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01/02/2019 07:20 CET | Actualizado 01/02/2019 07:20 CET

El Parlamento Europeo puede frenar el machismo en las redes sociales

Getty Images

Posiblemente también ocurre en los pasillos de cualquier institución europea, y por ello es necesario actuar: una mujer pasa junto a un corrillo de hombres apostados en la acera. Tras de sí, deja una estela de silbidos y comentarios soeces por los que, además, debe sentirse lisonjeada. Una adolescente vuelve a casa de madrugada, y escucha unas pisadas en retaguardia que sólo resultan perceptibles para su oído, alertado por un instinto atávico y una arraigada herencia cultural que, desde tiempo inmemoriales, advierte a las féminas de que no han de andar solas y que, si cometen tamaña imprudencia, tendrán que evitar las sombras y apretar el paso, como lo hace ahora ella con el corazón en la boca.

Patrones de comportamiento que, lejos de erradicarse, han saltado sin grandes mutaciones al ecosistema virtual, espejo al fin y al cabo del analógico, donde se han perpetuado, adaptándose a su lenguaje específico y aprovechando todo el potencial, a veces verdaderamente destructor, de sus canales de difusión. Insultos cargados de veneno misógino, desautorizaciones basadas única y exclusivamente en el sexo del emisor, acoso verbal y gráfico por medio de fotografías pornográficas y violentas, llegando en muchos casos a la extorsión.

La lista de herramientas de hostigamiento es larga, y cada vez más sofisticada. Además, no se circunscriben a unas horas de la noche, unas calles conflictivas o unos portales mal iluminados. Escapar de la red de redes resulta mucho más complicado. Su ubicuidad y alcance acrecienta la vulnerabilidad de las víctimas. Nadie está a salvo. Periodistas, políticas como las que ya denunciábamos hace unos meses en el Diario Público, en el artículo titulado Los amos de Internet no dan la cara por las mujeres.

En España, la protección legal frente a la difamación es impracticable, y las lagunas jurídicas han convertido el panorama en un lodazal de impunidad que victimiza por partida doble

Nadie puede cuestionar cómo esta condensación de odio o desprecio en unos pocos caracteres, en su mayoría dirigido a mujeres, es un claro ejemplo de violencia sexual, machista por definición. Este ensañamiento no sólo afecta a figuras públicas, que, a causa de su prominencia, pueden convertirse más fácilmente en blanco de las iras y la animadversión de los internautas. La ciudadana de a pie se halla igual de expuesta, como demuestra el apoyo masivo recibido, con casi 80.000 adhesiones a través de la plataformachange.org, que la Agencia Comunicación y Género registró el pasado mes de septiembre con el número 0777/2018 ante el Parlamento Europeo; o la promovida por la revista Píkara ante el Parlamento Español, porque también el Estado español desprotege a las mujeres ante las violencias digitales.

Y no, esto no nos lo inventamos. Sirva como referencia un informe de Amnistía Internacional que denunciaba recientemente como una de cada cinco mujeres en España sufre abusos en Internet. El 54% de estas encuestadas declararon haber cambiado sus conductas en las redes a consecuencia del ciberacoso. Una vez más, es la víctima la que se inhibe, la que se reprime, la que acelera el paso, la que baja la cabeza. El motivo no es otro que el desamparo que padecen por parte de instancias judiciales, ya que, con demasiada frecuencia, la ley ha ido por detrás del vertiginoso ritmo al que el mundo digital iba imponiendo sus reglas de juego.

En España, la protección legal frente a la difamación es impracticable, y las lagunas jurídicas han convertido el panorama en un lodazal de impunidad que victimiza por partida doble, pese a que el artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen. Frente a la inacción o lentitud judicial, las redes sociales que sirven de plataforma a estas ofensas tampoco cuentan con protocolos eficaces para eliminar estos contenidos difamatorios mientras no haya de por medio una sentencia, y, además, se encuentran en un limbo jurisdiccional que les permite situarse al margen de las legislaciones nacionales.

Sólo mediante la movilización y la denuncia se conseguirá que ninguna mujer tenga que contener el aliento al meter la llave en el portal, ni tampoco cuando vibre su móvil.

¿Y qué hacen las empresas que gestionan las redes sociales cuando se les reclama protección frente a dichos delitos? Cómo denunciábamos en el artículo mencionado de Diario Público "sus respuestas adoptan la forma pasiva, unilateral y discrecional de un simple mensaje automático. Así, no sólo ignoran la gravedad del caso, sino que desalientan aún más a las víctimas de los ataques — que no tienen recurso mientras no haya de por medio una sentencia."

Sólo mediante la movilización y la denuncia se conseguirá que ninguna mujer tenga que contener el aliento al meter la llave en el portal, ni tampoco cuando vibre su móvil con la notificación de un nuevo ataque en 140 letras. Por favor, señoras y señores parlamentarios, atiendan nuestra petición.

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