política energética

La nueva legislación tiene por objetivo proteger a los consumidores del aumento de precios.

El reino alauita traza un plan para que su sistema energético sea más sostenible.

En tiempos de crisis energética, cualquier país que tenga gas o petróleo es buen amigo.

La Agencia Internacional de la Energía admite una gran incertidumbre sobre la demanda de gas natural licuado en 2023.

Europa se encuentra todavía lejos de aumentar hasta el 20% el peso del sector industrial en el PIB comunitario para 2020, desde algo más del 15% actual, y revertir la caída que se viene registrando. La consecución de ese objetivo permitiría asegurar el liderazgo global europeo en sectores estratégicos, e impulsar la recuperación económica y la creación de empleo de calidad.

Mientras no cambien las políticas, España seguirá siendo un país de sol y playa. No obstante, el sol ha pasado a ser de pago, muestra inequívoca de oposición al progreso tecnológico. El país se ha convertido en un ejemplo mundial de malas prácticas en materia de autoconsumo eléctrico, con la excusa de preservar los ingresos de las eléctricas.

Ni salvaremos el clima, ni continuaremos disfrutando de los beneficios económicos, la seguridad y la independencia que proporcionan las renovables, ni nada de nada. La Comisión Europea sabe que las emisiones se reducirán hasta un 32% sin hacer nada, y propone esfuerzo insignificante.

La falta de transparencia hace que sea difícil responder a esta pregunta, pero últimamente han aparecido algunos datos. La Fundación Renovables ha publicado un artículo que rompe tópicos. Mientras que un Mwh de eólica viene a costar 68 euros, en el caso del gas el coste en los últimos años es de unos 100 Mwh. La más barata sería la fotovoltaica cuyo coste sería un 40% inferior al gas.