El Gobierno de Rajoy a la caza del judío

En 1492 comenzó la diáspora de los judíos españoles, tras el edicto de los Reyes Católicos en el que se les ordenaba abandonar la península o convertirse al cristianismo. Los sefardíes, tal y como se conoce a los judíos que abandonaron la península, se establecieron principalmente en el norte de África, en Grecia, Turquía, Siria y en Europa central. Desde estos lugares, muchos emigraron a América.

En 1982 se modificó el Código Civil para que los sefardíes pudieran optar a la nacionalidad española por carta de naturaleza tras dos años de residencia, tal y como ocurre con las antiguas colonias, Andorra y Portugal. De esta manera se equiparaba a los sefardíes al resto de naciones vinculadas con la herencia cultural española.

El Gobierno español presentó, sin embargo, una nueva modificación del Código Civil en noviembre de 2012 según la cual estos dos años de residencia quedaban anulados como trámite para conseguir la nacionalidad española. Es decir, los sefardíes mejoran su estatus respecto a los estados iberoamericanos, Andorra y Portugal. El problema ahora reside en saber cómo acreditar la condición de sefardí, ya que según se afirmó en la presentación de la instrucción sobre la concesión de la nacionalidad española a los judíos sefardíes, esta se puede demostrar mediante los apellidos, el idioma, la descendencia o la vinculación con la cultura española.

Esta falta de claridad ha llevado a que en algunos países de Iberoamérica haya habido durante el mes de diciembre una avalancha de consultas en las embajadas y consulados españoles sobre qué apellidos exactamente acreditarían la condición de sefardí. Y, evidentemente, no hay una lista oficial de apellidos sefardíes. Es fácil deducir que un judío de apellido Jiménez es de origen sefardí y no asquenazí, pero es imposible afirmar que cualquier persona de apellido Jiménez sea de origen judío. El ministro de Justicia se refería exclusivamente a personas que pertenecieran a la comunidad judía y, a parte de eso, tuvieran algún vínculo más con España. Sin pertenecer a la comunidad judía es casi imposible acreditar la condición de sefardí. Aun así, algunas personas se presentaron en las embajadas y consulados españoles en algunos países de Iberoamérica para solicitar la nacionalidad española por el mero hecho de tener un apellido terminado en z.

Lo que sorprende no es esta falta de claridad en los criterios, sino la preferencia que se da a los sefardíes respecto a otras naciones. El ministro Gallardón justificó esta instrucción al afirmar que va dirigida a "los que han sido injustamente privados de su nacionalidad y han recreado a través del afecto una España que nunca se resignaron a perder y que a partir de ahora es tan suya como nuestra, en lo que al derecho se refiere". Escuchar a alguien hablar de personas privadas injustamente de su nacionalidad hace ya siglos parece más propio de Oriol Junqueras que de Alberto Ruiz-Gallardón. Así que cabe suponer que hay alguna otra razón oculta más allá de este repentino reconocimiento de las injusticias cometidas hace más de quinientos años. O quizás, apreciado lector, es que me gusta sacar punta de todo.

La realidad es que los difusos criterios para dilucidar quién es sefardí y quién no, permiten hacer una criba. Si solo fuera una cuestión de apellidos, casi toda Colombia, donde el tema ha levantado revuelo, podría afirmar que es sefardí y solicitar la nacionalidad española. Pero lo importante es que quien diga ser sefardí, pertenezca a la comunidad judía, lo que reduciría a unos cientos de colombianos de clase media-alta y alta los candidatos a nacionalizarse españoles. Así que los candidatos se limitan a un grupo de personas con poder adquisitivo a quienes se recibiría en España con los brazos abiertos, a ellas y a sus propiedades. En época de crisis hay que rascar unas monedas de donde sea.