El día nacional de la Salud Pública
El mantenimiento y mejora de un SNS exige una financiación muy elevada, lo que obligará a tomar decisiones no siempre fáciles que impliquen llevar a cabo esfuerzos de ahorro en otras áreas menos necesarias. En todo caso, la clave se encuentra en buscar vías de financiación y políticas de ahorro que consigan mejorar los servicios.
La calidad de la sanidad pública sufre desde hace varios años un constante deterioro que repercute de forma indudable en los usuarios, los pacientes y los profesionales sanitarios. La crisis económica ha acentuado y acelerado este proceso, lo que ha traído consigo graves problemas para el sistema, en relación con los tratamientos, los medios, los centros sanitarios, etc.
Como consecuencia de nuestro modelo constitucional de descentralización, cada comunidad autónoma ha recibido las transferencias adecuadas para irse dotando de un servicio de salud propio, que es la estructura administrativa y de gestión que integra todos los centros, servicios y establecimientos radicados en su territorio. En este contexto, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) se remite al Consejo Interterritorial como órgano de coordinación y cooperación dentro del sistema. El problema es que la implementación de este modelo no se ha entendido bien en las diferentes instituciones comunitarias. Así, cada comunidad gestiona a su manera, nada transparente, sus recursos, y lo hace de forma totalmente descoordinada con el Estado. Esto favorece la aparición de desigualdades intercomunitarias, creando así auténticas fronteras de salud en nuestro país. De este modo, la sanidad pública pierde calidad, eficiencia, eficacia y capacidad de gestión, lo que ha hecho que muchos sean los que han decidido acudir al sistema privado, en manos de grandes empresas, que, con menores esperas -aunque, en general, peores medios- ofrecen ese tan ansiado servicio a los pacientes, sus usuarios.
Ante esta situación, resultaría oportuna y muy conveniente la institución del día nacional de la Salud Pública, una fecha anual en la que todos los ciudadanos puedan reivindicar al unísono un sistema de salud pública, integrado por excelentes profesionales y dotado de medios suficientes. Sería un momento de gran fuerza simbólica para llamar la atención sobre la necesidad imperiosa de poner freno a ese deterioro continuo de nuestro SNS, que, de continuar por la deriva actual, acabará sufriendo una degradación tal que lo acabará relegando a poco más que la atención en servicios de urgencias y población en riesgo de exclusión social.
La brecha existente entre comunidades autónomas en la prestación de servicios y en las esperas para quirófano y consultas es, sin duda, un dato preocupante que requiere una reestructuración urgente de todo el sistema. Los profesionales sanitarios, todos ellos, se ven obligados, en muchas ocasiones, a realizar su trabajo en penosas condiciones y con instrumental peligrosamente obsoleto y poco seguro. Otros tienen, como única salida, la huida a otros países, lo que más allá del drama personal que pueda significar, constituye además un serio problema desde una perspectiva puramente economicista, al perder el Estado español la inversión realizada en su costosa formación.
En los últimos meses hemos recibido varias noticias que ponen de manifiesto el mal estado de los servicios de urgencias. Como en años anteriores, la epidemia de la gripe ha incrementado la afluencia de población a estos servicios, colapsando las unidades. Tal gravedad adquirió esta circunstancia que la propia defensora del Pueblo, Soledad Becerril, llegó a presentar un informe en el que alertaba de la mala gestión en los servicios de urgencias y su fatal consecuencia, el aumento de la mortalidad.
Esta crítica situación tan someramente descrita repercute de manera muy negativa en el paciente crónico. Por su propia condición, este tipo de paciente necesita más servicios y prestaciones, al resultar vital para él un buen control de su enfermedad, lo que conlleva acudir a los centros sanitarios con cierta frecuencia y recibir el tratamiento más adecuado.
Algunos (ir)responsables políticos utilizan la desigualdad intercomunitaria como arma arrojadiza en los debates mediáticos e ideológicos, en lugar de buscar remedio a los males que aquejan al modelo. Aunque, en términos generales, reconocen que la sanidad pública se encuentra en una situación muy difícil, que demanda la adopción urgente de medidas eficaces, el hecho de que algunas de estas sean también impopulares, les paraliza, por el temor a perder parte de su electorado.
En relación con los tratamientos es -más que necesario- urgente agilizar el sistema de aprobación de medicamentos que ya han sido autorizados por la Agencia Europea. La igualdad en el acceso a los mejores tratamientos debería ser una realidad, y no una mera utopía. El compromiso de cualquier responsable público debería pasar por garantizar el acceso al tratamiento más adecuado, con el fin de mejorar la esperanza y calidad de vida de los pacientes. Y todo ello sin descuidar la imprescindible inversión en investigación y desarrollo.
Durante el gobierno del Sr. Rajoy, la mayoría de los profesionales sanitarios han ido de la mano de multitud de ciudadanos en las denominadas mareas blancas, con el fin de reivindicar, con una sola voz, un sistema sanitario más justo, equitativo, eficaz y de mayor calidad.
Servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación requieren de la voluntad de todas las fuerzas políticas para llevar a cabo una seria y meditada reforma del sistema, con el fin de hacerlo más eficaz y seguro, garantizando siempre su universalidad.
Evidentemente, el mantenimiento y mejora de un SNS exige una financiación muy elevada, lo que obligará a tomar decisiones no siempre fáciles que impliquen llevar a cabo esfuerzos de ahorro en otras áreas menos necesarias. En todo caso, la clave se encuentra en buscar vías de financiación y políticas de ahorro que consigan mejorar los servicios. El aumento de la inversión debe venir acompañado de la mejora en la gestión.
Por todo esto, y muchas razones más, sería muy conveniente instituir un Día en pro de la Sanidad Pública. Un Día en el que todos los actores implicados, los responsables públicos, las asociaciones de pacientes y profesionales, y, en general, todos los ciudadanos, podamos manifestar nuestra apuesta inquebrantable por un Sistema de Salud Público universal y de calidad, como exigencia irrenunciable de una sociedad que se quiere más justa e igualitaria.
