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16/10/2015 07:11 CEST | Actualizado 15/10/2016 11:12 CEST

¿Es compatible abogacía y política? Túnez dice que sí

abogadosEn el llamado "Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez", que acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz, la Abogacía ha jugado un papel fundamental para alcanzar la estabilidad política junto a instituciones como los sindicatos, la patronal y el tejido asociativo.

EFE

El curriculum de la clase política de este país lleva la carrera de Derecho como un denominador común, o al menos bastante común, pero la abogacía española parece estar divorciada de la actividad política.

Quizá todavía alguien recuerde el papel de los abogados y abogadas en la lucha por los derechos civiles y sociales en nuestro país durante la Transición. Y quizá sea un buen momento ahora, tras las elecciones en Cataluña y antes de las Generales para plantearnos nuestra responsabilidad social, porque lo jurídico, como lo personal, también es político.

Hoy leía con agrado el blog de el presidente de la Abogacía Española , Carlos Carnicer, que en un artículo muy lúcido hablaba de La Abogacía y la Justicia en la campaña electoral. Igualmente, mi compañero y presidente reflejaba en su Twitter esta semana el importante papel de la Abogacía a nivel político en Túnez.

He de reconocer que miro a Carlos Carnicer como un ejemplo de activista jurídico en una institución demasiadas veces atrincherada en su torre de marfil. La mención a Túnez me llamó la atención, pues aunque presumo de seguir muy de cerca la evolución política del mundo árabe , no había recalado en el papel de la Abogacía en la democracia tunecina. El ejemplo de Túnez, aunque no sea directamente extrapolable a nuestra realidad, puede servirnos como reflexión sobre el papel político de la Abogacía. Gracias Carlos por abrir el debate.

En realidad, Túnez, al igual que España (incluyendo Cataluña), se enfrenta por un lado a una ciudadanía que, por justicia social, demanda una participación política directa y que represente realmente sus intereses, sobre todo los económicos; y por otra parte, su sistema de partidos carece de las herramientas para afrontar la crisis de gobernabilidad puesta de manifiesto una vez el bipartidismo ha perdido vigencia.

El llamado "Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez" ha sido merecedor del Premio Nobel de la Paz 2015, como han destacado algunos medios . En ese cuarteto, la Abogacía ha jugado un papel fundamental para alcanzar la estabilidad política junto a instituciones como los sindicatos, la patronal y el tejido asociativo, sin que los partidos políticos dejen de ser el eje articulador del sistema constitucional. Túnez nos ha enseñado que esas cuatro instituciones, donde cabe absolutamente toda la ciudadanía, aunque centenarias, aún pueden dar mucho de sí.

Otra cuestión distinta sería, mirando el papel de estas instituciones en España, determinar la eficacia de las mismas, su representatividad y, sobre todo, su interés en ser parte del debate político y ofrecer soluciones a la crisis de gobernabilidad existente.

Asistimos estos días a debates importantes para la ciudadanía que, en el debate electoral, se tocan con carácter demasiado partidista y con muy poca independencia. Junto a los sindicatos, la patronal y el tejido asociativo, la Abogacía debería tomar partido, extendiendo las reivindicaciones sobre la justicia a la consecución política de un Estado social de derecho, justo por definición.

Si atendiendo a su origen griego la política es el arte de ocuparse de los asuntos que a la sociedad concierne, la abogacía no debería estar tan alejada de la política. Con demasiada frecuencia observamos en la profesión una gran timidez en lo que se refiere al ejercicio público de su responsabilidad social y política. Es cierto que, por prudencia profesional, algunas y algunos no expresamos nuestras ideas políticas de forma individual. Pero rompiendo una lanza de nuevo por Carlos Carnicer, he de decir que bajo su mandato se escucha cada vez más fuerte la voz de nuestro colectivo en importantes temas que afectan a la ciudadanía, como la lucha contra el desmantelamiento del sistema de justicia gratuita, reivindicaciones a favor de los derechos de las y los emigrantes o un posicionamiento combativo contra la nefasta reforma del Código Penal.

Igualmente, la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, se ha posicionado por la igualdad de genero en la profesión y sin tibieza alguna por la protección de los derechos civiles; mientras, el ICAM se está convirtiendo en referente de una abogacía progresista.

Pero lo anterior son actuaciones excepcionales que precisan emulación tanto a nivel individual como colegial. Quedan aún temas de gran calado constitucional donde la Abogacía no se posiciona y donde nuestra opinión sería necesaria. La abogacía española tiene un papel que jugar mas allá de lo técnicamente jurídico y la Justicia como institución. Es cierto que muchos de los temas de debate político no podrán ser representados con una única voz, pero estoy seguro que los distintos escenarios y posiciones podrán ser expresados de una forma objetiva e independiente por la Abogacía y que sin caracter exhaustivo citaría los siguientes, además de los enunciados por Carlos en su artículo:

  1. La constitucionalidad o no del debate sobre nacionalidades y un posible federalismo
  2. El derecho a la vivienda, los desahucios y la dudosa aplicabilidad de muchos de los preceptos de la Ley Hipotecaria y su Reglamento
  3. La regulación de los derechos y libertades ciudadanas, con especial atención a a la protección de la libertad de expresión, la igualdad, el trabajo, la sanidad pública, la educación y una adecuada regulación de los derechos sexuales y reproductivos
  4. La injerencia internacional y de las agencias de calificación en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la negociación de la Deuda Pública, obviando su función social en nuestro estado soberano y de Derecho
  5. La renegociación de los Acuerdos, Concordatos y otros Tratados Internacionales preconstitucionales y su adaptación a nuestra realidad jurídica y sociopolítica
  6. La posición jurídica de la Iglesia en relación a las inmatriculaciones civiles de gran parte del patrimonio histórico español y la función social del mismo
  7. Los efectos constitucionales de los actos de guerra y de Estado durante la dictadura y una regulación adecuada de los problemas derivados de la llamada "memoria histórica"

Mientras el debate político tiene un claro acento electoralista la ciudadanía y sus agentes siguen buscando un foro para debatir los temas que les preocupan y a lo mejor, siguiendo el ejemplo tunecino podríamos recuperar el papel político de las instituciones que la representan directamente. Y así, los sindicatos, la patronal y en general de todo el tejido asociativo, junto a la Abogacía, podría trabajar para conseguir el apoyo de sus representados en aras de un dialogo social y político efectivo.

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