El Congreso aprueba por amplia mayoría el decreto de "nueva normalidad"
El texto ha contado con el apoyo de PP, Ciudadanos, PNV y varias fuerzas minoritarias
Todos, o casi, juntos hacia la “nueva normalidad”. El Congreso ha aprobado por una aplastante mayoría —265 votos a favor, 77 en contra y cinco abstenciones— el decreto que regulará la situación jurídica posterior al estado de alarma por el coronavirus.
El Gobierno de coalición ha contado, esta vez, con el apoyo del Partido Popular, que se ha decantado por respaldar el texto a condición de que se tramitase como proyecto de ley para plantear modificaciones. Junto al PP, han votado ‘sí’ Ciudadanos, PNV, Más País, Coalición Canaria, PRC y UPN. En el bando contrario, los ‘noes’ han llegado de Vox, ERC, Junts y EH Bildu, que han repartido críticas al texto y a la gestión de los pactos por parte del Ejecutivo.
Este texto, anunciado semanas atrás por el propio Pedro Sánchez en el parlamento, da corpus legal a un escenario nuevo. El virus no se ha ido, pero se recupera una relativa normalidad en el día a día. Con mascarillas, con distancias social y vigilantes ante los posibles rebrotes que en las últimas fechas ya están surgiendo en varios puntos del país.
Se tramitará como proyecto de ley para plantear cambios
La iniciativa, recogida en el Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se tramitará como proyecto de ley para que el resto de fuerzas puedan presentar enmiendas durante su camino legislativo.
La medida ha sido aplaudida por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, encargado de defender el decreto ante los diputados y que considera “positivo” que pueda mejorarse con aportaciones de los distintos grupos. “La sociedad merece que seamos capaces de un amplio acuerdo”, ha subrayado antes de insistir en lo “esencial” del documento.
Las condiciones del PP
En esta tramitación ha influido mucho la postura del PP, planteada por su portavoz de Sanidad y exministra Ana Pastor, que ha defendido dotar al Ministerio de los recursos necesarios para que pueda poner en marcha una verdadera “política nacional” porque la respuesta frente a epidemias no es un tema de “competencias” de la Administración General del Estado y las autonomías, sino una cuestión de “salud pública”.
Además, ha apuntado su esperanza de introducir en la tramitación de la norma algunas de sus propuestas, como la creación de una Oficina de Atención a Víctimas o un plan jurídico que permita confinar a la población sin necesidad de recurrir al estado de alarma.
Los ‘noes’ se han repartido entre fuerzas nacionalistas e independentistas y Vox. Por los primeros, ha sido común la crítica al Gobierno por haber pactado “con la derecha”, como las expresadas por EH Bildu o ERC, que ha recordado que “nuestro no sigue siendo un aviso a navegantes. El diálogo y la negociación se practican a diario”.
La ultraderecha ha ido un paso más allá y ha defendido su negativa a un texto que es un “alegato en defensa de la negligente acción del Gobierno”, como ha defendido el portavoz de Sanidad de Vox, Juan Luis Steegmann.
“Cualquiera sea su causa, las fisuras políticas que ahora resurgen resaltan la magnitud del desafío si el país quiere superar la crisis de salud y económico que muchos temen por venir”.
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