La nueva Ley de Industria obligará a las empresas que deslocalicen a devolver las ayudas públicas recibidas
También deberán avisar, al menos, con nueve meses de antelación.
El Gobierno ha aprobado este martes la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que espera sea un "cambio de paradigma" tras 32 años, ya que la legislación sectorial vigente en la actualidad se aprobó en el año 1992.
Así lo ha confirmado la ministra Portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, donde también ha señalado "la capacidad tan importante de atracción de inversión" que tiene España.
"Hemos conseguido después de mucho debate y mucho diálogo poner en marcha esta nueva Ley de Industria para nuestro país", ha comunicado Alegría.
De su lado, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha resaltado que el objetivo de esta nueva legislación es la reindustrialización, así como potenciar la autonomía estratégica de España.
"La reindustrialización en Europa es una necesidad y es una enorme oportunidad para España, de manera que, en este contexto actual, la política industrial activa ha vuelto con fuerza para ocupar un espacio en la agenda política y pública", ha manifestado el titular del ramo, justificando la "gran necesidad" de dicha nueva ley.
Entre las novedades de la ley figura que cualquier empresa que pretenda deslocalizar sus instalaciones industriales en el país deberá preavisar al Gobierno con nueve meses de antelación, momento en el que el Ejecutivo convocaría una mesa de industria con sindicatos y la comunidad autónoma afectada para estudiar alternativas a esta salida.
En el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros en los últimos cinco años, la empresa que quiera deslocalizar su producción fuera de la zona euro tendrá que devolverlas si reducen en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla durante el periodo pactado, que será de tres y cinco años para pymes y grandes empresas, respectivamente.
En opinión de la ministra portavoz, Pilar Alegría, el nuevo articulado es, prácticamente, un "cambio de paradigma" si se compara con el vigente, de 1992. "Hemos conseguido, después de mucho debate y diálogo, esta nueva Ley de Industria para nuestro país", ha celebrado.
Sumar destaca el esfuerzo de Díaz en la negociación
Por su parte, desde Sumar aseguran que el texto, que próximamente emprenderá su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, incorpora las iniciativas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo para evitar la deslocalización de las industrias.
"Tras una larga negociación, el proyecto (...) incluirá las medidas que venía proponiendo Sumar ante la resistencia del socio de Gobierno", apuntan estas fuentes, que recalcan que la colaboración público-privada en España estará condicionada siempre a criterios como el mantenimiento del empleo o la responsabilidad medioambiental.
Para Sumar, la futura Ley de Industria pone "trabas decisivas" a la deslocalización ya que, por un lado, establece que quien se va fuera del espacio económico europeo tiene que devolver el 100 % de las ayudas públicas recibidas.
Por otro, dicen, porque, en ningún caso una deslocalización puede ser la justificación para un despido, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o un descuelgue de un convenio.
