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28/11/2015 10:09 CET | Actualizado 28/11/2016 11:12 CET

¿Está Colombia preparada para la paz?

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El enviado de Estados Unidos para el proceso de paz de Colombia, Bernard Aronson (d), habla con el segundo jefe de la guerrilla de las FARC y líder de la delegación de esa guerrilla en Cuba, Luciano Marín (i), alias Iván Márquez/EFE.

Han pasado dos meses del encuentro del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con el máximo dirigente de las FARC, Timochenko, en La Habana (Cuba). Encuentro en el cual se establecía un plazo de seis meses para materializar el fin de un conflicto que, aunque comienza formalmente en 1964, hunde sus raíces en los años treinta.

Desde hace tres años aproximadamente que arrancaron los diálogos de paz, un término prevalece por encima de todos tanto en la agenda pública como en la agenda mediática y política colombiana: el posconflicto. Sin embargo, son muchas las imprecisiones que acompañan al propio término y casi ninguna las transformaciones materializadas, o tan siquiera iniciadas. Máxime, cuando, casi sin atisbo de duda alguna, la rúbrica del acuerdo se espera que tenga lugar en la próxima primavera de 2016.

En primer lugar, el propio significante de posconflicto se refiere a un escenario en la cual el conflicto ha dejado de existir. Lejos de la realidad, ello es imposible. El conflicto es consustancial a la naturaleza humana. Es la esencia de la vida política en común y, sin duda, es un motor constructivo para la sociedad. Lo que no es constructivo, en todo caso, es la violencia como elemento resolutivo de las discrepancias, y que es lo que ha primado en Colombia durante las últimas cinco décadas.

En segundo lugar, en un conflicto violento como el colombiano, se entremezclan tres formas de violencia que trascienden más allá de las guerrillas o el Estado. Un clásico análisis de Johan Galtung, obligada referencia en las investigaciones para la paz, identifica tres niveles de violencia. La violencia directa, que sería algo así como la violencia manifiesta, ya sea en términos físicos, verbales o psicológicos. Es decir, a modo de asesinatos, secuestros, extorsiones, desplazamiento forzado o despojo de tierras. La violencia estructural sería la violencia que hace parte en sí de los sistemas sociales, políticos, y económicos, de manera indirecta, y sustentada por injusticia y desigualdad. Finalmente, la violencia cultural terminaría por integrarse en el sistema cultural en términos de intolerancia política, de género o étnica, en la que el no reconocimiento y la dominación por medios coactivos terminan por normalizarse por medio del lenguaje, las imágenes o elementos más tangibles dentro de las relaciones sociales.

Traducido en datos, en términos de violencia directa, y aun cuando es cierto que el activismo guerrillero de las FARC parece haber decaído en más de un 90%, a niveles de los años setenta, conviene hacer algunas precisiones. Las FARC continúan presentes en casi 150 municipios de los 1.123 municipios del país. A ello habría que añadir la presencia en otra treintena de municipios los cerca de 1.800 guerrilleros del ELN y, en muchas ocasiones, en colaboración con los dos grupos anteriores, diferentes bandas criminales, en buena medida herederas del paramilitarismo. Un paramilitarismo fracasadamente desmovilizado en 2005 y que afecta a la tercera parte de los municipios del país. En cualquier caso, el factor de convergencia se encuentra en el cultivo, procesamiento y distribución de una coca de la que Colombia sigue siendo el primer país productor del mundo, al ascender a 69.000 las hectáreas cultivadas frente a las 48.000 en 2012.

No se puede obviar que Colombia presenta uno de los niveles de desigualdad más altos de todo el mundo, con un coeficiente de Gini de 0.54, y unos niveles de polaridad social, en educación y en salud que debilitan sobremanera la gobernabilidad.

En términos de violencia estructural existen elementos claramente preocupantes. Los departamentos con mayores niveles de presencia guerrillera, como pueden ser Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó, Caquetá o Norte de Santander son aquellos que presentan mayores niveles, a la vez que de cultivo de coca, de rezago en cuanto a indicadores de desarrollo económico y social como, por ejemplo, el índice de necesidades básicas insatisfechas o el índice de desarrollo humano. A la vez, en términos generales, no se puede obviar que Colombia presenta uno de los niveles de desigualdad más altos de todo el mundo, con un coeficiente de Gini de 0.54, y unos niveles de polaridad social, en educación y en salud que debilitan sobremanera la gobernabilidad. Todo, en la medida en que casi la mitad del país vive en niveles de pobreza relativa o extrema y otro 20% se encuentra en condición de vulnerabilidad extrema. Asimismo, y a pesar de los niveles notables de desarrollo humano, ello no se ha traducido ni en desarrollo rural, ni mucho menos en un óptimo sistema de distribución de la riqueza. La concentración de tierras en Colombia plantea unos niveles en los que el 1% de la población concentra casi el 50% de la tierra. Igualmente, se trata de un país profundamente (re)centralizado, sólo superado por Venezuela en Sudamérica, en el que las regiones apenas disponen de competencias, recursos e institucionalidad para satisfacer unos mínimos óptimos de gobernabilidad que integren la paz como necesidad inmediata.

Por último, respecto de la violencia cultural la Política de Seguridad Democrática, bajo la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), se encargó de dar buena cuenta, al priorizar las grandes ciudades y promover la percepción de seguridad subjetiva a la vez que el conflicto se recartografiaba en la vertiente del Pacífico, mayormente afrodescendiente. En ella se llegaron a despojar hasta cuatro millones de hectáreas en un proceso de invisibilización dirigido sobre unas comunidades negras que si bien representan el 10% de la población, se estima que en torno a la mitad terminan por ser víctimas directas del conflicto.

El escenario de construcción de paz al que aspira Colombia necesita de medidas que comprendan la construcción de paz, no como ausencia del conflicto, sino como ausencia de las condiciones estructurales y culturales que han acompañado a dicho conflicto violento. Es decir, es imprescindible aspirar a promover un escenario de normalización política, económica, social y cultural con base en tres prioridades que, hasta el momento, operan en Colombia como meras intenciones. Esto es, curando las heridas del enfrentamiento armado (reconstrucción), deshaciendo el escenario de búsqueda de la destrucción del enemigo y el ánimo de revancha (reparación) y creando condiciones necesarias que superen el conflicto original (resolución). Tres líneas urgentes que deben activarse en las fases anteriores, previas al eventual acuerdo de paz, si no se desea que la frustración y un nuevo auge de la violencia, como el acontecido en Centroamérica, tenga lugar.

Políticas de recomposición del tejido social, de descentralización y generación de recursos, de fortalecimiento de la institucionalidad, de promoción de acciones de inversión social, especialmente en educación, o de reforma tributaria en aras de un mayor gasto público que, hasta el momento, son más declaraciones que realidades tangibles. Mientras, estos días el presidente anunciaba la creación de un fondo común para canalizar los recursos de la cooperación internacional. Está bien, muy bien, pero ahí no está la solución que necesita el país.

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