Por una Constitución renovada

En el actual clima de fragilidad institucional y falta de perspectivas europeas la circunstancia española se ve condicionada por cuestiones internas. Es injusto atribuir a la gestión del último Gobierno socialista las causas de nuestra gran recesión, que por lo demás están bien definidas y estudiadas por los expertos. Pero no se puede negar que la incompetencia del presidente Rodríguez Zapatero contribuyó a equivocar el diagnóstico, retrasar determinadas medidas necesarias y empeorar la situación. La debacle socialista en las pasadas elecciones es comparable a la de otros gobiernos fulminados por los efectos de la crisis. La espectacular mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular, y el temprano desencanto de sus electores tras los primeros meses de su ejercicio del poder, responden a idénticos motivos.

La necesidad imperiosa de las gentes de buscar una respuesta a sus problemas acuciantes se estrella contra la verborrea de los candidatos en las campañas electorales, y el consistente incumplimiento, una vez se ven en el poder, de muchas de las promesas que hacen. Ninguna formación política escapa a esta crítica, pero afecta más que a nadie a los dos grandes partidos españoles, porque de ellos, sobre todo, depende la estabilidad de nuestro país y el futuro de los españoles.

La excusa frecuente de que el baño de realidad les obliga a desdecirse de sus ofertas previas solo contribuye aún más a su descrédito. Gran parte de esa realidad era previsible y conocida tanto por el poder como por la oposición antes de las elecciones. Pero oposición y poder la ocultaron, acicateados por la competencia electoral. Es imposible, por ejemplo, que el Gobierno socialista y la oposición popular no supieran que el déficit público de nuestro país se había disparado en 2011 por encima de las previsiones oficiales cuando en octubre de dicho año ese era un dato manejado abiertamente por los mercados. Y de repente empezaron a aparecer facturas guardadas y un traspapeleo de cuentas todavía no explicado en los cajones de todas las Administraciones públicas. De modo que si no es verdad que todos los políticos mienten, no deja de ser cierto que el ocultamiento y la falta de transparencia se han convertido en un arma habitual en las contiendas electorales.

El debate político circula ahora por unos meandros incomprensibles para la mayoría de los ciudadanos, que han tenido que hacer un aprendizaje casero y rápido en torno a los tecnicismos de la política económica. En menos de dos años pasamos de ser un país que nadaba en la abundancia y presumía hasta el ridículo de sus éxitos económicos (¿se nos ha olvidado lo de "el milagro soy yo" o que íbamos a pasar a Francia o incluso a Alemania?) a ser el principal problema para la estabilidad y el futuro de la Unión Europea. Al socaire de esta situación hemos visto tambalearse la arquitectura institucional del régimen democrático, sometida a unos temblores que algunos identifican como el aviso temprano del terremoto que llega. Por unos motivos u otros, prácticamente todas las instituciones del Estado, a comenzar por su jefatura, han sido pasto en los últimos años del escepticismo o la desafección.

Las encuestas de opinión señalan que la Justicia, el Parlamento y el Ejecutivo merecen las más pobres de las calificaciones y que la clase política en general es considerada una lacra o un peso para el funcionamiento del país. La idea de que todos los políticos son ineptos, ladrones o corruptos está demasiado extendida en un ambiente en el que no hay día en que los periódicos no destapen un nuevo asunto sucio, casi siempre ligado, por cierto, a la burbuja inmobiliaria y el clientelismo político. Las movilizaciones populares, espontáneas o inducidas, desde las del 15-M hasta las de la Diada, los estallidos marginales no exentos de violencia, los reclamos churriguerescos de una democracia directa frente a la ineficacia de la representativa, la desesperación justificada de mucha gente y la impostada de algunos pescadores de aguas turbias, han provocado una peligrosa deriva en la opinión, cada vez más enfrentada al sistema que nos rige, en donde es frecuente el vilipendio de la política. Pero solo la política, y por tanto los políticos, serán capaces de sacarnos de esta situación. Es necesario por eso recuperar su prestigio, su funcionalidad y su misión. La cuestión está en saber si los políticos que tenemos serán capaces de hacerlo, y en qué medida merecen y deben ser ayudados en dicha tarea por la sociedad civil.

Repito que esta no es una situación privativa de España, pero en nuestro caso la gravedad de los problemas se ve acentuada por la ausencia de una larga y perdurable tradición democrática, el funcionamiento cada vez más endogámico de los partidos, convertidos en auténticas castas, y la debilidad aparente de la cohesión territorial del Estado. Es comprensible el desánimo que producen en la opinión pública las reacciones de los líderes españoles con motivo del desafío constitucional que el presidente de la Generalitat catalana lanzó en sede parlamentaria. Lejos de reconocer que este es un problema de todos, y que solo entre todos puede ser solucionado, han vuelto a enzarzarse en discusiones de corto recorrido sobre su respectivas lealtades constitucionales. Cuando hay cientos de miles de personas en la calle reclamando la independencia el poder central no puede volver la cara y decir, remedando al presidente Pujol, que es un tema que ahora no toca. Es ahora cuando toca precisamente resolver la crisis de nuestras instituciones, porque es ahora cuando estas se muestran débiles e ineficaces.

No saldremos de esta crisis (de la económica y de la política) sin una serie de reformas estructurales que necesitan el consenso de todos y que un Gobierno en solitario no puede hacer por mucha mayoría absoluta que tenga. Precisamos un pacto de Estado que defina las prioridades de nuestra política: tenemos que clarificar nuestra posición en Europa, recuperar la influencia y el poder perdidos en el exterior, rediseñar la articulación territorial del Estado, revisar el sistema electoral, el funcionamiento interno de los partidos y su financiación, definir el Estado de bienestar que queremos y podemos tener, establecer el modelo de crecimiento una vez desinflada la burbuja inmobiliaria y ofrecer un proyecto a las nuevas generaciones desencantadas que les permita suponer que no es la emigración o el hastío el futuro que les espera. Será imposible dar una respuesta clara a tantas interrogantes sin ese verdadero pacto de Estado que la haga posible. Entre otras cosas porque cada vez resulta más evidente la necesidad de una reforma Constitucional, que ya llega tarde, y sin la que algunas de estas cuestiones permanecerán sin respuesta.

Todos deben contribuir al pacto, aunque hay dos protagonistas singulares sobre los que cae la mayor responsabilidad: el partido del Gobierno y el partido socialista. Naturalmente un pacto es un pacto y no un trágala: todos pierden y todos ganan en él. A fin de que se produzca con normalidad, la oposición debe asumir que el Partido Popular gobierna con la mayoría absoluta, lo que genera una estabilidad deseada por los ciudadanos, y no tiene sentido jugar al regate corto. Este Gobierno debe durar porque para ello lo han elegido los españoles. El Partido Popular, por su parte, debe ser consciente de que para según qué cosas, la mayoría absoluta por sí misma no sirve, y es preciso un consenso más amplio. Por último hace falta enfriar los ánimos y no agitar la calle desde las tribunas, si no queremos ahuyentar las pocas ayudas que llegan de fuera. Sin crédito e inversión extranjera será imposible recuperar los niveles de bienestar y la cohesión social que hemos perdido.

Hay quien piensa que ya tenemos suficientes dificultades como para generarnos otras nuevas, por lo que tienden a suponer que emprender una reforma constitucional sería añadir confusión e incertidumbre. No acaban de asumir que reformar la Constitución lejos de ser una parte del problema constituye una forma de comenzar a solucionarlo. La Constitución no es un tótem, sino un acuerdo que debe y puede ser renovado y ajustado a los tiempos. Varios artículos han quedado obsoletos, faltan otros que recojan la realidad sobrevenida y, sobre todo en lo que se refiere al Estado de las Autonomías, no da cauce adecuado a las demandas de amplios sectores de ciudadanos de las nacionalidades históricas. Sorprenden algunas respuestas demasiado políticamente correctas a las preguntas de los que inquieren por qué si el estado federal podía ser una solución a los contenciosos catalán y vasco no se adoptó esa vía en las Cortes Constituyentes hace más de tres décadas. Frente a la ambigüedad de las explicaciones se olvidan de dar la única cierta: el Ejército no lo hubiera permitido.

Comentaba yo con el titular de una alta jerarquía del Estado que el desconcierto institucional que padecemos podría compararse al ambiente reinante en los tiempos de la Transición. De ninguna manera, me dijo, ahora es peor, porque entonces sabíamos lo que queríamos y estábamos todos unidos. Este no saber lo que queremos pone de relieve la ausencia de un plan, de una hoja de ruta que ilumine a los ciudadanos sobre el rumbo a seguir. Lo peor de la crisis económica no es su dureza, con ser mucha, ni su prolongación, sino la sensación de que puede durar lo mismo tres años más que diez, diga lo que diga -antes de desdecirse de nuevo- el señor ministro de Hacienda. No existe un plan definido y fiable para la recuperación económica, no que nosotros sepamos, y nadie es capaz de predecir cuándo comenzaremos a ver la luz al final del túnel. La ausencia de ese plan no puede ser sustituida con promesas. Lo mismo podría decirse respecto a las grandes declaraciones acerca de la unidad de España o la fortaleza del sistema. La gente demanda menos retórica y más liderazgo, menos ambigüedad en las declaraciones y mayor transparencia en los hechos.

Segunda parte (de tres), de la ponencia de Juan Luis Cebrián '¿Crisis? ¿Qué crisis?', en el Foro de la Nueva Comunicación. Puedes consultar aquí el primer artículo.