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14/03/2018 07:32 CET | Actualizado 14/03/2018 07:32 CET

8 de marzo en la lucha por la igualdad en la Unión Europea

JFLA

El Parlamento Europeo (PE) exhibe poderosas razones para ocuparse del estado de los derechos protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), en el conjunto de la UE y de sus Estados miembros (EE.MM), a la cabeza de los cuales se encuentra la igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley, con prohibición de toda forma de discriminación (art.21 CDFUE). De hecho, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL) se ha institucionalizado, a propuesta de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE (Comisión LIBE) un debate monográfico sobre derechos en la UE, que se celebra anualmente, con solemnidad, en el Pleno. El último tuvo lugar apenas la semana pasada, en simultaneidad -formidable 8M- con el despliegue masivo, y reivindicativo, de una conciencia combativa por la igualdad de las mujeres que tiene, todavía hoy, tantas motivaciones.

Al menos cuatro razones explican la preocupación en el PE por la igualdad y los derechos a todo lo ancho de Europa: a)-Primera, porque la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés, con sede en Viena) aporta desde hace años estudios y análisis solventes acerca de la evolución de los estándares constitucionales en materia de respeto y garantía a los derechos consagrados en las llamadas "tradiciones constitucionales comunes" (arts.2 y 3 TUE), indicando, con alarma, señales de retroceso y emergencia de amenazas; b)-Segunda, porque la Gran Recesión, que arrancó en 2008, ha impactado, muy negativamente, en la calidad y densidad del constitucionalismo europeo, acuciado como nunca por los embates combinados del nacional-populismo, el auge de la extrema derecha (nacionalista y eurófoba) y la denominada "democracia iliberal" (a cuya cabeza se sitúan los gobiernos ultraconservadores en Hungría y en Polonia); c)- Tercera, porque no puede olvidarse que los derechos de la CDFUE no solamente cubren a los ciudadanos europeos, sino a cualquier persona que se encuentre en territorio de la UE, en un contexto contaminado por el rechazo al extranjero y el prejuicio contra el diferente; d)-Cuarta, porque el paisaje descrito en los Informes anuales de la FRA, lejos de reconfortante, es crecientemente oscuro, marcado por el populismo, el nacionalismo extremo, las fobias contra minorías, la estigmatización del otro y los discursos del odio que conducen a la xenofobia y al racismo.

Parece imprescindible hablar de desafíos tan urgentes como persistentes en la lucha contra toda forma de discriminación en la UE

No puede perderse de vista que la respuesta en este frente no puede escorarse, sin más, al sesgo seguritario que viene desequilibrando el exigible balance entre libertad y seguridad, dada su dimensión de derechos fundamentales de los europeos consagrada por la CDFUE (art.6) (como, por cierto, lo hace el art.17 de la Constitución Española). Ni el populismo punitivo ni las restricciones indiscriminadas a la libertad de expresión, manifestación o libre circulación de personas en las fronteras interiores de la UE, pueden aceptarse, por tanto, ni como solución ni como horizonte confiable frente al actual deterioro de los derechos en la UE.

Por contra, parece imprescindible hablar de desafíos tan urgentes como persistentes en la lucha contra toda forma de discriminación en la UE. Los sintetizo en tres, cuya exposición no alude a ninguna prelación ni orden de precedencia, hallándose interconectados entre sí.

Un primer desafío compele al restablecimiento del compromiso europeo con su modelo social, abruptamente postergado y posteriormente arrasado por el manejo de la crisis y de la Gran Recesión que impuso, con la austeridad recesiva, un ajuste de cuentas contra lo que la Constitución de 1978 define como Estado social. Lo que comporta restaurar la prioridad de la inclusión —migrantes y refugiados— y la solidaridad frente a quienes levantan muros contra los que tocan a las puertas de Europa.

Un segundo desafío es -sigue siendo, como siempre- el de la igualdad y la lucha contra la discriminación. Igualdad sí, todavía, y sobre todo, derechos de las mujeres frente a toda forma de violencia y de discriminación: y ahí está, para probarlo, ese impresionante e irreversible caudal de feminismo expresado este memorable 8M, sacudiendo toda España.

Contra la brecha salarial y contra todas las formas de desigualdad y opresión que siguen gravando a las mujeres en la sociedad española, no basta el recordatorio de los mandatos taxativos que encierran, constitucionalmente, los arts. 9.2, 14, 35, 139.1 y 149.1.1. CE, todos ellos relativos a la cláusula constitucional de la igualdad y prohibición de discriminación.

Como no basta tampoco el recordatorio del art.14 CEDH y la jurisprudencia garantista del TEDH. Ni basta tampoco invocar el contundente tenor de los arts.20 y 21 CDFUE, todos ellos terminantes en la prohibición de discriminación por razón de sexo, género u orientación sexual.

Como tampoco basta reivindicar la vigente LO 3/2007, de Igualdad, una de las más señeras del primer Gobierno Zapatero en que tuve el honor de servir como ministro de Justicia.

Porque ninguna de esas cláusulas constitucionales, internacionales, europeas y legislativas (ley española en vigor) ¡pese a prohibir expresamente toda discriminación salarial por razón de género! han servido todavía -¡40 años después de la Constitución de 1978, y 32 después de nuestra adhesión a las Comunidades Europeas!- para garantizar lo bastante la radicalmente igual dignidad de las mujeres respecto de los hombres en el acceso al trabajo y a la promoción laboral, a una igual retribución por igual trabajo y a todas las prestaciones asociadas al trabajo.

Pero la igualdad, también debe ser todavía reivindicada en muchas latitudes de Europa frente a las restricciones de su libertad de elegir y decidir acerca de sus derechos de salud sexual y reproductiva, incluyendo sus opciones respecto de la interrupción voluntaria del embarazo.

Y hay un tercer desafío: el de la lucha contra toda forma de discriminación y segregación en razón de la adscripción de la persona a un colectivo social históricamente desvalorado. Esa es también una batalla por la igualdad en derechos "real y efectiva" a la que alude el art.9.2 CE. Una batalla que afecta no sólo al colectivo LGBTI, sino también, en Europa, a los miembros de la población romaní (la comunidad gitana); a los judíos europeos, que vuelven a padecer un creciente antisemitismo en que confluyen factores de diversa índole; a los pobres y excluidos (víctimas de aporofobia), a extranjeros e inmigrantes (xenofobia); a africanos (afrofobia); y a musulmanes (islamofobia)... y a todos los colectivos étnicos o culturales que padecen todavía, cualquiera que sea el grado y la forma, algún discurso de odio o las distintas fobias que embrutecen el espacio de nuestra convivencia.

Populismo, xenofobia, racismo, discurso del odio, ultranacionalismo y negación del diferente son, en efecto, elementos del todo perturbadores para el estado de revista de la CDFUE que han venido señalados en este último debate en el PE. Los mismos que, como he subrayado, delinean con trazo oscuro el exigente paisaje de los derechos fundamentales en Europa. Porque no solo hay que promover los valores fundadores de la Unión Europea (arts.2 y 3 TUE). Hay que trabajar, a diario, haciendo de cada día del año un 8M, activamente y permanentemente, por el compromiso de la UE en la promoción de una sociedad abierta, pluralista inclusiva, solidaria y combativa contra toda discriminación.

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