"Recuerdo como muy humillante la época en la que España vivía pendiente de la carpeta azul de Aznar, en la que se escondía el secreto de su sucesor", rememora el periodista, quien afirma que Rajoy ha hecho ahora lo propio con el sucesor de Cifuentes.
"Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Díselo al próximo ‘constitucionalista’ que te hable de legalidad".
Hace tiempo que el Estado Social que se proclamó en el primerísimo de los artículos de la Constitución Española de 1978 saltó por los aires. Va siendo hora de certificar su defunción. En los últimos años, poco a poco, mediante la adopción de decisiones políticas y normativas estratégicas, se ha ido desactivando el contenido de todas y cada una de las previsiones constitucionales que servían para garantizar la efectividad del Estado social, haciendo que la forma de estado constitucionalizada sea irreconocible.
El éxito del desaprendizaje democrático, llevado a cabo con la inestimable ayuda del ombliguismo mesiánico regional, ha sido tal que millones de españoles ignoran que tienen una Constitución avanzada, tanto como la alemana, que contempla la posibilidad de construir una sociedad mejor y más justa sin profetas ni caudillos. El problema de España no es la Constitución, son los políticos deshonestos con alta capacidad de engaño.
Hay un hecho muy grave que reúne las dinámicas de degradación laboral y de autoritarismo que han caracterizado la anterior legislatura: la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal para perseguir a las organizaciones sindicales y recortar el derecho de huelga, un derecho recogido en la Constitución Española, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas.
En la celebración de este cumpleaños de la Constitución podemos, tal vez, albergar, con mucho optimismo, alguna esperanza o deseo: que las fuerzas parlamentarias que salgan elegidas de la próxima cita electoral sean capaces de renunciar a parte de la magnificencia de sus ideas para conseguir algo mucho más magnífico: una Constitución reformada que dé respuesta a los retos y desafíos que tenemos que afrontar en los próximos 37 años.
Hemos desempolvado tanto su vigencia que duele tener que recordar que el artículo 155 de la Constitución no contempla en ningún caso la "suspensión" de la autonomía de Cataluña. Debe ser entendido como una garantía coactiva de primacía estatal. Asegura los poderes del Estado, pero no es ninguna broma.
Todas las Constituciones son producto de una coyuntura, y su futuro se garantiza por su capacidad de adaptación a las necesidades sociales. Si no lo hacemos, el sistema democrático más largo y fructífero de nuestra historia saltará por los aires. Es necesario reformar la Constitución.