Declaración juramentada contra el sentido común

La acumulación de revelaciones que, en los últimos días, evidencian la superposición de objetivos y de modos de operar entre los llamados casos Bárcenas y el Gürtel -tanto monta, monta tanto-, ha reavivado el debate sobre la corrupción en que ha venido emponzoñándose la política española durante demasiado tiempo. Cierto que en esta ocasión estamos en un debate menos genérico que de costumbre, puesto que se concreta en su entramado en administraciones gobernadas por el PP y dentro del propio PP, visto el protagonismo de quien fue su tesorero durante más de 20 años.

La mala noticia es que el punto de saturación es álgido. La náusea sucede al hastío, y uno y otro recorren el conjunto de la sociedad española con una virulencia carente de precedentes en nuestra memoria viva. La situación es gravísima, de una intensidad terminal que amenaza como nunca con la berlusconización de la imagen del Gobierno de España ante los ojos de Europa. La buena noticia es, en cambio, que la ciudadanía, la gente, informándose por fuentes propias, no está dispuesta a dejarse engañar más. Son millones los españoles que están gritando en la calle que no admiten más mentiras, ni que se les dé gato por liebre.

Hablemos una vez más de la necesidad de restablecer la política, esa que me empeño en llamar Política con mayúsculas. Y ahora, visto el destrozo, el trabajo de la política pasa por enlazar con el sentido común, a través de la empatía y con el estado de ánimo de la ciudadanía a la que se aspira a representar.

Veamos qué es lo que la indignación de la ciudadanía pone de manifiesto ante ese sexto sentido que es el sentido común. Pues bien, el sentido común dice con claridad que, cuando de tramas corruptas se trata, lo que periodísticamente se ha dado en llamar "dinero A" (lo que ridículamente la cúpula del PP llama "contabilidad oficial") es el que se ingresa en nómina por transferencia bancaria; en cambio, el "dinero B" viaja en maletines y en sobres repletos de billetes sudados procedentes de negocios ilícitos. Y que ese dinero suele ser o bien el pago de comisiones por negocios ya perfeccionados con las administraciones públicas contaminadas por la corrupción, o bien es un primer anticipo por expectativas pendientes de "negocios calentitos". Y ese "dinero B" no se apunta en los libros que enjuicia el Tribunal de Cuentas, con parsimonia pleistocénica, sino en servilletas manuscritas o en libretitas de chichinabo, tal y como parece ser el caso de los llamados "papeles de Bárcenas".

El mismo sentido común es el que sugiere también que, una vez que sabemos que el tesorero del PP llegó a atesorar 22 millones de euros en una cuenta opaca en Suiza, nadie puede ya creerse que ningún profesional de la avaricia fiscal vaya a poner todo su dinero en una sola cuenta -todo indica que había más-, ni que resulte creíble que haya llegado a amasar semejante fortuna de espaldas o sin engrasar ninguna complicidad entre los jerarcas a su alcance. Bárcenas, según se ha sabido, ha disfrutado hasta hace poco de acceso libre a la sede de Génova del PP. Desde el sentido común no puede explicarse, si no, que el PP no haya reaccionado con una querella fulminante contra quien fue su tesorero.

El sentido común le dice también a millones de ciudadanos españoles que esos sobres tenían como destino no sólo "financiación" presuntamente ilegal, sino también, cómo no, los negocios compartidos o las expectativas de lucro personal de los implicados en la trama.

Y el mismo sentido común, ante las entendederas de millones de ciudadanos, es el que indica que la amnistía fiscal de la que se benefició, mediante sociedad interpuesta, el tesorero del PP tendría todas las trazas de haber sido maquinada para favorecer su impunidad. Resulta imposible sustraerse a la sospecha de que la operación pudo ser instigada por el temor a que la persecución penal o el eventual encarcelamiento de Bárcenas pudieran tener consecuencias de impredecible calado o de irrefrenable carácter sísmico en áreas del PP y, por tanto, sobre su acción de Gobierno.

La depuración de la náusea ante la corrupción exige una reacción, escalonada en tres escenarios complementarios. En el corto plazo, la Justicia -el Fiscal- debería llamar a declarar a quienes resulten encartados en indicios de haber entregado o recibido sobres en efectivo llenos de dinero negro. Por su parte, el Parlamento debería activar una Comisión de Investigación sobre la obscena e injusta Amnistía Fiscal y sobre las indicaciones de ramificación de la trama Gürtel en el área del Gobierno.

En el medio plazo, sigue siendo imprescindible establecer mecanismos de refuerzo de los controles externos y de controles preventivos. Tanto los controles internos (la "auditoría interna" y la "declaración jurada" de no haber recibido ingresos en dinero negro ¡como si quien los hubiera recibido pudiera ser tan estúpido para reflejarlo todo en su declaración de la renta!), como los controles ex post que efectúa el Tribunal de Cuentas resultan fácilmente burlables y escasamente creíbles por su inefectividad, a la luz de la abrasiva marea de descrédito que como consecuencia de los manejos de algunos desvergonzados, sacude como nunca a la "política" en España.

A más largo plazo, es más preciso que nunca antes apostar por una seria reforma constitucional, continuada por reformas legislativas e institucionales de envergadura y profundidad proporcionadas a la magnitud del seísmo. Y ello con la vista puesta en defender la democracia, reforzar la transparencia y la dación de cuentas de todos los poderes públicos y privados -forzosamente de aquéllos que reciben dinero público y de los contribuyentes-, y relanzar las instituciones para el control preventivo y represivo contra la corrupción y la colusión de intereses.

Esta es la única palanca para recuperar tanto la confianza interna (los ciudadanos y su vínculo de afecto y respaldo legitimador de las instituciones), como el crédito exterior (la ahora deteriorada imagen de la marca España en la UE y en el mundo).

Duele esta situación. Duele de veras. Pero este repaso no estará completo hasta que no apelemos de manera contundente a la responsabilidad social de la ciudadanía contra la corrupción. De manera principal, los electores del PP; los mismos que volvieron a darle sus mayorías absolutas en la Comunidad valenciana cuando las evidencias de Gürtel eran ya clamorosas y repugnantes; o en la Comunidad de Madrid cuando antiguos consejeros, altos cargos o alcaldes se encontraron imputados y con el fango hasta las cejas; o en las Islas Baleares, después de la cleptocracia de los tiempos de Matas y su PP balear, o en tantos y tantos otros pagos que tan blindados e inmunes han hecho a quienes chapotean en la ciénaga con el desparpajo inaudito de la impunidad en las urnas ante sus propios electores.