Economía colaborativa: ideas para un año electoral

Desconozco el éxito que haya podido tener mi anterior tribuna sobre los monopolios, pero me ha gustado la idea de dedicar las próximas a ofrecer consejos que nadie me ha pedido en este año electoral.

La economía colaborativa (EC) es la nueva moda de quienes se sienten mal con la economía competitiva. Sería tan bonito, si no fuera tan insocial...

En 1902, el príncipe, científico y anarquista ruso exiliado en Inglaterra, Piotr Kropotkin publicó El apoyo mutuo: un factor en la evolución. Con esta obra quería contrarrestar la enorme influencia del darwinismo social encarnado en el panfleto La lucha por la existencia (1988) de Thomas H. Huxley, conocido como el "Darwin's bulldog".

Una buena lectura de Darwin (no la que hizo Huxley, claro) y una buena lectura de Kropotkin, si es que fuésemos capaces de hacerlas ambas, e integrarlas, nos proporcionaría combustible suficiente para un viaje intelectual que desembocase en una sociedad casi perfecta, a la que se le daría por añadidura una economía productiva también casi perfecta. No sé si la corriente que impulsa el hallazgo de la EC procede de estos cristalinos manantiales, pero me parece que no. Veamos.

A pesar de la belleza y la potencia de la idea, hay muchas, pero que muchas dudas que esta EC me suscita. Las más importantes son dos: (i) ¿quién paga impuestos en esta economía, que sirvan para atender a los enfermos, pagar las pensiones y asegurar la igualdad de oportunidades? Y (ii) ¿quién defiende a los prestadores de servicios y productores de bienes, que sí pagan sus impuestos y cumplen las normativas sectoriales, del intrusismo (no encuentro una palabra más suave, lo siento) de los productores y los consumidores colaborativos? Estas dos únicas cuestiones son de una enorme, pero muy enorme transcendencia. Quienes las desconsideren por aquello de que lo moderno es la EC, se alían con los defraudadores, aunque puede que no lo sepan.

La única vía de regularizar, y de paso impulsar en serio la EC, sería introducir los créditos por servicios prestados a la comunidad, regularizando las proporciones de los mismos equivalentes a los impuestos efectivos soportados por las actividades convencionales y regulando la calidad y condiciones de producción, distribución y consumo de dichos servicios colaborativos con la misma intensidad con la que se regula las de los servicios y bienes convencionales. ¿No se han fijado en que casi todos los practicantes del sector de las actividades alternativas (terapeutas varios, que no sé cuán lejos están de la EC, la verdad) cobran en efectivo y sin factura? Y no me digan que son los módulos, que a lo mejor.

Así las cosas, veo poco margen para que la famosa EC, con todos los magníficos valores que comporta, y justamente a causa de estas derivadas problemáticas, pueda constituirse, ni de lejos, en la espina dorsal del modelo social y productivo del siglo XXI o del XXII. A menos que encontremos la manera de generar los recursos ingentes que siempre requerirá el bienestar colectivo de los ciudadanos en una sociedad avanzada. No espero estos desarrollos en el corto ni medio plazo, aunque la idea de los service credits o el time banking, las nuevas monedas de la sociedad del bienestar propuestas por científicos sociales como Edgar S. Cahn o Julian Le Grand hace ya treinta años, tome cuerpo.

A la vista de lo poco que ha avanzado el desarrollo de esa magnífica idea en estas tres décadas, mucho me temo que, mientras tanto, si queremos implantar la EC a toda costa, deberemos confiar en que cuando (es un decir) necesitemos una intervención a corazón abierto, seamos tan afortunados de encontrar un buen cirujano (y todo su equipo) que necesite que le proporcionemos durante su jubilación comida, vestido, entretenimiento y cobijo tan buenos como los servicios que él nos habrá prestado previamente.

Con estas mimbres, veo poco margen para ofrecer ideas a los contendientes electorales de este año, pero se me ocurre que podrían, si se atreviesen, proponer la creación de un registro de "créditos de servicio" que se pudiesen compensar entre particulares, a escala modesta, por ejemplo municipal, aunque armonizados entre comunidades autónomas (por qué no en el ámbito europeo). Y que, por ejemplo, el 38% de esos créditos (curiosamente, la ratio de presión fiscal efectiva soportada por los españoles) se compensasen en programas colectivos que reemplazasen el pago de impuestos y la prestación de determinados servicios públicos. Otra cosa no se me ocurre, pero ya es bastante. Hasta el mes que viene.