El futuro de la acción humanitaria podría decidirse en Medellín

El futuro de la acción humanitaria podría decidirse en Medellín

¿Cuáles son las reglas para negociar con bandas criminales que imponen su propio Estado de Derecho en comunas pobres? ¿Qué protección pueden desplegar los trabajadores humanitarios cuando las leyes de la guerra no aplican?

CLAUDIA NAVAS CAPUTO Y ROBERT MUGGAH*

Este año, Medellín venció a Nueva York y a Tel Aviv al ganar el tan anhelado título de la Ciudad del Año. Apoyado por el Wall Street Journal y el Citi Bank, el concurso premia a ciudades innovadoras que registren las más significativas mejoras en la calidad de vida de sus residentes y en innovaciones de política pública. Y Medellín claramente ha mostrado avances en ambos aspectos. Sin embargo, detrás de este importante título, existe otra realidad más siniestra, que en ocasiones emerge de manera aterradora. A pesar de notables mejoras en el bienestar y la seguridad en la última década, Medellín está sufriendo una crisis silenciosa. Y el mundo humanitario está empezando notarlo.

Caracterizado en la prensa como "guerra entre pandillas" o "conflicto urbano", el problema de la violencia en Medellín no es exclusivo de Colombia. De hecho, obedece a un nuevo tipo de amenaza que afecta a muchas ciudades de todo el mundo. A medida que el planeta se urbaniza -para el año 2050 más de dos tercios de la población vivirá en las ciudades- numerosos centros urbanos que muestran un alto crecimiento se enfrentan a retos similares. De hecho, lo que está ocurriendo en Medellín puede ser el presagio de un fenómeno más amplio en todo el mundo, en el que las ciudades en expansión luchan para garantizar la seguridad pública de sus habitantes. Comprender la dinámica de la inseguridad en la segunda ciudad de Colombia, y las maneras en las que la violencia puede prevenirse y reducirse, tendrá consecuencias que resonarán mucho más allá de la región.

Una pregunta recurrente entre quienes trabajan en el sector humanitario y están considerando intervenir en ciudades como Medellín, es si la situación es en realidad un "conflicto armado". Un reciente estudio realizado por CERAC y la Universidad Católica de Río de Janeiro se pregunta, precisamente, esta cuestión. Usualmente, esta decisión se basa en la "intensidad" y la "organización" de la violencia. La intensidad se refiere a la frecuencia y a la gravedad de las muertes violentas, el desplazamiento y la victimización, mientras que la organización considera el comando y el control de los grupos armados. Lo que encontramos es que Medellín cumple con el criterio de intensidad, pero no supera el umbral de organización que permita caracterizarlo completamente como un conflicto. Más bien, los agentes humanitarios clasifican a la ciudad dentro de la categoría de "otra situación de violencia". Esto ofrece poco consuelo a quienes sufren diariamente los efectos de la inseguridad.

Algunas organizaciones, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sienten que la situación en Medellín es tan seria que se justifica prestar asistencia humanitaria. Y tienen razón. La intensidad de la violencia letal en Medellín es igual a la de otras zonas en guerra en el mundo. Por ejemplo, en 2011, según las últimas cifras disponibles, se registraron cerca de 49 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas de toda América Latina. Gran parte de la violencia, sin embargo, es invisible en términos de desplazamiento forzado, violencia sexual, extorsión, y las fuertes restricciones a la movilidad en muchos barrios o comunas. Si bien los niveles de violencia no se acercan a los picos experimentados durante el conflicto entre los carteles de la década de los noventa, la situación supera el umbral de una guerra, según la mayoría de las interpretaciones del derecho internacional.

Pero, al mismo tiempo, los perpetradores de la violencia en Medellín muestran una alta desorganización. Nuestro informe detecta alrededor de 300 grupos entre "combos", "bandas", "oficinas de cobro", entre otros. Estos grupos, a menudo, se enfrentan entre sí, o contra las fuerzas de seguridad pública o la población civil, mostrando controles internos débiles. Como resultado, la violencia es dinámica, episódica y volátil, y no tan regulada como en los conflictos convencionales, como la que se registra entre las FARC y las fuerzas armadas colombianas. Aunque la violencia se ha mantenido relativamente constante en el tiempo, no obstante, ha empezado a transformarse, a mutar y a diversificarse. Y aunque letales, estos grupos no están tan organizados como los grupos armados que se encuentran habitualmente en los campos de batalla de todo el mundo.

Todo lo anterior genera una situación muy difícil cuando se piensa en la protección de la población civil en Medellín, o incluso en otras ciudades que enfrentan retos similares. Las agencias de ayuda internacionales están tratando, frenéticamente, de elaborar directrices operacionales y de aprender lecciones de lugares como Medellín, y también como Río de Janeiro, Puerto Príncipe y Guatemala, donde algunos han puesto en marcha, en silencio, operaciones a pequeña escala. ¿Cuáles son las reglas para negociar con bandas criminales que imponen su propio Estado de Derecho en comunas pobres? ¿Qué protección pueden desplegar los trabajadores humanitarios cuando las leyes de la guerra no aplican? ¿Y qué nos dice la presencia de organismos internacionales de ayuda humanitaria acerca de la estabilidad de una ciudad global como Medellín?

Sea cual sea la respuesta, el futuro de la acción humanitaria internacional se decidirá en estos nuevos tipos de situaciones que no son guerra ni paz. A medida que el número de guerras formales en curso continúa su declive en todo el mundo, lo que se lleva a cabo en Medellín sin duda va a desempeñar un papel fundamental en la definición del panorama de la protección de la población civil en las próximas décadas.

*Claudia Navas Caputo es investigadora de CERAC en Bogotá, Colombia. Robert Muggah es el Director de Investigaciones del Instituto Igarapé de Rio de Janeiro, Brasil.