Vivienda e ideología
Aunque los dos grandes ámbitos ideológicos discrepan en este asunto, es perfectamente posible un acuerdo que sume las propuestas de ambos lados y alivie la desazón de la ciudadanía.
Felizmente, los dos grandes partidos han llegado simultáneamente a la conclusión de que el principal problema material de los españoles en este comienzo de curso político es el de la vivienda. Las consecuencias ingratas del estallido de la gran burbuja inmobiliaria en 2008 y las sucesivas crisis posteriores han reducido a cifras muy insuficientes la construcción de vivienda nueva (aunque no hay cifras consolidadas, se maneja el dato de que se construyen anualmente 110.000 nuevas viviendas, cuando las necesidades mínimas para absorber el crecimiento vegetativo de la demanda son de 250.000).
Por añadidura, no solo falta obra nueva en España: también se reduce año tras año el número de viviendas destinadas a alquiler residencial ya que muchos propietarios se han pasado al mercado turístico, con el que logran mayores beneficios. Según el INE, habría ya en este país unas 400.000 viviendas turísticas, que lógicamente ya no sirven para alojar a residentes permanentes.
Este nuevo fenómeno está además fuera de todo control: aunque numerosos municipios restringen este uso turístico de las viviendas, la realidad es que gran parte de tales pisos se encuentra en situación irregular.
Las consecuencias de esta carencia se traducen en las estadísticas sociales, y esta insuficiencia, vinculada a un alza constante del precio de los alquileres, ha pasado a ser una de las principales preocupaciones de los españoles, que han de destinar una parte cada vez mayor de su salario a la residencia y que han de recurrir a fórmulas habitacionales compartidas o infradotadas que degradan la calidad de la vida de las personas, de la clase media en particular.
Estos días pasados, hemos asistido a tomas de posición del PP y del Gobierno sobre el particular. Simplificadamente, el PP propone medidas de máxima liberalización del suelo, beneficios fiscales y mayores facilidades a los adquirentes o inquilinos. El PSOE, por su parte, es partidario de lanzar al mercado viviendas públicas para incrementar la oferta a precios razonables y forzar de este modo una caída de los precios.
En otras palabras, compiten entre sí soluciones basadas en la liberalización y en la intervención, como por otra parte parece natural al ser ideológicamente antagónicas ambas formaciones.
Sucede sin embargo que la Constitución, de manera explícita, da primacía al derecho a una vivienda digna sobre las leyes del mercado. El archiconocido art. 47 C.E. no puede ser más explícito: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".
En otras palabras, la Carta Magna mandata la intervención de los poderes públicos, lo que equivale a imponer que la vivienda deje de ser un activo financiero sujeto tan solo a las reglas de la competencia mercantil, a la ley de la oferta y la demanda, y se convierta en un bien protegido.
No solo nuestra Constitución se pronuncia en estos términos. En toda la Unión Europea está ampliamente instalada la vivienda pública, creada precisamente para regular y mitigar las oscilaciones del mercado. Según idealista.com, Finlandia cuenta con un 13% de viviendas públicas protegidas, seguida de cerca por Suecia con un 19%, y por Dinamarca con un impresionante 20,9%.
Por otro lado, países como Rumanía y Bulgaria se encuentran en la parte inferior de la tabla, con tan solo un 1,5% y un 2,5% respectivamente de su stock de vivienda destinado a la protección. En España, solo un 2,5% del stock es VPO, el tercer dato más bajo de Europa tras Rumanía y Portugal. Con la particularidad de que la mayoría de las promociones de vivienda pública han tenido hasta ahora una vida efímera porque han acabado siendo adquiridas a bajo precio por sus usuarios, que las lanzan de nuevo al mercado.
Así las cosas, es difícil rechazar la propuesta gubernamental de una "empresa pública de vivienda" que canalice recursos, gestione suelo púbico y, mediante un sistema de cooperación público-privada, facilite la construcción de abundante vivienda de protección oficial (VPO), protección que habrá de mantenerse al menos 30 años.
Es absurdo que el PP trate de convencernos de que la VPO no es una poderosa herramienta política de vivienda cuando la mayoría de los países europeos y grandes ciudades de todo el continente recurren a ella para estabilizar el sector y resolver el consiguiente problema social. Y es evidente que esta acción directa puede ser complementaria de una serie de medidas fiscales como las que proponen los conservadores.
En definitiva, aunque los dos grandes ámbitos ideológicos discrepan en este asunto, es perfectamente posible un acuerdo que sume las propuestas de ambos lados y alivie la desazón de la ciudadanía. Sabemos que es muy difícil que se produzca este encuentro, pero el establishment político ha de saber también que una nueva negativa defraudaría seriamente a la gente, ya muy harta de peleas infecundas que en absoluto persiguen el bien común.
