Se pueden sostener las pensiones públicas reduciendo la semana laboral
Ya se sabe que privatizar un servicio público no es para mejorarlo sino para hacer negocio. Querer hacer negocio no es malvado en sí mismo; sin embargo, hacerlo a costa de las conquistas de solidaridad y seguridad de nuestra gente más vulnerable es impropio en una sociedad sana y democrática. Parecerá paradójico, pero la solución está en la semana laboral de cuatro días.
Del mismo modo que algunas defendemos que la sanidad o la educación universales y de calidad sean públicas, o que el derecho a una vivienda digna se blinde en la Constitución para que nadie se quede en la cuneta y la igualdad de oportunidades no se distorsione, sabemos que es viable el sistema público de pensiones si quien gobierna así lo desea.
Por llevar unos cuantos años trabajando a caballo entre España y el resto de Europa, he podido presenciar en directo el combate sin fronteras entre las fuerzas que desean privatizar los sistemas de pensiones y quienes deseamos reforzar el carácter de servicio público de las prestaciones de la Seguridad Social.
Dinero hay de sobra; importa más bien querer invertirlo en el bienestar de la ciudadanía en vez de en las cuentas de resultados de un puñado endogámico de consejeros de administración de fondos privados.
El PP enganchado a la técnica de los asusta-abuelas
El deterioro de los sistemas públicos de pensiones forma parte de una estrategia de promoción de las pensiones privadas, auspiciado en parte por la Comisión Europea y su Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP), que propone desgravaciones fiscales para quienes lo suscriban, por lo general gente con altos ingresos.
La técnica tiene solera: se gestiona mal un servicio público de modo que ofrezca menor calidad y cueste más de lo previsto para justificar la "necesidad" de privatizarlo. El déficit de las pensiones se ha convertido en crónico y ha alcanzado los 18.756 millones de euros en 2017. La relación déficit/PIB se ha situado en el 1,61 por ciento: un 14 por ciento más de lo presupuestado.
Los ingresos han fallado por un total de 2.300 millones de euros y la principal causa de esta diferencia es la menor recaudación con respecto de lo previsto en cotizaciones sociales: 1.500 millones de euros. En 2018 no varía la tendencia; se han reservado 3.826 millones de euros del Fondo de Reserva y está previsto endeudar adicionalmente a la Seguridad Social con el Estado en 15.104 millones de euros.
Mientras el Gobierno atemoriza a los pensionistas vaciando el fondo de pensiones y recortando su financiación para "demostrar" su inviabilidad, se dedica a duplicar el gasto militar en los próximos siete años, a dilapidar recursos públicos en rescatar plataformas energéticas inviables (Castor) y autopistas sin coches, a construir aeropuertos sin aviones y trenes sin viajeros. Henos ante otro ejemplo de cómo el poder político se pone al servicio del poder económico, anteponiendo los intereses de los especuladores financieros al derecho de las y los pensionistas reconocido en los artículos 40 y 51 de nuestra Constitución.
Las dos últimas reformas del sistema público de pensiones en España, implementadas en 2011 y 2013 por los gobiernos del PSOE y del PP, han supuesto revalorizar las pensiones por debajo del IPC, extender la edad de jubilación a 67 años o ampliar a 25 el cómputo de años para calcular el montante de la pensión.
No responden a una ocurrencia improvisada de sus respectivos ministros ni a la presión de la coyuntura económica. La idea consiste en ir reduciendo la relación media entre la pensión de jubilación y el último salario percibido desde el actual 80 por cierto hasta el 50 por cierto en 2060.
En España, cuyo salario mínimo es 60 por ciento inferior de lo que la OCDE estima adecuado y cuyo salario mediano es apenas mileurista, cosa que afecta muy especialmente a las mujeres, sólo unos pocos privilegiados podrán complementar su pensión pública con un plan privado de pensiones sujeto a los caprichos del casino de la especulación financiera internacional.
Un país de gente luchadora
Cuando menos lo esperaba el ventajismo neocon se han puesto en marcha las y los pensionistas para reivindicar el sistema público de pensiones, uno de los espacios sagrados que quedan del Estado del Bienestar. Comparto en su mayoría las demandas de la Coordinadora Estatal por la Defensa de del Sistema Público de Pensiones, quien ha llamado a una nueva movilización en todo el Estado para el 5 de mayo y a quien he podido recibir y escuchar en el Parlamento Europeo esta semana.
Urge derogar las dos reformas de esta década, volver a actualizar las pensiones de manera automática según el índice real de precios al consumo, mejorar las cotizaciones de los trabajadores autónomos y financiar las bonificaciones a los empresarios con cargo a los PGE como medidas de fomento del empleo.
El Gobierno y sus socios enarbolarán la excusa de que no hay otro dinero disponible para financiar el servicio público, una coartada sin pies ni cabeza pues España destina a pensiones el 12 por ciento del PIB, muy por debajo de lo que destinan Francia (15 por ciento) o Italia (17 por ciento).
Según cifras de Eurostat, España presenta un gasto social sobre el PIB y una presión fiscal de las más bajas de la zona euro. Por lo tanto, tenemos margen para sostener el sistema.
Una mirada larga: trabajar menos para mantener las pensiones
Si se observa con detenimiento, gracias a los aumentos progresivos de productividad desde hace dos siglos, en Europa se necesita trabajar menos para producir la misma o más riqueza y atender más necesidades básicas y colectivas. Primero pasamos de trabajar 80 horas a la semana a 48, y luego a 40. Primero trabajaban de sol a sol en las minas, fábricas y telares de Europa incluso los menores de edad, hasta que se limitó la jornada laboral de los menores y luego incluso se prohibió. Primero se laboraba 12 meses al año, sin descanso, mientras que desde mediados del siglo XX se dispone de vacaciones remuneradas. Entretanto, siempre se ha logrado producir más riqueza con cada vez menos esfuerzo.
La diferencia es que hasta hace unas décadas, a base de reivindicaciones y duras negociaciones, las ganancias de productividad se repartían entre los accionistas y los trabajadores, en forma de salario, cotizaciones y servicios sociales y tiempo libre.
Es hora de que vuelva a suceder: no puede ser que llevemos 70 años sin repartir los beneficios del aumento de productividad humana, y sería inteligente que lo hiciéramos en forma de contribución al sistema público de pensiones ahora que hasta los partidos conservadores se plantean la solución de la renta básica universal.
Ahora que hasta Carlos Slim, el empresario más adinerado del mundo, afirma que la economía estaría ya preparada para una reducción de la semana laboral a tres días. Un país como Alemania, con una pirámide poblacional más adversa que la española, no ha abandonado el sistema público de pensiones y, por cierto, es pionero en introducir poco a poco la semana laboral de cuatro días.
De Francia, con sus centenares de empresas virando a los cuatro días de semana laboral para sus empleados, podemos decir lo mismo. Eso sí, tampoco estos países se ven a salvo de las presiones por bascular hacia planes privados.
Convendría, por último, atender a las advertencias que la propia Comisión Europea realizaba en su Libro Blanco sobre pensiones en 2012: los planes de jubilación del segundo y tercer pilar [los privados] "en muchos Estados miembro no son ni rentables ni seguros".
No en vano, la OCDE señala que la rentabilidad media de los fondos de pensiones en España fue negativa entre 2008 y 2012. Y ya sabemos la ruina que supusieron en otros países como Islandia o los Estados Unidos. Con el dinero de la gente corriente no se juega, y menos a la ruleta. Lo sensato sigue siendo el sistema público de pensiones.
