La historia de los adinerados navieros de este país, sus corruptelas, sus desmanes y sus conexiones políticas se repite una y otra vez como la estrofa de una vieja canción llamada Esto es Grecia. Seguiremos atentos a las noticias sobre la pequeña isla en la que transcurre la historia de corruptelas que les cuento aquí, a ver si esta vez el concierto acaba de otra manera y podemos aplaudir.
La maraña legal que rodea al Algarrobico no acaba aquí. Todavía queda pendiente que se resuelva si la licencia de obras del hotel es legal o no. Algo huele raro en torno a este cambio de rumbo en las sentencias judiciales y podrían estar produciéndose maniobras para legalizar el hotel.
Hoy viernes, el PSOE presenta un recurso al Tribunal Constitucional a la Ley de Costas del ministro Arias Cañete. Creemos que la ley no contribuye en absoluto a proteger los ecosistemas, ni al uso sostenible del litoral, ni aumenta la seguridad jurídica como se había anunciado inicialmente.
Al igual que los incendios destruyen nuestros bosques verano tras verano, el ladrillo devora nuestras costas cada año. En las últimas dos décadas se ha perdido una superficie equivalente a dos campos de fútbol al día en la franja de los primeros 500 metros de costa.
Seguro que el proyecto de la reforma de la ley de costas es mejorable, pero de lo que no cabe la menor duda es de que es un texto que garantiza mejor la sostenibilidad ambiental, económica y social de nuestro litoral, protege mejor el medio ambiente y prevé mejor los efectos de sus alteraciones que la ley vigente.
Esta nueva ley permite el uso comercial, de restauración y la celebración de casi todo tipo de eventos de ocio y lúdicos. Esto será un agravante para la alteración e impacto en estas zonas, que además se ven reducidas en el espacio, ya que se ha disminuido su zona de protección de los 100 a los 20 metros.
Las leyes de protección de nuestro entorno, que con tanto esfuerzo se han ido consiguiendo en España en los últimos 40 años, están en fase acelerada de desmantelamiento. Como en otros aspectos, la crisis económica se está utilizando para eliminar lo que se consideran obstáculos legislativos para la actividad económica.
La existencia de un posible conflicto de intereses entre el PP y el sector de la construcción quedó patente en el informe Amnistía a la Destrucción que hizo público Greenpeace el pasado mes de diciembre. Posteriormente los papeles de Bárcenas confirmarían los vínculos del PP y las constructoras.
No niego mi estupor ante el anuncio realizado por Castilla-La Mancha de interponer una demanda contra Greenpeace por vulneración del derecho al honor de su presidenta. El origen de todo está en el informe Amnistía a la destrucción en el que se revelaba un posible conflicto de intereses del PP en el proyecto de reforma de la Ley de Costas.
Por fin hemos conocido los cambios que el Gobierno de Rajoy introducirá en la Ley de Costas. El resumen es una relajación en la protección del litoral, pero lo más grave es una legalización masiva de que aquello que ya está construido.
La reforma anunciada no responde ni a la necesidad de proteger mejor el litoral ni a la de garantizar mayor seguridad jurídica. Es una manifestación del mantenimiento a toda costa -nunca mejor dicho- del nefasto modelo productivo de nuestro país