Madrid se gasta 50.000 euros en un concierto para el aniversario del Samur Social mientras sus trabajadores reclaman mejoras en el servicio

Samur Social cumple veinte años. El servicio, uno de los emblemas del Ayuntamiento de Madrid y que puso en marcha Ana Botella bajo la alcaldía de Ruiz Gallardón y que parte de 1988 con el Servicio de Información Telefónica y Atención de Emergencias (Sitade), que intervenía en situaciones de emergencia como incendios, accidentes de tráfico o explosiones.

Sin embargo, tras el 11M, y la necesidad de crear un servicio que de atención cuando se produce una emergencia, el servicio se modernizó hasta lo que se conoce actualmente en la ciudad de Madrid.

Ya en 2021, el servicio se reorganizó y centró sus labores en atender emergencias y urgencias sociales. Salvo casos puntuales como la campaña del frío, que este año ha ofrecido alojamiento a casi 2.000 personas, los equipos que trabajan día a día en la calle pasaron a atender a las personas sin hogar. 250 trabajadores que dejan un saldo de 1,2 millones de llamadas, 225.000 emergencias y 1.150 grandes emergencias.

Una joya de la corona que, pese al bombo que se ha dado a su vigésimo aniversario, arrastra una cadena de deficiencias que no tapan ni los más de 50.000 euros que el Ayuntamiento gastará en julio para celebrar varios conciertos en Las Vistillas. El Ayuntamiento de Madrid explica que se realizará el concierto "como una de las herramientas para dar a conocer un servicio esencial en la ciudad como es Samur Social".

El caso más palpable es el de Vallecas. Allí se encuentra la base Cemus con capacidad para veinte personas, diez mujeres y diez hombres. Según cuentan trabajadores de Samur Social, que prefieren no dar su nombre, señalan que en la actualidad viven allí una persona en silla de ruedas, dos personas con andadores, una persona con muletas y otra invidente. El Ayuntamiento estudia reformas para 2025, pero lleva años arrastrando problemas sin que nadie lo mire.

Cinco personas con algún tipo de discapacidad en un centro que no se encuentra adaptado y que, literalmente, se cae a cachos. Humedades, instalaciones rotas, falta de podas que dificultan a los coches del servicio poder acceder al recinto o, directamente, socavones en el camino de acceso son la constante en esta base de Samur Social. Además, el centro tiene barreras arquitectónicas como escaleras o escalones para acceder a los barracones que imposibilitan que, por ejemplo, el acceso de una silla de ruedas como se puede ver en las imágenes que los trabajadores han facilitado a este medio. "Con lo que se van a gastar en los conciertos da para reformar el centro y sobra dinero", afirman.

"A esto hay que añadirle que las personas con movilidad reducida no son autónomas y nosotros no tenemos contratación ni formación para realizar movilizaciones o para atender a personas en situación de dependencia. Es algo que parece que tampoco le importa al Ayuntamiento. No estamos dando la atención que estas personas necesitan", insisten.

Tampoco para los trabajadores. En esa sede hay ocho personas de guardia esperando avisos para desplazarse. La sala habilitada consiste en un espacio de seis metros cuadrados para ocho personas y hasta hace una semana no contaban con aire acondicionado. "No entramos y hacía tanto calor que hemos conseguido que nos pongan un pingüino. Se pasan la pelota entre el Ayuntamiento y la empresa y al final los que perdemos somos los trabajadores", explican.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid ha prorrogado el contrato a Atende, la empresa que gestiona el servicio y que está vinculada a ACS. Desde la llegada hace dos años de la empresa a Samur Social, las denuncias de los trabajadores por las condiciones en las que se encuentran han sido una constante.

"A 18 de junio todavía no nos han dado el uniforme de verano. Llevan meses diciendo que llegan la próxima semana y no los tenemos. Solo los compañeros a los que obligaron a ir al acto del 20 aniversario de Samur Social han tenido los uniformes porque se los dieron antes para aparecer en la foto", explican los trabajadores. "Esa es otra. Somos 250 personas y al acto solo acudieron invitados los trabajadores que estaban de guardia ese día. 200 invitados y solo 14 trabajadores", explican con decepción ante el bombo que ha dado el Ayuntamiento al servicio. De hecho, explica que en Navidad la empresa obligó a pasear a los trabajadores aparcando uno de sus vehículos en Callao a modo de promoción y que en San Isidro se movilizaron la mayoría de las ambulancias para que estuvieran aparcadas en la zona y solo se destinaron dos para actuar en el resto de la ciudad. "Fuimos a pasearnos porque allí no hacíamos nada. No estamos para eso", denuncian.

El Ayuntamiento de Madrid echa balones fuera y asegura que son los trabajadores los que tienen una relación laboral directa con la empresa adjudicataria del servicio y no con el Ayuntamiento de Madrid. "No obstante, exigimos a la empresa el cumplimiento del convenio vigente y las condiciones que en él están establecidas", explican recordando que el 23 de abril hubo un acuerdo para superar los incumplimientos de las condiciones laborales.

"La compañía atendió sus reclamaciones y, en consecuencia, los paros anunciados fueron desconvocados. Por tanto, el servicio continúa prestándose con normalidad y con la profesionalidad que caracteriza a este recurso municipal y a los trabajadores que lo integran", indican pese a las carencias que siguen denunciando los trabajadores.

Junto al sindicato Co.Bas han conseguido, por ejemplo, recuperar el servicio de lavandería, suprimido desde que la contrata asumió el servicio: "Hasta hace unas semanas no hemos podido recuperar el servicio de lavandería que la nueva empresa nos quitó para ahorrar costes. Trabajamos en la calle y accedemos a lugares peligrosos, a viviendas y con personas en situaciones delicadas. La empresa está obligada a limpiar los uniformes de trabajo y es un riesgo que yo me lleve la ropa que, por ejemplo, tiene chinches y la meta en mi lavadora con la ropa de mi familia".

Todo ello con una sobrecarga de trabajo fruto de la falta de personal que tampoco se compensa con los salarios. Los trabajadores no cuentan con un salario ajustado al IPC y han perdido complementos retributivos. Aparte, denuncian que la empresa incumple los pliegos del contrato con el Ayuntamiento como no tener el número de unidades móviles pactadas, puestos que no se cubren ante una baja o vacaciones, o retrasos a la hora de asistencias que superan los 40 minutos que tienen como máximo pautadas.