Qué se sabe sobre los nuevos requisitos que el Gobierno va a imponer para la creación de universidades

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un real decreto que modifica el ya aprobado en 2021 sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. El objetivo de esta reforma, en palabras de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, es reforzar la “exigencia de calidad” en dichos centros y mejorar los “mecanismos de supervisión y control”.

La medida fue anunciada el pasado mes de abril por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras considerar que las universidades "no pueden ser una fábrica de títulos sin garantías". Alertaba, de este modo, sobre el aumento significativo de los centros de titularidad privada en España frente al estancamiento de los de carácter público. Nuevos campus que, además, comienzan a funcionar en algunos casos sin cumplir con los requisitos mínimos que establecen los los técnicos del ministerio y la comisión permanente de la Conferencia General de Política Universitaria. “No buscan la excelencia, buscan hacer caja”, señalaba Sánchez. 

Actualmente, según datos del Ministerio de Ciencia, el sistema universitario español cuenta con 96 universidades: 50 públicas y 46 privadas. Pero mientras la última pública fue abierta en Cartagena en 1998, hace ya casi treinta años, 26 privadas han visto la luz en estos últimos 27 años. Otras doce, además, esperan una evaluación de expediente para su apertura.

Históricamente, España tuvo cuatro universidades privadas: Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanca y Navarra. En 1993 nació la primera universidad privada aconfesional e independiente, la Universidad Alfonso X el Sabio, algo que supuso un antes y un después en la configuración del sistema universitario español.

Poco a poco, la universidad privada ha ido comiendo a la pública. En las públicas estudian actualmente un grado 1.077.830 alumnos (78,2%) y 300.994 en las privadas (21,8%). Pero desde el curso 2015-2016, el número de estudiantes matriculados en centros públicos ha descendido un 6%, pasando de 1.143.223 alumnos a 1.077.830 alumnos en ocho años. En el mismo periodo, los estudiantes de universidades privadas han aumentado desde los 178.475 alumnos hasta los 300.994; es decir, un 68%. Mientras, el número de alumnos matriculados en Máster ha aumentado con magnitudes muy distintas según tipo de universidad: mientras que en las públicas se ha multiplicado por 1,5, en las privadas lo ha hecho por 3,2 (desde 45.360 hasta 145.306).

Y cuantos más alumnos, más dinero. El volumen de negocio generado por las universidades privadas alcanzó en 2023 los 2.745 millones de euros, un 12,5% más que el año anterior. Se estima que ha crecido un 36% desde el año 2017, según el último informe del observatorio sectorial DBK. Estas instituciones son vistas actualmente por los inversores como altamente rentables: entre un 9 y un 10% de media.

El incremento de universidades privadas es muy notable en algunas regiones. Cuatro comunidades autónomas tienen actualmente más centros privados que públicos; entre ellas, Madrid y Andalucía.

En aras de asegurar la calidad de la enseñanza en todos los centros, bien sean públicos o privados, el Gobierno va a endurecer las condiciones para crear nuevas universidades y obligará a todas las ya existentes a cumplir con una serie de requisitos, dándoles un margen considerable de tiempo para su adaptación. 

A la espera de que el Ejecutivo concrete las medidas este martes tras el Consejo de Ministros, está previsto que los nuevos centros deban superar un informe de viabilidad y calidad que será obligatorio y vinculante y que elaborará la Aneca (la agencia estatal que evalúa la calidad universitaria) o la agencia de calidad correspondiente en cada Comunidad Autónoma. Si resulta ser desfavorable, impedirá que se autorice el proyecto al no cumplir los requisitos de calidad exigidos en la normativa. 

Además, se exigirá a los nuevos centros que tengan al menos 4.500 estudiantes en cinco años y todos los proyectos tendrán que presentar un aval económico, equivalente al presupuesto de la universidad en su tercer año de funcionamiento. Igualmente, se dará carácter nacional a las universidades online, lo que significa que tendrán que ser aprobadas por el Congreso en vez de por las Comunidades Autónomas. 

El borrador del decreto también establecía que las universidades deberán disponer, como mínimo, de una oferta de diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de Máster y tres programas oficiales de Doctorado en tres ramas de conocimiento distintas. Asimismo, se exigía destinar el 5% del presupuesto anual de la universidad a investigación y una capacidad mínima de plazas de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas, aunque los detalles finales sobre estos y otros aspectos se concretarán hoy. 

El secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, señaló hace unos días que la mayoría de las universidades “cumplen la mayoría de los requisitos”, pero que la norma busca que “no por unos pocos se socave la confianza” que los ciudadanos tienen en la universidad. "Es un toque de atención colectivo, no va contra nadie", aseguró.