El Senado, una cámara moribunda

El Senado, una cámara moribunda

Comisiones que no se reúnen, ministros que esquivan comparecencias e iniciativas que se debaten con una demora de más de un año y medio. El Senado, la cámara más cuestionada por los ciudadanos, atraviesa una de sus etapas más grises por la raquítica actividad parlamentaria que se vive.

Comisiones que no se reúnen, ministros que esquivan comparecencias que se acumulan en una larga lista de espera e iniciativas que se debaten con una demora de más de un año y medio. El Senado, la cámara más cuestionada por los ciudadanos, atraviesa una de sus etapas más grises por la raquítica actividad parlamentaria que se vive en sus distintas comisiones. Pero, sin duda, el caso más grave es el de la Comisión General de Comunidades Autónomas, el supuesto foro de debate territorial entre el Estado y las Autonomías, que no ha celebrado ni una sola sesión en los dieciocho meses que han transcurrido desde que sus miembros tomaron posesión.

Son las 17:00 horas del 24 de enero de 2012. Pío García Escudero preside la sesión de constitución de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, asume la Presidencia, mientras que las dos Vicepresidencias recaen en Isidro Fernández Rozada, uno de los históricos del Partido Popular de Asturias, y Tomás Gómez, presidente de los socialistas madrileños. Una vez que se eligen los miembros de la Mesa, García Escudero les recuerda que es "la comisión más importante del Senado" e Imbroda se compromete a garantizar "la vitalidad que necesita y, sobre todo, la respuesta que está esperando el pueblo de España". Se levanta la sesión. Son las 17:10 horas. La Comisión más importante de la Cámara Alta, integrada por 50 senadores, no ha vuelto a reunirse.

Sí lo hicieron los miembros de la Mesa y los portavoces el día 7 de noviembre de 2012 para analizar los asuntos pendientes, pero no se adoptó ninguna decisión. Y sigue sin conocerse con exactitud la fecha en la que se dará luz verde a los debates que se mantienen a la espera: diez solicitudes de comparecencias, catorce preguntas orales, tres mociones y una petición planteada por el Grupo Socialista para que se celebre el Debate sobre el Estado de las Autonomías.

El Reglamento del Senado, desde su reforma en 1994, incluye la previsión de que se celebre anualmente en la Comisión un debate, con participación del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, cuyo único punto del orden del día es hacer balance sobre el estado de las Autonomías. Pese a lo que señala el Reglamento, el debate sólo se ha celebrado en 1994, 1997 y 2005. Y no existen perspectivas de que se celebre en la presente legislatura, pese a que el presidente del Senado, Pío García Escudero, dejó constancia en su toma de posesión de su predisposición "para facilitar el diálogo entre los grupos parlamentarios, con la vista puesta en ese objetivo pendiente: dotar de mayor efectividad a la función de representación territorial del Senado dentro de nuestro sistema parlamentario bicameral y en el marco de nuestro modelo autonómico".

No existe legislatura en la que no se anuncie la reforma del Senado. Promesas que siempre figuran en los programas electorales de casi todos los partidos políticos, pero que nunca se concretan o se quedan en simples retoques del Reglamento que no modifican la dinámica parlamentaria de la supuesta Cámara territorial. La ponencia de estudio para reforzar las funciones del Senado se constituyó el 14 de mayo de 2012 y en ella han comparecido catedráticos de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y Derecho Administrativo, expresidentes del Senado, etcétera. Su hoja de ruta de futuro es toda una incógnita.

En el resto de las Comisiones, la prolongada ausencia de ministros y otros altos cargos han vaciado de contenido dichos foros parlamentarios. Cristóbal Montoro no ha acudido nunca a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, pese a que tiene cinco solicitudes pendientes de respuesta, mientras que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no comparece ante la Comisión Constitucional desde el 28 de febrero de 2012, aunque también es cierto que sólo existe una petición registrada por el Grupo Socialista.

García-Margallo no aparece por la Comisión de Asuntos Exteriores desde el 7 de marzo de 2012; Wert no pisa la de Cultura desde el 8 de marzo del año pasado y Morenés sólo lo hizo el 15 de marzo de 2012 en la tradicional comparecencia que se celebra al inicio de cada legislatura para informar sobre las líneas generales de cada uno de los departamentos del Gobierno.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se estrenó en su Comisión de la Cámara Alta el 2 de abril de 2012 y no volvió a aparecer por allí hasta más de un año después: el 29 de abril de este año. En dicha comisión, cuya máxima responsable es la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, existe una moción presentada por el senador herreño, Narvay Quintero, el 14 de febrero de 2012 que aún no ha sido tramitada para su debate.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha obviado la larga lista de solicitudes de comparecencia que se acumulan en la Comisión de Igualdad. Existe una petición presentada el 27 de diciembre de 2011, es decir, hace más de 17 meses, pero Mato se niega a atender la petición de los grupos parlamentarios para que informe sobre su política de igualdad. Sí lo hizo en la Comisión de Sanidad, el 21 de marzo de 2012, pero nunca ha vuelto a sentarse en la misma, pese a que tiene diez solicitudes pendientes.

Casi quince meses han transcurrido desde que Jorge Fernández acudió a la Comisión de Interior. No lo ha vuelto a hacer. Gallardón tan solo ha acudido una vez a la Comisión de Justicia, mientras que José Manuel Soria únicamente ha comparecido dos veces en la de Industria.

El Senado es hoy una cámara que, lejos del deseo expresado por casi todos los partidos en casi todas las legislaturas, sigue sin cumplir su función territorial, pero es que, además, carece de una agenda parlamentaria activa que permita realizar un control continuo de la actividad del Gobierno o que las senadores puedan defender sus iniciativas sin que éstas decaigan por sí solas por el desfase que existe en la inmensa mayoría de los casos entre su presentación y la fecha en la que son debatidas.