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16/03/2018 07:33 CET | Actualizado 16/03/2018 07:33 CET

¿Por qué difamar a traves de Twitter, Facebook, Google, Youtube e Instagram parece salir gratis?

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Mientras lee este artículo, cientos de personas, ojalá que ni usted ni yo, están siendo difamadas en Internet en nuestro país. Prende con un solo click. Se ilumina la pantalla de cualquier terminal y el derecho al honor se queda a oscuras, desconectado.

"Difamar sale gratis" parece ser el #hashtag no escrito, el 'trending topic' de las redes. Pero en el aparente "todo vale" del ciberespacio no debería valer todo.

"Difamar sale gratis" parece ser el #hashtag no escrito, el trending topic de las redes. Pero en el aparente "todo vale" del ciberespacio no debería valer todo.El código binario de mentiras y falsedades infecta la red y la llena de enredos y, aunque existe legislación y recursos para proteger el derecho al honor, la realidad es que no son eficaces.as redes sociales se convierten en plataformas que publican lo que un día sólo hacían los periódicos —sin someterse a su código deontológico— e ignorando el derecho al honor de la ciudadanía. Quizás, entre otras muchas cosas, esto nos lleve a reconocer, como decía la decana del Colegio de Periodistas de Cataluña, Neus Bonet:

Los periodistas son más necesarios que nunca, porque su profesionalidad y sentido ético es lo que da credibilidad a las informaciones, en un mundo en el que cualquier persona puede ser informador a través a las redes sociales

Los periodistas son más necesarios que nunca, porque su profesionalidad y sentido ético es lo que da credibilidad a las informaciones, en un mundo en el que cualquier persona puede ser informador a través a las redes sociales.

Pero mientras exista este desorden en las redes, la protección del derecho al honor se ha de sustentar en el Derecho. Y no, no hacen falta nuevas leyes, tan sólo cumplir las que tenemos. Desde el artículo 18.1 de la Constitución hasta en la última sentencia de nuestros tribunales, se insiste en el derecho que nos asiste para proteger nuestro honor (ver Wolters Kluwer).

Pero a pesar de existir legislación suficiente, en España la protección es impracticable. Y lo es porque frente al daño que hace la rapidez con la que se mueve la difamación en redes, la lentitud de los procedimientos y respuestas que tenemos, hace irrelevante que nos den o no la razón —años después. Y sirva de ejemplo las acciones legales que presenté contra una de estas plataformas el pasado diciembre, y de la que estando ya en marzo aun no tengo noticia alguna. Mientras tanto el contenido difamatorio que denuncié sigue circulando en las redes, y aunque la situación desde la perspectiva legal es frustrante, hay que seguir denunciando a estos operadores.

Por otra parte, la resolución extrajudicial no da mejor resultado. Tratar de contactar con estas plataformas o utilizar sus protocolos internos para denunciar situaciones de acoso o difamación, solo garantiza una serie de respuestas automatizadas, cuyo carácter es claramente disuasorio. Únicamente con una decisión judicial se puede proceder efectivamente a que estas redes eliminen los contenidos difamatorios.

¿Y qué hacen estas plataformas digitales para ayudar a las víctimas de acoso o difamación?

Por el momento se niegan, en los casos de ciudadanas o ciudadanos normales, a eliminar los contenidos que atentan contra su honor. Las estadounidenses Twitter, Facebook, Google, Youtube e Instagram se encuentran (des)localizadas en una especie de limbo jurisdiccional, con una débil presencia en Irlanda para asuntos europeos y no parecen hacer mucho caso de nuestras denuncias. Es una situación que preocupa y que denuncian entre otras organizaciones el Internet & Jurisdiction Policy Network.

La legislación jamás debiera ser irrelevante y la jurisdicción nacional debería convertirse en el único antivirus frente a la ley del "todo vale"

Las plataformas digitales y redes sociales tienen presencia efectiva en todos los países pero parecen estar por encima de las jurisdicciones nacionales y hasta del Derecho Internacional. Generan cuantiosos ingresos por publicidad derivados de los millones de clicks que cada país les regala, y aunque solo fuera por ese elemento, deberían sujetar sus servicios a las leyes de esos estados. Es por ello que los países europeos, como ya se ha hecho en materia fiscal o de protección de datos personales, deben hacer un frente común y exigir que estos operadores se sometan de forma efectiva a la legislación vigente, en lugar del cumplimiento "estético" al que nos tienen acostumbrados.

Son muchas las voces que reclaman un sistema de resolución —judicial o extrajudicial— de conflictos, rápido y asequible, que obligue a estos operadores en cada país. Pero visto lo visto, esto no ocurrirá hasta que la UE les dé otra vuelta de tuerca a estos cowboys neoliberales que parecen querer revivir el salvaje oeste de su histórica California.

El World Wide Web no puede seguir siendo su Wild Wild Web. La legislación jamás debiera ser irrelevante y la jurisdicción nacional debería convertirse en el único antivirus frente a la ley del "todo vale". De lo contrario, cada vez que veamos iluminarse la pantalla de nuestro ordenador, tablet o dispositivo móvil, sentiremos el vértigo de la desprotección, el miedo de un ataque a nuestro honor, sin honor.

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