Modelo de reinserción

"Ponerse en el lugar de las víctimas, intentar repararlas, ocuparse de su dolor, es una forma espléndida de reeducación del delincuente, de reconocimiento del derecho y de la norma violada (fines de prevención general), de reparación". "Despojado el hecho de su justificación política, queda sólo, de manera difícil de asumir, el acto violento contra la persona, el crimen". "El sistema penitenciario debe ejemplificar la conducta y el comportamiento de los condenados que intentan reintegrarse al orden jurídico, respetar las normas y reconocer a sus víctimas, más si se trata de delitos muy graves, y reconocer el esfuerzo rehabilitador, cuando es sincero y expresivo de una transformación. Casos como el que nos ocupan, por su excepcionalidad -como contraste véase la actitud de la mayoría de los presos por delitos terroristas, que no reconocen el dolor producido a las víctimas ni se preocupan por ellas-, pueden erigirse en modelo de un sistema que persigue, entre otros fines, la rehabilitación de los condenados".

Estas palabras, extractadas del Auto de la Audiencia Nacional que reconoció el derecho de Valentín Lasarte a disfrutar del permiso que había solicitado, expresan magníficamente la importancia del modelo de reinserción que supone la denominada vía Nanclares. ¿No será mejor que los presos salgan a la calle -que acabarán saliendo todos de una manera u otra- deslegitimando su propia acción y el conjunto del terrorismo de ETA y la trayectoria política de la izquierda abertzale violenta en los últimos 40 años, y reconociendo el daño injusto e inútil causado a miles de víctimas y al conjunto de la sociedad, que "con el puño en alto", celebrando no sé sabe qué y orgullosos de su pasado criminal?

El cese definitivo del terrorismo, el cambio de Gobierno en España, las elecciones vascas, la crisis económica... y actualmente la espera a la Sentencia definitiva del Tribunal de Estrasburgo parece que van dejando en suspenso en cada momento la toma de decisiones, la puesta en marcha de iniciativas, públicas y/o de la sociedad civil y, entre otros procesos, la adopción de una política penitenciaria eficaz e inteligente en relación con los presos de ETA.

Se debería evitar que la próxima sentencia del Tribunal de Estrasburgo tenga un significado político que no le corresponde y condicione la agenda política. La previsible anulación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la llamada doctrina Parot, que alumbró el Tribunal Supremo -y la excarcelación posterior de decenas de condenados-, será una derrota solamente de una interpretación legal contraria a los derechos fundamentales de la persona y quienes la inventaron y confirmaron, no de las víctimas, cuyos derechos a la justicia, dignidad y memoria en absoluto se verán cuestionados. Los excarcelados habrán sido condenados, declarados culpables de terribles crímenes, recibido la reprobación social mayoritaria y habrán cumplido sus condenas en la forma determinada por la ley en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950. La insatisfacción que pueda provocar solamente será achacable a los Códigos Penales de 1944 y de 1973 y a quienes no lo modificaron hasta 1995, seguramente porque no podían imaginar que el terrorismo fuera a perdurar tan anacrónicamente durante tanto tiempo. Y tampoco será una victoria de los excarcelados, cuyos crímenes ni se lavan ni se legitiman por una excarcelación en aplicación de la ley. Sus crímenes seguirán siendo deslegitimados y reprobados por la ley y por la sociedad. Ni de la izquierda abertzale que les arrope, que difícilmente podrá describir como una victoria la simple aplicación de la legislación española vigente en el momento de comisión de los delitos.

El impasse, no sólo en materia penitenciaria, sino en la construcción de un justo y ético suelo mínimo de consenso en los relatos de nuestra historia reciente, está generando un riesgo cierto de pérdida de una oportunidad histórica. Como dice mi admirado compañero Xabier Etxeberria Mauleón en El Correo el pasado 17 de mayo, "el nuevo tiempo político, con los diversos intereses en juego, parece ir en contra de desarrollar estas potencialidades y de darles resonancia pública" y de que de ese modo las diversas experiencias a las que alude, entre ellas la vía Nanclares, constituyan "acciones significativas" para "una superación ética y cívicamente sólida de la violencia terrorista".

Este riesgo entiendo que ha de llevar a no disminuir la exigencia a la izquierda abertzale que aún no deslegitima el terrorismo -que parece cada vez más cómoda en la legalidad y en las instituciones sin que la acción política le exija evolucionar de verdad hacia el rechazo no meramente estratégico de la violencia terrorista (a diferencia de la izquierda abertzale que sí evolucionó en la Transición, como describe con rigor Gaizka Fernández Soldevilla en Héroes, heterodoxos y traidores)- ni al resto de agentes políticos e instituciones, para que aprovechen este momento y la materia prima existente en la sociedad vasca con la vista puesta en que no sólo es importante "cuándo acaba esto" sino "cómo salimos de esto". La izquierda abertzale violenta es muy consciente del potencial de verdad y deslegitimación de los exmiembros de ETA que han adjurado de la violencia -véase por ejemplo cómo nunca se les permitió ser firmantes del Acuerdo de Gernika-; hay que confiar en que el Ministerio de Interior, la Secretaría de Paz y Convivencia y otros agentes políticos y sociales sepan y quieran dar cauce a este potencial.

Y en este sentido, volviendo al Auto con el que iniciaba, un elemento de enorme potencialidad es "ejemplificar la conducta y el comportamiento de los condenados que intentan reintegrarse al orden jurídico, respetar las normas y reconocer a sus víctimas". Como dice Xabier, "darles resonancia pública". No hacer nada, "desperdiciar estas aportaciones tan valiosas", sería un error político y "como mínimo una grave desidia moral".