La intervención de un teléfono deja al descubierto el sueldo de los trabajadores del narcotraficante Sito Miñanco

Un policía encargado de la Operación Mito, desarrollada entre 2016 y 2018, destacó en el juicio “el poderío” de la organización del histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, que “pagaba entre 10.000 y 12.000 euros al mes” a unos 40 miembros de su red.

La Audiencia Nacional celebró el jueves la octava jornada del juicio, en el que se sientan en el banquillo 46 acusados, incluido el abogado Gonzalo Boye y el mismo Sito Miñanco, para quien la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión por intentar introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, ocultar más de 11 millones de euros y blanquear dinero.

En la sesión, un policía nacional recordó que durante la investigación, el 2 de octubre de 2017, fue abordado en las Azores el buque Thoran, donde se incautaron 3.305 kilos de cocaína procedente de Ecuador. Un mes después, el 9 de noviembre, se interceptaron otros 615 kilos de la misma droga en un almacén en los Países Bajos. Ambas partidas, según el agente, sumaron cerca de 4.000 kilos de cocaína vinculados a la organización de Miñanco.

El policía aseguró que “de las conversaciones grabadas a través de dispositivos colocados en coches usados por los investigados, se desprende que ambas partidas pertenecían a droga adquirida por la organización a suministradores colombianos”. Además, destacó que algunas conversaciones reflejaban “el poderío que tenía la organización, ya no solo Prado Bugallo, sino toda la gente que le rodeaba”.

En su declaración, el agente hizo referencia a una conversación de marzo de 2017 entre dos personas consideradas de confianza por los investigadores: Luis Enrique García Arango y David Pérez Lago. Según explicó, “Luis Enrique García Arango le dice a David Pérez Lago que Manuel G.R. —otro de los acusados— tiene contacto directo y es amigo íntimo del director de la prisión de Soto del Real (Madrid) y que le ha pedido un favor para ver si le puede tramitar el tercer grado a un amigo suyo”.

“Arango le dice a Pérez Lago que por 10.000 euros esta persona le puede poner en tercer grado, que le daría 5.000 euros en mano al principio y otros 5.000 cuando saliese”, añadió el testigo.

El policía también destacó otra conversación en la que David Pérez Lago y Luis Enrique García Arango hablaban sobre los salarios dentro de la red: “Dicen cómo ellos cobran entre 10.000 y 12.000 euros al mes y el primero comenta que no se podían quejar del sueldo que José Ramón les pagaba en la organización”. En otro momento, “Prado Bugallo dice que los integrantes son más o menos 40”.

Durante los seguimientos, los agentes también documentaron entregas de dinero. En una ocasión, según relató el testigo, “Francisco V.P. le da una bolsa con billetes de 20 y 50 a Luis Enrique García Arango y en su conversación comentan que no cierra la caleta del coche para esconderlo, con lo que sabe dios la cantidad que llevaban ahí”. Además, precisó que en esa conversación, “se atribuyen ellos mismos la caída de la mercancía” introducida en un contenedor en los Países Bajos.

El agente mencionó problemas relacionados con la pérdida de esa droga: “Hablan de los problemas que estaba teniendo el responsable de este transporte, el holandés también acusado Raymond V.R., para lograr la documentación que acreditara que fue una intervención policial, porque Luis Enrique García Arango tenía que dar una explicación a los proveedores de Colombia para demostrar que no se trataba de un robo”.

Finalmente, el policía recordó una vigilancia a Sito Miñanco en la estación de autobuses de Marbella, donde Antonio A., “conocido en el ámbito del tráfico de drogas”, le facilitó matrículas de coches policiales. Asimismo, aseguró que Prado Bugallo obtenía información de este tipo “a través de diversos funcionarios”.

Durante el registro de la casa de Miñanco en Algeciras, en febrero de 2018, los agentes intervinieron “unos 380.000 euros”. Según los investigadores, Miñanco vivía allí mientras cumplía en régimen abierto una condena anterior por narcotráfico, periodo que habría aprovechado para retomar su actividad delictiva.