El Gobierno propone una reforma integral para blindar la igualdad de oportunidades en las oposiciones a juez y fiscal
Establecerá un sistema de becas según el cual los opositores podrán cobrar el SMI durante cuatro años y creará un Centro Público de Preparación de Opositores.

El Gobierno propone una reforma integral de las oposiciones a juez y fiscal. Así lo ha anunciado Félix Bolaños en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Se trata, ha dicho el ministro de Justicia, de una reforma “de calado” que busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal “independientemente de la renta familiar”. De este modo, el Ejecutivo establecerá por ley un sistema de becas público (los aspirantes podrán cobrar el SMI durante cuatro años) y convertirá el actual Centro de Estudios Jurídicos en un Centro Público de Preparación de Opositores a los altos puestos de administración de la justicia.
Tal y como ha señalado Bolaños, la reforma tiene “cinco prioridades”: promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal, buscar la excelencia y adecuar los sistemas de acceso a la carrera judicial al siglo XXI, ampliar el número de personas que forman parte tanto de la carrera judicial como de la carrea fiscal, garantizar el desarrollo de una promoción profesional plena tanto en el caso de jueces como de magistrados, y, por último, reforzar la transparencia de las estructuras de la ley orgánica del Poder Judicial. Los cambios serán los siguientes:
Promover la igualdad de oportunidades
- El Gobierno establecerá un sistema de becas público, de tal manera que todos los opositores tendrán el derecho a obtener una beca por importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y por una duración de cuatro años. Las becas se convocarán anualmente. Según ha apuntado Bolaños, este sistema "viene a blindar por ley" el que ya se ha establecido durante este Gobierno y que "beneficia a casi 1.000 opositores por un importe anual de ocho millones de euros". Ahora, se multiplicarán los beneficiarios y las cuantías. De esta manera, ha destacado el ministro, los opositores podrán "prepararse bien independientemente de la renta familiar". "No puede ser un impedimento la renta de la familia. Si tienes talento, puedes ser juez o fiscal", ha dicho.
- Se convertirá el actual Centro de Estudios Jurídicos en un Centro Público de Oposiciones, garantizando además que existan delegaciones en todo el territorio "para que cualquier opositor pueda tener un centro público cerca".
- Se creará un registro público de jueces y magistrados que pidan la compatibilidad para preparar oposiciones. Será, según Bolaños, "una herramienta útil para los opositores", que sabrán cuáles son los jueces preparadores de cada provincia.
Buscar la excelencia
- El Gobierno quiere "adecuar las oposiciones a la realidad del trabajo que llevan a cabo jueces y fiscales", una labor que consiste, sobre todo, "en escribir y razonar en derecho", sin que haya una prueba que valore la habilidad para escribir o para relacionar conceptos jurídicos. Así, se instaurará "un ejercicio escrito". Habrá, por tanto, una prueba tipo test, una prueba oral y ahora una prueba escrita. Se seguirá garantizando la habilidad memorística pero también las habilidades de redacción y relación de conceptos, que "servirá para aumentar el nivel de los opositores".
- Se hará un cambio en el cuarto turno, la otra puerta de acceso a la carrear judicial. Se agilizará, ha anunciado Bolaños, la selección de los candidatos, juristas de reconocida competencia. Habrá una prueba escrita y solo se valorarán los méritos (currículums "muy voluminosos") de aquellos que la superen.
- Todas las pruebas escritas serán anónimas, para garantizar "la igualdad de oportunidades de todos los candidatos".
Aumentar el número de personas
- Se regulará el cuarto turno. Cuando se estableció en 1985, ha dicho Bolaños, "quiso definirse que de cada cuatro personas que entraran en la carrera judicial, uno lo haría por el cuarto turno", pero no se ha cumplido. "La realidad es que solo el 9,33% de los jueces provienen del cuarto turno", ha lamentado. Por tanto, "para garantizar que el cuarto turno tiene las plazas que la ley establece, las oposiciones serán anuales y simultáneas. Si salen 300 plazas del turno libre, saldrán 100 del cuarto".
- Se establecerá otro cuarto turno, un nuevo sistema de acceso a la carrera judicial, para profesionales de reconocida competencia que lleven más de 10 años de servicio profesional.
- Se establecerá un procedimiento extraordinario para regularizar la situación de los 913 jueces sustitutos y 298 fiscales sustitutos. Será a través de un cuarto turno en un proceso dirigido no solo a ellos sino a terceras personas.
Promoción profesional
- Se sustituirá el actual sistema de promoción, que tiene que ver con la existencia de vacantes, por uno automático por antigüedad. A los cinco años, los jueces serán magistrados, y los abogados fiscales, fiscales.
- Se mejorarán los procesos de promoción de unos jueces que están en peor situación para promocionar, los jueces de mercantil y de violencia de género, considerados miembros de juzgados mixtos. Su situación se igualará a la de los demás.
- Se eliminará la incompatibilidad total que tienen los jueces sustitutos. Tienen, ha dicho Bolaños, un régimen "muy severo que hace que tengan que ir al desempleo cuando están en la bolsa".
Reforzar la transparencia
- La Comisión de Ética, el principal órgano consultivo que tiene la carrera judicial con relación a cuestiones éticas, pasará de tener siete miembros escogidos por el voto de los jueces y la magistrados a tener nueve miembros: cinco serán escogidos por jueces y magistrados, y cuatro (catedráticos de Ética, Filosofía de Derecho o Filosofía de Moral) serán elegidos por las Cortes Generales.
- Se establecerá el voto telemático para la elección a las salas de Gobierno de los principales tribunales. Cada juez podrá votar a un candidato, cuyo mandato se reducirá de cinto a tres años.
- Se regulará la financiación de las asociaciones judiciales profesionales, excluyendo las fuentes de financiación privada.