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20/12/2018 07:16 CET | Actualizado 20/12/2018 07:16 CET

Venezuela sigue en la mira de la CPI

Getty Images
Una protesta en Caracas en noviembre.

La situación en Venezuela ha estado en examen preliminar desde el 8 de febrero de 2018, decisión que tomó la Fiscalía de la CPI luego de recibir una serie de comunicaciones e informes por parte de principalmente, organizaciones no gubernamentales. De acuerdo con la información que ha recibido la Fiscalía, en Venezuela se habrían cometido crímenes de lesa humanidad, al menos, desde abril de 2017.

Ante la elaboración de un informe por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se documenta la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en mayo de este año, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú remitieron en septiembre de este año la situación en el país. Este grupo de Estados solicitaron que se inicie "una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, a fin de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas".

En esta misma línea, se tiene que destacar que la Secretaría General de la OEA, ha venido alertando desde hace años sobre la situación y la posible violación de los derechos humanos en Venezuela. En especial, luego de las manifestaciones que se dieron entre abril y julio de 2017, en las cuales quedó en evidencia el llamado "Plan Zamora", especialmente ideado para reprimir las manifestaciones públicas contrarias al gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Este plan incluye prácticas contrarias a los derechos humanos y de acuerdo con información pública, incluye abusos, maltratos graves, detenciones arbitrarias, torturas, maltratos y otros abusos a los derechos humanos. Pero no es todo: se calcula que desde 2015, unos 1,6 millones de venezolanos han abandonado el país ante la severa crisis económica que azota al país.

Acciones de la Fiscalía de la CPI

En diciembre, la Fiscal de la CPI presentó su informe de actividades de situaciones bajo examen preliminar, lo que ahora incluye a Venezuela. De acuerdo con este informe, la Fiscalía de la CPI ha llevado adelante un análisis "de esta información para así determinar si se cumplen o no con los criterios legales establecidos para poder iniciar una investigación y si los crímenes presuntamente cometidos caen bajo la competencia material de la CPI. De acuerdo con el informe de la Fiscal, "este análisis se guía estrictamente por los requisitos del Estatuto y se está realizando con el objetivo de formular conclusiones en un período de tiempo razonable".

Por ahora, de acuerdo con el Informe de la Fiscal, todo indica que su oficina no iniciará una investigación y continuará con su análisis, reuniendo información de fuentes confiables y documentos sobre los procedimientos nacionales, "en la medida en que ello resulte necesario y apropiado en esta etapa".

Dado el escaso tiempo que ha transcurrido entre la apertura de la situación preliminar y la última Asamblea de Estados Parte, la Fiscalía reconoce las denuncias sobre los potenciales crímenes de lesa humanidad que pueden haberse cometido en dicho país, tomando como base el informe de la OEA. Esto incluye "casos de asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual, desapariciones forzadas, y persecución fundada en motivos políticos".

Jurídicamente, la CPI tiene una jurisdicción complementaria a los Estados. Sin embargo, tomando en consideración la situación actual del país, resultaría sorprendente e increíble que el sistema judicial venezolano lleve adelante de manera genuina e independiente investigaciones por violaciones a los derechos humanos, especialmente, de quienes son percibidos como opositores.

La CPI ofrece una posibilidad más de justicia a todas las víctimas y a sus familiares por presuntos crímenes graves. La CPI es una chance más para que quienes sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos alcancen justicia. Venezuela fue el primer país en ratificar el Estatuto de Roma, en una ceremonia altamente simbólica y la CPI es hoy para el pueblo venezolano una posibilidad real de obtener justicia ante tanta barbarie.

En este caso, la Fiscalía de la CPI debe tener en cuenta el potencial efecto disuasivo que la apertura oficial de un caso podría significar para las víctimas venezolanas. Si bien solo han transcurrido 9 meses desde el anuncio de que Venezuela estaba bajo examen preliminar, la Fiscalía debería construir un caso que le dé algo de esperanza a los 2.3 millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos años.

Escrito con Dr. Salvador Herencia-Carrasco