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22/05/2014 07:49 CEST | Actualizado 21/07/2014 11:12 CEST

Criminalizar la protesta pacífica debilita y ensombrece la democracia

Los avances en la protección del medio ambiente, en este país, se han abierto paso en multitud de ocasiones gracias a la labor de la sociedad civil, investigando y denunciando los desmanes ambientales, a quienes los han cometido y a quienes los han permitido. Y en esta labor de denuncia, la protesta imaginativa, muchas veces polémica, pero siempre no violenta, ha estado presente. Muchos recordarán las imágenes de activistas de Greenpeace poniéndose debajo de los bidones radioactivos en su oposición al vertido de residuos nucleares en la fosa atlántica, frente a las costas gallegas. Desde esta imagen, hasta la más reciente de activistas de Greenpeace amordazando los leones del Congreso de los Diputados, hace sólo unos meses, han pasado 30 años.

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Son los mismos años que lleva la organización trabajando en España. Ahora, en vez de mejorar la legislación que protege el medioambiente o evitar la impunidad de los infractores, el Gobierno ha decidido amordazar y criminalizar a los que defienden el medioambiente.

En vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo, Greenpeace ha lanzado la campaña La protesta también es democracia, para recordar que la protesta pacífica es un derecho y que las reformas legislativas en curso como la reforma del Código Penal y anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana son un intento de criminalizar el activismo social. También, es una llamada a la ciudadanía a ejercer, una vez ejercido su derecho a votar, su derechos de expresión, reunión y manifestación.

Estamos recordando, porque a algunos políticos se les olvida, que la Democracia es mucho más que acudir a votar cada cuatro años o participar en manifestaciones autorizadas, que son más que necesarias, pero no únicas y excluyentes de otras formas de protesta pacífica que fortalecen el papel de la ciudadanía en la defensa del medio ambiente y los derechos sociales.

La campaña de Greenpeace consta de una pegada de carteles, un vídeo, una web, ciberactivismo en redes sociales y diversas actividades de divulgación de sus grupos de voluntarios en todo el Estado.

Parece un obviedad, pero el hecho es que la libertad de acción de la sociedad civil está amenazada. Numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicatos vienen denunciando desde hace más de un año las reformas que los ministerios de Justicia e Interior están llevando a cabo, que incluyen, entre otros el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Estas reformas son una respuesta directa y desproporcionada contra las diversas formas de protesta civil pacífica que se están produciendo debido a la crisis social, económica y ambiental que padecen España y Europa.

En estos días, que vemos que se nos reclama el voto para sus candidatos al Parlamento Europeo, nosotros les decimos que no renunciamos al derecho a expresarnos y protestar de manera pacífica. Tenemos que recordarles que eso es también democracia.

Nada o muy poco se hubiera conseguido, en estos treinta años de lucha ambiental, sin la decisión de desobedecer, resistir y ser creativos a la hora de denunciar. El fin de los vertidos mineros en la Bahía de Portman, el cierre de la central nuclear de Zorita, la prohibición de las redes de deriva, la implantación de las energías renovable o los avances en lucha contra el cambio climático son ejemplos que evidencian el importante papel de la protesta pacífica en la consecución de avances en la protección y defensa del medio ambiente.

No se puede hundir un arco iris, dijimos cuando miembros de la Armada Francesa pusieron una bomba en el Rainbow Warrior. No nos van a parar, ni a amedrentar, ya sea con cambios en el código penal o con leyes de seguridad ciudadana más propias de épocas afortunadamente superadas.