Cassez y el problema de la justicia en México

Nunca se sabrá si la ciudadana francesa Florence Cassez fue cómplice o no del secuestro de tres mexicanos en 2005. El Tribunal Supremo de México le concedió este miércoles la libertad a Cassez después de permanecer siete años en la cárcel y la liberó de una condena de 60 años de prisión al señalar que existieron numerosas violaciones a sus derechos humanos e irregularidades durante todo el proceso judicial.

Los mexicanos conocieron a Cassez a través de la televisión el 9 de diciembre de 2005, cuando se emitía en directo la captura de una banda de secuestradores en la que supuestamente ella colaboraba. Más tarde se descubrió que la emisión fue un montaje organizado por el entonces jefe de la Policía Genaro García Luna, que después obtendría el cargo de ministro de Seguridad del país. La francesa estuvo detenida antes de la emisión en televisión y no recibió asistencia de la Embajada francesa en las primeras 32 horas de su detención. Los testigos en el caso cambiaron el sentido de sus acusaciones hacia ella varias veces.

La decisión de liberarla ha generado opiniones divididas entre los mexicanos. Unos aplauden al Tribunal asegurando que la francesa fue víctima de un sistema judicial corrupto que inventa pruebas, mientras que otros rechazan el dictamen porque piensan que el trato de los tribunales hacia Cassez ha sido distinto al de cualquier otro ciudadano por el hecho de ser extranjera y porque señalan que las víctimas del secuestro no recibieron justicia.

Cassez ya está libre y de camino a París, pero México se queda con un gran problema de justicia. Se ha visto expuesta la incapacidad de las autoridades judiciales mexicanas de documentar y armar un caso sólido que pueda servir a los jueces para dictar una sentencia. Todos los días, numerosos casos demuestran que es urgente una reforma en el tema. En 2008, el documental Presunto Culpable denunciaba que los juzgados mexicanos asumían como culpables a los indiciados, no analizaban las pruebas y declaraban sentencias con demora.

El montaje de la captura de Cassez no debió existir, la embajada francesa debió ser notificada inmediatamente de su detención, y las declaraciones de los testigos debieron ser analizadas exhaustivamente. No ocurrió y por eso el Tribunal decidió liberarla, sin declararla culpable o inocente, simplemente entregándole un amparo para que pudiera marcharse a Francia.

La peculiaridad del caso llevó en 2010 al entonces presidente mexicano, Felipe Calderón, a defender la culpabilidad de Cassez frente a su homólogo francés, Nicolas Sarkozy. Calderón mantuvo una postura en la que México se defendía de la influencia de Francia en los asuntos domésticos, con un chauvinismo llevado muy lejos e ignorando las deficiencias del sistema de justicia mexicano. Entonces, el Tribunal rechazó la liberación de la francesa. Los actuales presidentes Enrique Peña Nieto y François Hollande dejaron de lado las posturas de sus antecesores y en poco tiempo el asunto se ha finiquitado.

Nunca se sabrá si Florence Cassez tuvo algo que ver con el secuestro de 2005 o no. Pero México se queda con la tarea de mejorar el sistema de justicia, para que los culpables reciban sentencias justas, los inocentes sean exculpados y para que las víctimas de los delitos vean reparado el daño.