La cortina de humo del desahucio express

¿Y si los pisos de la primera inmobiliaria del país se vendiesen y alquilasen a precios justos? El Gobierno ha nacionalizado Bankia y puede tomar esta decisión, como también en el resto de bancos nacionalizados.

La medida tendría un efecto en cadena, ya que el resto de entidades financieras, inmobiliarias y particulares se verían abocados a bajar los precios. La especulación en España desaparecería.

Pero el Gobierno no va a llevar a cabo esa medida. ¿Molestar a la banca y al sector inmobiliario? Eso nunca.

La fórmula que va a utilizar Mariano Rajoy para impulsar el mercado de la vivienda es, en el ámbito del alquiler, una Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de viviendas que, una vez leído su articulado, deja muy claro que el título es pura publicidad engañosa.

Una vez que el anteproyecto sea aprobado en el Congreso -donde el PP hará uso de su mayoría absoluta-, los recortes de derechos laborales, en la sanidad y la educación públicas se extenderán a los alquileres de viviendas.

Y es que la desequilibrada reforma de la legislación sobre alquileres minimiza los derechos de los usuarios. Otro retroceso que acaba con lo regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.

Y es que junto a la agilización de los desahucios a los morosos, sin duda necesaria -siempre que haya las debidas garantías procesales para las dos partes-, el Gobierno también recorta derechos a los usuarios en este sector impulsando que cualquier inquilino que asuma escrupulosamente los pagos de las rentas mensuales pueda ser echado a la calle.

En lugar de fomentar los arrendamientos, se potenciará aún más la especulación inmobiliaria. En resumen, el Gobierno asegura que potenciará los alquileres de la misma forma que el empleo: con una reforma (recortes en la neolengua del PP) que facilita que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obigaciones.

Los contratos de hasta cinco años se reducen a tres y las prórrogas de tres a uno

Así, con la futura Ley los inquilinos ya no podrán tener la tranquilidad de que sus contratos de alquiler de vivienda puedan extenderse hasta un mínimo de cinco años, como establece la legislación desde mediados de los 90, sino a un límite de tres.

Y las prórrogas en estos contratos se verán reducidas de los tres años actuales a solo uno.

Y todo para beneficiar a los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos para arrendar las viviendas a un precio más alto.

La actualización de los alquileres conforme al IPC durante los primeros cinco -en adelante tres- años, también se elimina. Con la futura (des)regulación, lo que diga el contrato, o sea, generalmente lo que imponga el propietario o la inmobiliaria.

En cuanto pase el tercer año, el dueño del inmueble podrá subirle considerablemente al precio del alquiler a su inquilino si tiene a otro postor dispuesto a pagar esa cantidad. Si el arrendatario se niega, adiós muy buenas y que pase el siguiente.

Para colmo, las prórrogas del contrato, que hasta ahora podían durar hasta tres años -actualizándose cada uno conforme al IPC- se limitarán a uno solo. Más inseguridad aún para el usuario.

Pero hoy, posiblemente la noticia estrella en los medios sobre la futura ley de arrendamientos es que los morosos podrán ir a la calle mucho más rápido. El Gobierno ha montado muy bien su cortina de humo.