La actual acción exterior de Cataluña, un problema de Estado pendiente
En España urge acometer con mayor profundidad un análisis sobre las actividades exteriores que las Comunidades Autónomas pueden desarrollar. Los límites tienen que ser perfectamente identificables por todos y no esperar a pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Hoy es Cataluña, mañana no sabemos.
La acción exterior de Cataluña, como la del resto de Comunidades Autónomas, se infiere en la acción exterior de España entendida en su conjunto. El principio de unidad de acción del Estado, que se había recogido anteriormente en varias normas, finalmente se consagra en la Ley 2/2014 de acción exterior del Estado. No es un principio cualquiera, es un principio rector. Es decir, debe guiar cualquier actividad que las regiones españolas lleven a cabo con el fin de ordenarlas y coordinarlas para proteger de la mejor manera los intereses de España. No se trata de defender un ideal patrio, sino simplemente de que la aplicación de este principio debería servir para proteger uno de los pilares esenciales de cualquier país: sus ciudadanos. Otros principios rectores previstos en la ley citada, como la lealtad institucional, coordinación y cooperación o la transparencia, abundan en esta dirección.
Así, hay muchas razones por las cuales el Govern de la Generalitat no puede utilizar sus delegaciones en el exterior para explicar y promocionar el proceso secesionista iniciado en Cataluña por él mismo y por una parte de la sociedad. En varias ocasiones, el Tribunal Constitucional ha señalado que las acciones de las Comunidades Autónomas en el exterior se justifican siempre y cuando desarrollen competencias autonómicas y no invadan el núcleo duro de las relaciones internacionales, competencia exclusiva del Estado (Administración General española), según el artículo 149.1.3 de la Constitución. En esta materia se incluye todo aquello que pertenece a la esfera del derecho internacional y por tanto, lo que afecta a la condición de sujeto internacional de España. Así, cualquier iniciativa de una Comunidad española que tenga por objeto escindirse o que trate de establecer relaciones dando apariencia de que se está al mismo nivel que otros sujetos de derecho internacional, sean Estados u organizaciones internacionales (Naciones Unidas, Unión Europea, OSCE, Consejo de Europa, por citar algunas), perturba claramente la subjetividad internacional de España.
El problema no es sólo ese, como he señalado antes, sino que tales actividades lesionan al conjunto de la ciudadanía española, ya que ponen en peligro sus derechos y libertades ejercibles en todo el territorio español. Y no sólo eso, la inseguridad política-jurídica-económica-social que genera el hecho de que una región española utilice sus delegaciones establecidas en varios países del mundo (y en algunos países hay más de una oficina) para justificar y promocionar que se ha iniciado un proceso secesionista, aunque sea, y lo digo con ironía, desde la radicalidad democrática, es más que evidente. Que sirvan, además, para tratar de reunir a la comunidad catalana afín a la secesión e ir preparando el escenario de un futuro Estado significa que se han perdido hasta las formas. La mera promoción del proceso secesionista a nivel internacional es, en sí mismo, una falta de respeto a la ciudadanía en Cataluña y en el resto de España.
No se trata de un choque de trenes, sino de que una parte muy amplia de la sociedad catalana no quiere subir al tren del proceso secesionista. El hecho que el Govern de la Generalitat se sitúe al margen del derecho con sus acciones internacionales en defensa de dicho proceso coloca a los ciudadanos, o al menos a los que no están de acuerdo, en una situación de clara indefensión. Si a dichas acciones se le suma la de organismos como Diplocat, que ni siquiera respeta su propio estatuto de creación. Esto es, difundir en el exterior al conjunto de la sociedad civil catalana (y, por tanto, debería defender también a los que no comulgan con el proceso, en lugar de llamarlos fascistoides), la desfachatez adquiere proporciones desmesuradas.
En España urge acometer con mayor profundidad un análisis sobre las actividades exteriores que las Comunidades Autónomas pueden desarrollar. Los límites tienen que ser perfectamente identificables por todos y no esperar a pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Hoy es Cataluña, mañana no sabemos; me pregunto si los ciudadanos podemos seguir esperando a que alguien resuelva un problema de Estado, de dimensiones internas e internacionales, que debería estar por encima de los colores políticos.
