Uber, el Gobierno y una carrera inútil

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Hace dos años largos, algunos promotores de Uber, de visita en el país, me invitaron a una reunión para hablar de esa nueva plataforma. Quedé gratamente impresionado por lo que me describieron en una conversación en la que también me contaron la historia de la aplicación y su experiencia en otras ciudades del mundo.

En esencia --según ellos-- se trataba de un servicio de transporte que se podría contratar con una aplicación desde cualquier teléfono inteligente. La idea era aprovechar el tiempo muerto de los taxistas de turismo, que pasaban muchas horas sin hacer nada, estacionados a la entrada de los hoteles. Se referían a los conductores de los carros blancos que, para afiliarse a la plataforma, necesitaban tener vehículos de gama media-alta, de modelos recientes y en muy buen estado.

Estos conductores se comprometían a ir siempre muy bien presentados y sólo necesitaban ir armados de un iPhone para atender a sus clientes. Y a los que no tuvieran el dichoso aparato, Uber se encargaría de financiarles el celular. Adicionalmente, estos taxistas se comprometían a no condicionar el servicio de ninguna manera y a ofrecerles a sus clientes agua embotellada y darles tratamiento de primera.

Para el caótico transporte de Bogotá, la idea no sólo me parecía novedosa, sino muy útil. Además, aunque el costo de la carrera resultara un 25% o 30% más alta que en un taxi convencional, al analizar la relación costo-beneficio, me parecía razonable.

Al comienzo el servicio era magnífico: los carros eran impecables, los conductores por lo general iban de corbata, se bajaban a abrirle la puerta al pasajero y siempre ofrecían agua. Ese precio más alto se pagaba sin remordimiento.

Sin embargo, con el paso del tiempo he visto cómo se han ido relajando y los carros ya no son tan impecables. Hoy son pocos los conductores que usan corbata, parece que se cansaron de abrirles y cerrarles la puerta a los usuarios, a veces cancelan el servicio y ya no es raro oírles decir: "qué pena, pero se me acabó el agua".

Pero eso no es todo. Lo que más me molesta de Uber es el hecho de que en horas pico, en ciertos momentos de congestión de tráfico o cuando hay lluvia, la aplicación activa la "tarifa dinámica", que en la práctica es un incremento absurdo de unos precios que de suyo son elevados. El jueves pasado, por ejemplo, una carrera de 13 minutos me costó veintisiete mil pesos. Claro, yo acepté que me cobraran una tarifa 2,7 veces más alta, pero eso no justifica el hecho de que Uber se aproveche así de la necesidad del usuario, pues si la intención es presentarse como una alternativa a los tradicionales taxis amarillos no pueden incurrir en semejantes abusos.

Por otra parte, tampoco me gusta Uber X, pues con esa opción cualquier Fulano queda convertido en conductor profesional y cualquier carro particular, en vehículo de servicio público.

Como defensor de los avances tecnológicos, me gusta Uber; pero tratándose de un servicio público, necesitamos con urgencia que el Gobierno lo supervise. De hecho, el pasado lunes me alcancé a emocionar al saber que iban a anunciar el decreto para regular el uso de esta maravillosa plataforma. Pero la dicha se me extinguió al ver un acto tan insulso, encabezado por el propio Juan Manuel Santos, amenizado por Germán Vargas Lleras, enredado por la ministra Natalia Abello y supervisado por el zar de los taxis, Uldarico Peña, quien parecía el nuevo mejor miembro de la Unidad Nacional.

Se suponía que el vicepresidente iba a hacer el anuncio del año, pero no fue más que un evento con muchas caras, poca sustancia y cero claridad en cuanto a Uber, que sigue en el limbo.

Otra vez, el Gobierno fue víctima de su afán de quedar bien con todo el mundo.

Este artículo fue publicado originalmente en El Tiempo