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09/04/2016 09:52 CEST | Actualizado 09/04/2016 09:52 CEST

Por qué Francia penalizará a los clientes de prostitución

hookerPocas leyes han tenido tanta trayectoria parlamentaria y se han votado y vuelto a votar tantas veces. Pero ha merecido la pena: esta ley estipula, nada más y nada menos, que las mujeres no son mercancías, ni para vender ni para alquilar. En otras palabras, se trata de la dignidad humana.

Prostitution in a city - night prostitute talking to potential customer
microgen via Getty Images
Prostitution in a city - night prostitute talking to potential customer

El pasado miércoles 6 de abril, Francia aprobó una política pública de lucha contra la prostitución inspirada en el modelo nórdico. Este modelo a veces se critica, se comprende mal e incluso se caricaturiza, por lo que nos gustaría explicar aquí sus pormenores.

El cuerpo legislativo francés, por medio de sus representantes elegidos directamente por sufragio universal, tras muchos años de comisiones parlamentarias de investigación (aquí se pueden leer los informes) y audiencias con todas las partes implicadas, pondrá al país galo en sintonía no sólo con sus compromisos internacionales, sino también, y sobre todo -en nuestra opinión- con la ley de 1981 que penaliza el delito de violación, definido como un "acto de penetración sexual, sea de la naturaleza que sea, cometido sobre una persona ajena, por violencia, coacción, amenaza o sorpresa". En efecto, la Asamblea Nacional reconoce así que la penetración sexual por dinero constituye una coacción por naturaleza, así que la prostitución equivale a violencia, y es por tanto lógico que el autor de esta relación sexual impuesta -el "cliente"- sea penalizado.

Se suele dar por sentado que la prostitución es una actividad inofensiva entre adultos que lo consienten, cuando en realidad son la pobreza y la violencia las que empujan de forma masiva a mujeres a venderse o ser vendidas.

La propuesta de ley socialista que refuerza la lucha contra la prostitución posee también, entre otras cosas, un componente de penalización a los clientes, que a partir de ahora estarán sujetos al pago de una multa. El legislador ha escuchado la voz de las personas prostituidas que experimentan la tortura que representa la imposición de varias penetraciones sexuales indeseadas al día, una tortura física y mental desde ahora certificada por análisis traumatológicos. Tras largos estudios, el legislador ha reconocido que la entrada de personas -a menudo menores- en la prostitución procede de la falta de opciones y alternativas, cuando no es -como ocurre la gran mayoría de las veces- por coacción directa de un proxeneta o de una red de trata. Es ese su gran valor político. El sentido común da por sentado que la prostitución es una actividad inofensiva entre adultos que lo consienten, cuando en realidad son la pobreza, la minoría y la violencia las que empujan de forma masiva a mujeres a venderse o ser vendidas. Nuestros diputados han considerado que el derecho que debe prevalecer no es el de prostituirse, sino el de no verse nunca rebajado a la prostitución.

Los diputados estiman que la propia presencia del dinero en la relación es la prueba irrefutable de la ausencia de libre consentimiento de una de las partes y que "la prostitución es, en realidad, muy simple. Es sexo entre dos personas, entre una que lo quiere y otra que no. Y como no hay deseo, el pago lo reemplaza".

Como no hay muchas voluntarias para acudir a satisfacer los pequeños placeres de los clientes, estos últimos se sirven de proxenetas y traficantes de seres humanos que se dirigen hacia la mercancía deseada, alguien que no puede decir 'no'. Los diputados han podido constatar el fracaso documentado por todas las tentativas de regulaciones del comercio del sexo. En efecto, en todos los lugares donde se ha legalizado la prostitución y donde se pasa a tratar a los proxenetas como empresarios corrientes, el tráfico de mujeres ha explotado, así como la intensificación industrial de su explotación: en Alemania, en Australia, en España y en los Países Bajos. Y con razón: una vez que se normaliza la demanda, nadie se opone a la expansión del mercado... Por el contrario, los diputados consideran que no se debe regular el delito, al igual que no se regula ni el asesinato ni la esclavitud. Debemos procurar los medios para luchar contra ellos, aunque sepamos que se requiere tiempo para eliminarlos. Por desgracia, la penalización de la violación no siempre detiene a los violadores, pero facilita una reparación a las víctimas y permite a las instituciones sociales hacer justicia.

Esta ley estipula, nada más y nada menos, que las mujeres no son mercancías, ni para vender ni para alquilar. En otras palabras, se trata de la dignidad humana.

El legislador ha tenido en cuenta los desastrosos costes humanos y financieros de la prostitución y ha decidido contrarrestarlos por el único modelo viable, testado y funcional desde 1999: el llamado sueco o nórdico, que ha logrado reducir la explotación sexual allí donde se ha implantado y no es de ningún modo prohibicionista. El pueblo sueco consideró que las personas son prostitu-idas por prostitu-tores, y que ante todo deben ser descriminalizadas y apoyadas financieramente para salir de ahí, al contrario que sus compradores, que son la fuente y la condición del sistema prostitucional. El proxeneta sólo existe para responder a una demanda. Sin clientes que compren prostitutas, no hay mercado, ni proxenetismo, ni tráfico de seres humanos, pues estos últimos sólo existirán por y para ellos. Por tanto, no es normal que sólo se penalice a los proxenetas, pues ellos son los segundos en el orden de causalidad. Los clientes son la razón y la causa principal del sistema prostitutor y las violencias que de ahí se derivan. Son directamente responsables del proxenetismo y de la trata, cuyo único objetivo es alimentarlos. Incluso más allá de estas situaciones mayoritarias, ellos son los agentes principales de la violencia inherente a cualquier caso de prostitución: la necesidad de dinero constituye como mínimo una coacción determinante, hasta cuando la relación se considera voluntaria, y esto ocurre en contadas ocasiones.

Sea cual sea la hipótesis, la prostitución es un acto sexual impuesto bajo coacción: la del dinero. La prostitución está en el rango de la violación. Es una violencia sexual perpetrada, mayoritariamente, por hombres. Basta con leer los comentarios que los clientes dejan en foros de internet donde evalúan la mercancía para constatar el vocabulario que comparten con los violadores. La coacción es precisamente lo que busca el prostitutor: lo que compra es la posibilidad de prescindir del consentimiento del otro, para hacer lo que le dé la gana en una relación asimétrica en la que el otro está a merced de quien paga. Un dinero que la otra persona necesita para garantizar su supervivencia o la de su familia; o, peor, que será captado por un proxeneta o una red de trata. El putero no tiene cura; en cualquier caso, suponiendo que él no esté al corriente de la situación, ¿cómo podría verificar el discurso que le servirá para aplacar los escrúpulos que le queden? Todos los estudios sobre los clientes demuestran su relación con el comportamiento de los violadores, y con razón: la prostitución no es una forma de violación; es una violación tarifada. Sin dinero, no hay relación sexual, no es algo deseado. Cada año se trafica con millones de mujeres y de jóvenes para el placer de estos señores a los que es hora de penalizar, aunque sea con una simple multa como prevé la nueva ley.

El reto fundamental en una democracia igualitaria es el siguiente: ¿cómo pueden ser las mujeres ciudadanas iguales que los hombres, si estos últimos pueden pagar por ellas como por un filete en la carnicería? Por consiguiente, los diputados han hecho honor a Francia al decidir que esto no puede ocurrir en un país que procura ser ejemplar en el ámbito de los derechos humanos; que es indigno en una nación que exhibe en sus frontispicios el lema libertad, igualdad y fraternidad. Entre 2013 y 2016 se ha encontrado con el rechazo sistemático del Senado hasta en tres ocasiones (pronto serán cuatro). Pocas leyes han tenido tanta trayectoria parlamentaria y se han votado y vuelto a votar tantas veces durante la Quinta República. Pero ha merecido la pena: esta ley estipula, nada más y nada menos, que las mujeres no son mercancías, ni para vender ni para alquilar. En otras palabras, se trata de la dignidad humana.

Por tanto, nos alegramos del voto de esta nueva ley, que completará el dispositivo legislativo francés en materia de igualdad entre hombres y mujeres, y nos enorgullece haber formado parte, como militantes feministas abolicionistas, de esta "ruptura antropológica que funda otro mundo".

Este post fue publicado originalmente en la edición francesa del 'HuffPost' y ha sido traducido del francés por Marina Velasco Serrano

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