argumenta su necesidad por razones redistributivas y se señala con el dedo a la causa de que este impuesto haya desparecido en buena parte de España. Esta no es otra que haber transferido las competencias sobre el impuesto a las comunidades autónomas cuando las bases del mismo son relativamente móviles: es sencillo cambiar de residencia para pagar menos y eso lleva una competencia a la baja entre las distintas comunidades. Vale la pena citar íntegramente el párrafo del informe en el que se realiza este análisis (pág. 33, en mi traducción).
Quizá el ejemplo más llamativo de desaparición del impuesto de sucesiones sea el de Cataluña, donde el Gobierno tripartito de PSC+ERC+ICV lo redujo y el posterior de CiU cumplió rápidamente su promesa electoral de suprimirlo, bajo el argumento explícito de evitar la fuga de capitales hacia otras comunidades. El presidente Mas ha concurrido a las recientes elecciones con el compromiso de no corregir la medida, a pesar de la gravísima situación fiscal en la que se encuentran las cuentas de la Generalitat.
En cierto modo resulta comprensible para un Gobierno conservador no estar dispuesto a asumir el coste político de reintroducir o mantener un impuesto que no va a generar una elevada recaudación, dada la movilidad geográfica a la que me he referido más arriba. Y también lo es que desde las posiciones progresistas se proponga recuperar el impuesto. Lo que no se entiende es que estas últimas no añadan que, para que cumpla sus funciones recaudatorias y redistributivas, es necesario que las competencias vuelvan a la Administración Central, lo cual es compatible con una posterior transferencia de los recursos a las comunidades autónomas.
Esta ceguera es la misma que sigue considerando progresista conceder "más autogobierno" a las administraciones territoriales y netamente conservador hacerlo en sentido contrario, sin pararse a pensar en los efectos de estas decisiones sobre la eficiencia con la que se prestan los servicios públicos o su capacidad redistributiva. Lamentablemente, el verbo recentralizar ya forma parte de la batería de términos considerados ofensivos por el discurso nacionalista que se ha conseguido imponer sobre la izquierda. Tiene que ser la OCDE la que nos venga a decir que, al menos en este caso, es una medida claramente necesaria para recaudar más y hacerlo de forma más justa.
