Un paso hacia unos impuestos más progresivos
A la espera de conocer más detalles sobre las medidas tributarias incluidas en el proyecto de Presupuestos para 2019, un primer análisis apunta a una valoración positiva.
No cabe duda de que España puede y debe recaudar más. Puede por la distancia con la media europea respecto al porcentaje del PIB (casi 7 puntos, unos 80.000 millones), por el excesivo fraude y por la debilidad de algunos impuestos como el de sociedades, combinada con la inexistencia de nuevas figuras tributarias. Debe por la insuficiencia de la Hacienda pública a la hora de financiar políticas sociales, ahora con el añadido de las pensiones que apuntan a un déficit significativo y creciente, imposible de soportar por la vía de las cotizaciones en el nuevo mundo del empleo. No se puede soñar con reducir la desigualdad extrema y erradicar la pobreza con el actual marco fiscal.
En los presupuestos para 2019 se incrementa la lucha contra el fraude con más dotación para ello. Y aparecen nuevos impuestos como el aplicado a las transacciones financieras (ITF) y la llamada "Tasa Google" para algunos servicios digitales. Ambos tímidos en su potencial campo de actuación inicial, aunque con recorrido si se instalan y se trabaja para una suficiente armonización europea en su aplicación.
Las subidas en patrimonio y en el tramo estatal del IRPF a las rentas más altas, superiores a 140.000 euros, tienen un escaso potencial recaudador, aunque contribuyan a reducir la brecha fiscal y den una señal de mayor progresividad, necesaria tras las reformas a la baja de la época Montoro y anteriores.
Más capacidad de afianzar las arcas públicas tienen los cambios en el impuesto de sociedades, laminado en 20.000 millones durante la crisis y estancado en ese recorte a pesar de que los beneficios se hayan recuperado. Resulta especialmente significativa la reducción de la exención de dividendos y plusvalías, del 100 % al 95 %, uno de los principales "agujeros" de este impuesto y que va en línea de lo aplicado en otros países de la UE. Rebajar el tipo nominal de las PYMES del 25 al 23 % para empresas que facturen menos de 1 millón de euros, y garantizar un mínimo del 15% a las grandes (18% a bancos e hidrocarburos) es un paso de justicia tributaria, para acercar las contribuciones y recuperar las aportaciones de las grandes empresas post crisis. No se trata de una propuesta excéntrica ni radical. De hecho, un tipo mínimo efectivo en sociedades para las grandes empresas es una de las medidas que estará pronto sobre la mesa del G20 y de la OCDE y una de las propuestas de Oxfam, aunque con un porcentaje más justo y suficiente sobre beneficios.
El gobierno espera recaudar casi 700 millones adicionales por impuestos verdes. Aunque hay poca claridad aun sobre su despliegue, se trata de un campo interesante. Tanto por el lado del desincentivo a los comportamientos más contaminantes y contribuyentes al cambio climático, como por su potencial recaudador. Si su puesta en marcha se centrara en el impuesto al diésel, como parece, debería aplicarse con cuidado para no introducir un nuevo impuesto regresivo, especialmente hacia algunos colectivos.
Una primera cautela general está en la efectividad de esta recaudación adicional en su primer año de aplicación. Más allá de la deriva de los PGE en su discusión parlamentaria, algunas de estas medidas como los nuevos impuestos, no son de aplicación automática. Por lo que la recaudación estimada y récord en el país, podría ser optimista. Por otro lado, las reformas parciales que aparecen en estos Presupuestos y la brecha que aún reflejan respecto a la recaudación debida y posible, no hacen más que resaltar la necesidad de abordar una transformación integral del sistema tributario español, para modernizarlo y adecuarlo a las necesidades actuales y futuras del estado en la nueva economía global.
Todo lo anterior está en las antípodas del populismo tributario que propone bajadas masivas de impuestos, poco claras salvo en su coincidencia a la hora de reservar más dinero en manos de quienes más tienen. Es imposible mantener la educación, la salud y la protección social en los niveles actuales, ni hablar de mejoras, sin un crecimiento razonable de la recaudación sobre el PIB.
Bajar los impuestos será bueno solo para los ricos y una debacle para el resto de la población.
