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24/06/2014 07:22 CEST | Actualizado 23/08/2014 11:12 CEST

Que coman pasteles

El hecho de que se pueda plantear un referéndum sobre la monarquía es un rayo de luz sobre el oscurantismo en el que se ha sumido España desde que el PP ganase las elecciones generales. El referéndum significaría poder decidir democráticamente, algo que parece más factible que el hecho de que el Gobierno deje a las mujeres decidir sobre su maternidad.

Cada día es más fácil incurrir en un supuesto delito en España, digo supuesto porque la realidad es que cosas que creemos que son legales de pronto dejan de serlo, por gracia y obra de la Policía Nacional y del Gobierno, que no olvidemos, es el que da las ideas. Ejemplo de ello fueron los incidentes que se produjeron hace dos días, el 19-J, cuando Felipe de Borbón subió al trono después de que el monarca que nos legó el Generalísimo abdicase. Mientras las calles del recorrido por donde pasaría el nuevo rey no electo permanecían casi vacías, los y las republicanas paseaban por la vía pública portando símbolos que expresaban su desacuerdo con la monarquía y su simpatía con la tricolor: chapas, banderas, pañuelos con los mismos colores...

Empezaban bien temprano las identificaciones a ciudadanos por llevar dichos símbolos, cuando según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de hace ya diez años, no es ni ilegal ni inconstitucional portar la bandera republicana. Sin embargo, personas de todas las edades eran retenidas en plena calle, obligadas a identificarse, y en algún caso detenidas, tan sólo por el hecho de expresar un pensamiento diferente al que el Estado obligaba a acoger este pasado jueves. El estado de excepción en el que se sumió Madrid gracias a la delegada de Gobierno en la comunidad, Cristina Cifuentes, y a la labor de la Policía Nacional, es propio de un Estado no democrático. Un grito: "¡Viva la República!" valió al menos la detención de un ciudadano en pleno centro de la capital. Y es que mientras toda clase de ciudadanos, también españoles, exhibían símbolos y banderas monárquicas, otros con los mismos derechos y libertades eran detenidos y llevados a comisaría. El 19 de junio se produjeron al menos nueve detenciones (según la cadena de televisión favorita del Gobierno), por hacer apología de la democracia, del derecho a decidir y el uso de la libertad de expresión.

Cristina Cifuentes afirmaba que las detenciones se habían producido por incurrir en la falta de "resistencia a la autoridad", y yo me pregunto, ¿por qué habría de resistir un ciudadano en pleno paseo si no está siendo agredido en sus libertades? La respuesta es simple, porque hoy día la única forma de expresar nuestro desacuerdo con las acciones del Gobierno y el Estado es resistiendo. La resistencia pacífica es un derecho, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Sin embargo, cada día se ve más pisoteado por el Gobierno del PP, que no sólo protege a la monarquía sino también a los sectores más ultraderechistas, violentos y privilegiados del país.

No basta escudarse en vagas justificaciones que digan que podía haberse producido un incidente de orden público por portar los colores republicanos cerca de ciudadanos con banderas monárquicas para privarnos de un derecho. Si bien el nuevo rey Felipe VI hablaba en su discurso de una España inclusiva, la realidad era otra muy distinta, deduciéndose así que es inclusiva para los que aceptan ser súbditos pero no para los que deciden que no quieren serlo.

Desde su coche, un Phantom IV comprado por el dictador Franco en 1952, Felipe VI saludaba por las calles hasta el Palacio Real a los pocos que se habían acercado a las vallas que acotaban el perímetro. Un sinfín de cifras rondaban los medios, que intentaban vislumbrar, sin éxito exacto, cuántos se encontraban esperando al monarca. Jamás se sabrá si la poca afluencia de público se debía a la negativa por la coronación, o al miedo que suscitaban los 120 francotiradores que apuntaban a los ciudadanos.

Mientras se producía este recorrido me era inevitable no pensar en el gasto que suponía todo el despliegue policial y militar, pero también el gasto que se deducía de todos esos invitados, de la decoración de Madrid y hasta de los arreglos florales. Toda esa gran suma de dinero que procede de los contribuyentes, los mismos contribuyentes que ven día tras día cómo la sanidad y la educación pública se ven más afectadas. Los mismos ciudadanos que temen por su derecho a la vivienda y la tasa de pobreza y riesgo de exclusión social no para de incrementarse... Ahí, inexpugnablemente una escena abordaba mi mente, aquella de la película Maria Antonieta de Sofía Coppola donde se dirigen a la reina de Francia y le dicen:

"Majestad, el pueblo no tiene pan..."; y ella contesta "¡Que coman pasteles...!"

¿Excesivo? Esta imagen no me puede cuadrar más con el hecho de que más de tres comunidades autónomas, entre ellas Madrid, no vaya a abrir los comedores escolares en los meses de verano "para no marcar" a los niños y niñas socialmente, cuando la única marca que se está imponiendo de esa manera es la de: privilegiados, y no privilegiados; ricos y pobres; los que no padecerán de malnutrición y los que sí lo harán. Esto, por supuesto, no supone ni delito ni falta para nadie en el poder...

La capital del país era un Estado de excepción, un estado de sitio, donde todos y todas podíamos ser sospechosos. ¿A qué se debe tal paranoia? Quizás no sea tan descabellado pensar que existe un descontento generalizado hacia la corona. No sólo por la cantidad de escándalos que se han levantado en torno a ella en los últimos años, sino porque también es una institución innecesaria y obsoleta en los años que corren a la vista de muchos españoles y españolas. Pero sobre todo, porque en un momento tan crítico para la democracia y la economía que atraviesa el país, el hecho de que se pueda plantear un referéndum es un rayo de luz sobre el oscurantismo en el que se ha sumido España desde que el Partido Popular ganase las elecciones generales. El referéndum significaría poder decidir democráticamente, algo que parece más factible que el hecho de que el Gobierno deje a las mujeres decidir democráticamente sobre su maternidad.