España y las devoluciones en caliente
Ante el evidente repunte de actitudes manifiestamente racistas en España y en el resto de Europa, y ante el auge de partidos de extrema derecha que ponen en cuestión la convivencia y el respeto a la diversidad, se hace imprescindible tener un discurso nítido en materia de derechos humanos y de respeto a la dignidad de las personas, tengan la procedencia que tengan, profesen la fe que profesen, sea cual sea el color de su piel.
Desde el pasado mes de agosto, España ha devuelto en caliente a Marruecos a 195 migrantes (y posibles refugiados). Parece, a todas luces, que el Gobierno de España aplica en demasía el Acuerdo de Readmisión de 1992 entre España y Marruecos que permite devolver a migrantes y refugiados a un país que, a todas luces, no respeta los derechos humanos. Es injustificable, a la luz del derecho internacional humanitario, que España expulse a seres humanos sin saber si serán perseguidos, en este caso en Marruecos, por motivos de orientación sexual, identidad de género, motivos políticos, o cualquier otra circunstancia recogida en el Estatuto de los Refugiados.
España apostó por la vía del respeto a los derechos fundamentales en el caso del Aquarius, facilitando un puerto seguro a los solicitantes de asilo. Pero lamentablemente, en cuanto al caso que nos ocupa, España ha decidido aplicar, repetidas veces, un acuerdo que llevaba años sin ponerse en práctica y que menoscaba la integridad y la dignidad de los seres humanos. ¿Alguien se ha preocupado en saber si alguna de las personas expulsadas en caliente será apresada, torturada o perseguida cuando llegue a Marruecos? ¿Puede España asegurar que ha respetado los acuerdos de la Convención del Estatuto del Refugiado, de la que forma parte?
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a España en 2014 por la expulsión en caliente de dos personas; fallo que fue recurrido por el Gobierno de Mariano Rajoy, y ahora también por el de Pedro Sánchez. Ante este intento de tapar la realidad, lo cierto es que la mayoría de personas que logran acceder a la oficina fronteriza de Melilla tienen una cosa en común: no son negros. ¿Puede España justificar por qué casi siempre deniega peticiones de asilo a personas de raza negra, cuando la mayoría de peticiones son, precisamente, de personas de esa raza?
Abundando más en esta línea, la defensa que hace el Gobierno de España de su postura ante el TEDH no se sostiene. Aunque es comprensible la demanda acerca de que sea Europa la que marque la política migratoria y, por tanto, la que dé un marco claro, España debe aclarar por qué decide no aplicar los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos a este respecto, que recordemos, son de obligado cumplimiento para los estados que decidieron adherirse a ellos. La respuesta por parte del Gobierno de España de mirar hacia Europa en el caso de las devoluciones en caliente de Marruecos, y, en cambio, decidir mirar exclusivamente a España en el caso del Aquarius, me hacen preguntarme cómo y cuánto de firme es el compromiso de España en la defensa real (y no simulada) de los derechos humanos.
España debería así aclarar por qué se acoge al derecho internacional humanitario y a las resoluciones de Naciones Unidas para ofrecer un puerto seguro a los refugiados del Aquarius, y decide obviar esos mismos textos y resoluciones y expulsar en caliente a migrantes y refugiados en la frontera de Melilla.
En resumen, cuando se hace de la defensa de los derechos humanos una promesa electoral, una pátina de supuestas bondades, o simplemente un ejercicio de márquetin, perdemos todos; es un error, en el mejor de los casos, dejar al arbitrio de la coyuntura política la defensa sin ambages de los derechos fundamentales. Las personas migrantes y los refugiados no pueden ver peligrar sus derechos en función del momento político o de lo mediático de su caso. Derechos humanos siempre, en todos los casos, con todas las personas.
